Este es el comienzo de la crónica de un país en quiebra. La terrible historia de unos personajes que la hundieron impunemente. Los protagonistas colectivos de esta penosa saga son en orden aleatorio de aparición: Corporaciones Públicas, Bonistas, Inversionistas, Gobernadores, Legisladores, Funcionarios Públicos, Aseguradoras y Casas Acreditadoras. Actores alegóricos, responsables todos del desastre fiscal del gobierno. Pero, no por alegóricos signifique que no tienen caras, nombres y apellidos conocidos. Los otros personajes que habitan esta narración son Chaco, (mi interlocutor silente), Juan del Pueblo, el Clan de los Siete Samuráis de la Junta, Socios y Allegados.
El examen de los hechos que informo, están contenidos en un archivo bibliográfico que cubre los años de 2012 al 2016 y, aunque haya diferencias de cálculo y valoración entre los autores que la analizan (incluyéndome), no afecta la verdad de la representación que aquí se hace del siniestro hundimiento fiscal, ni de los temas centrales que ilustran la
bancarrota fiscal y económica del país. El tono, el ensamblaje, las metáforas y las comillas son mías, las sospechas son compartidas.
Recojo de manera libre, pero fiel a los datos, las diversas opiniones públicas en torno a este tema que, a mi modo de ver, marcan el punto de inflexión y aceleración de la llamada crisis fiscal y económica que se irá intensificando en los medios de la prensa escrita a partir del 2014-2015 hasta convertirse en un asunto que al presente ocupa el espacio mediático de máxima importancia en el devenir económico y socio-político de la isla.
Mi recuento transita en los límites del género, entre lo referencial y lo textual, entre el ensayo y la narración, recogiendo el pulso diario de una amplia y diversa gama de economistas, historiadores, planificadores, políticos, escritores, empresarios, inversionistas, sociólogos y, sobre todo, periodistas de investigación que, en el día a día, van dando cuenta desde apreciaciones diferentes, coincidentes y antagónicas el sentir y el pensar en torno a un problema de magnitudes insospechadas en nuestra historia reciente.
Un mosaico poliédrico de opiniones que va tejiendo el imaginario colectivo de esta crisis convertida en una trama de intrigas, reclamos, pronósticos ominosos, fórmulas diversas de recuperación y, como es de esperar, inculpaciones de lado y lado del espectro político partidista.
La lectura de los hechos que aquí comparto es desde luego coyuntural, aunque no por ello menos política pues de alguna manera todos somos testigos (víctimas y cómplices) de este desmadre fiscal. Al momento que escribo el Comité de Transición ha terminado, enfrascado en dimes y diretes en torno a la gravedad de la crisis económica de las agencias y corporaciones públicas. Todos reclaman “Transparencia” -significante que de tanto manoseo ha dejado de significar.
Dicho esto, comencemos.
El orden de las cosas
Puerto Rico ha sufrido el embate de varias crisis económicas. La expansión del capitalismo industrial y la consecuente “descapitalización” de la economía puertorriqueña a principios del siglo XX. La progresiva subordinación de la incipiente clase propietaria puertorriqueña a la nueva economía colonial. La “zucarocracia” de los años ‘30 y ‘40 con la ausente presencia de los inversionistas norteamericanos. El desmantelamiento de una economía de hacendados criollos a una de plantaciones. La pérdida de una agricultura de sustento y el aumento de la dependencia alimentaria de insumos y productos importados. Las leyes de cabotaje. La industrialización con Operación Manos a la Obra en los años ‘50 y la expansión manufacturera. CORCO, la industria petroquímica y los frecuentes ciclos de contracción económica a lo largo de lo que va de este siglo. Un mal endémico del paradigma de la subordinación económica que por décadas la partidocracia del patio escondió debajo de la alfombra del desarrollo económico con préstamos que se pagaban con más préstamos. Y ahora que la “vitrina de la democracia” y el progreso económico ha colapsado, hemos descubierto (lo que muchos ya sabíamos) que las luces, los atrezos y los maniquís de figurillas políticas eran solo eso, buchiplumas na’ más. El sahoco estaba en la trastienda.
El gobierno de Luis A Ferré (1968-1972) continuó con la especulación inmobiliaria urbanizadora y de proyectos de construcción de infraestructura como la autopista de San Juan a Ponce que lleva su nombre. La eliminación de la Compañía Agrícola en 1953 continuó con el desmantelamiento de lo que quedaba del agro. Fue el gobierno de las urbanizaciones, de los arrabales, del cemento y la losa, de la mancha de plátano como epíteto peyorativo del jíbaro como “cosa mala”, del desparramiento urbano, del carro en la marquesina y el televisor en la sala.
En el 1973 (comenzando el primer mandato de RHC) padecimos una recesión combinada con inflación acuñada con el nombre de estanflación en la que se reduce la producción y la demanda. (Escenario similar, aunque ahora agravado por el que atraviesa la economía de la isla). En el ‘73 fue la crisis del precio del petróleo que la precipitó. La misma tuvo como consecuencia la congelación “across the board” de precios y salarios. La solución en aquel momento fue la extensión federal de los cupones de alimento y la aplicación de los beneficios contributivos de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal a compañías manufactureras norteamericanas -principalmente las industrias farmacéuticas- para que se establecieran en la isla bajo una generosa política tributaria de subsidios y exenciones contributivas.
Con el “Romerato” de los ocho tenebrosos años de Romero Barceló (1977-1984) la deuda acumulada aumentó de $5,587 millones a $8,693 millones. Luego con la segunda venida de dos interminables cuatrienios de Rafael Hernández Colón (1985-1992) la deuda creció un 35%. El flamante Pabellón de Sevilla ‘92 y las rimbombantes fiestas del V Centenario del Descubrimiento entre otros embrollos le valieron a Puerto Rico el premio de una suntuosa deuda multimillonaria. Los próximos dos cuatrienios (1993 al 2000) le tocó el turno a la mano dura de Pedro Rosselló -a quien la oposición lo apodó Alí Babá- por los escándalos de corrupción de sus cuarenta correligionarios de gabinete y por sus faraónicos proyectos escandalosamente costosos que empujaron al gobierno a un déficit fiscal de deuda acumulada de $27, 160 millones. Es hacia finales de la incumbencia de Sila María Calderón (2004) que comienza la caída -del que aún no hemos salido- de la imparable contracción de la economía puertorriqueña.
Con el malogrado cuatrienio del gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá (2004-2008) aumentó significativamente la deuda pública lo cual resultó en una degradación en la calificación de bonos. La crisis se empeoró con el vendaval que creó el cierre temporero del gobierno central que, entre otros factores coyunturales, se agudizó con la “genial” solución de la implantación del IVU y la invención en 2006 de COFINA, que sirvió (y sirve) de instrumento financiero que “legalizó” la llamada deuda extra-constitucional.
En el informe de presupuesto de transición del saliente gobierno en el 2008 truquearon los números. Para cuadrar el presupuesto se incluyó $500 millones de la venta de la cartera de cuentas por cobrar y se estimó en +2.1% el crecimiento económico a sabiendas de que la economía estaba en negativo -3.8%.
Entonces sufrimos el (in) fortunado gobierno de Luis Fortuño (2008-2012) y su Legislatura. La receta ponzoñosa de la “medicina amarga” de la Ley 7 resultó en el despido masivo de empleados públicos y el aumento sin precedentes de gastos millonarios en contratos espurios y endeudamiento de decenas de miles de millones de dólares del fisco, fueron los logros de esa administración que le asestó la herida mortal a las finanzas públicas. Apenas a un año de su incumbencia -en enero de 2009- logró transferirle a los bonos de Cofina el doble de los ingresos recaudados por el IVU para justificar la venta de más bonos del Banco Santander y de otros bancos. El esquema de saqueo establecía “legalmente” la emisión multimillonaria de bonos en especial con aseguradoras subsidiarias del Banco Santander.
De hecho bajo el gobierno de Fortuño la dirección del BGF se convirtió en un nido de exejecutivos del Santander. En el 2011 volvió al mercado con otro préstamo de $2,900 millones. En el presupuesto de transición del año 2012 falsearon el informe presupuestario. El mismo se cuadró con $230 millones de la partida del IVU que no existían (un aumento de un 20%) bajo el supuesto de que el IVU Loto recaudaría hasta un 80% más al año. Y se incluyó un estimado de $150 millones en ingresos adicionales que tampoco existía por concepto de auditorías a las corporaciones foráneas.
Durante los años 2009 y 2010 el gobierno de Fortuño recibió alrededor de $7, 000 millones de los llamados fondos ARRA (fondos que el saliente Comisionado Residente Pedro Pierluisi reclama como uno de sus logros), y las aportaciones del gobierno federal aumentaron en 18.3%. Para el año 2010 las transferencias de fondos federales superaron en $1,209 millones los ingresos del Fondo General. El déficit real del gobierno saliente rondaba los $2,000 millones y se emitieron cerca de $14,000 millones en préstamos bajo su incumbencia. Durante su mandato Fortuño cogió prestado $16,000 millones en bonos y se gastó $9,000 millones en contratos privados. Nos preguntamos, ¿adónde fue a parar todo ese dinero?, o mejor dicho ¿a cuáles bolsillos fueron a parar? ¿Será éste otro misterio del insólito caso de Miss Fondos Blanqueados?
Entonces entró en escena el desgobierno del “me vale” (toro que muge y no embiste) de García Padilla (2012-2016) con sus leyes de emergencia fiscal y la devaluación del crédito a nivel chatarra. Su gobierno pagó cientos de millones de dólares en consultores, asesores y cabilderos cuyo supuesto “logro” fue la creación de PROMESA Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización de la Economía (30 junio 2016) pero que en realidad, los verdaderos responsables de impulsar dicha ley fueron los Fondos de Inversión y sus intereses económicos en el Congreso.
Dicha ley autoriza la intervención unilateral del aparato fiscal del gobierno, es decir, un asalto “legal” a la democracia representativa y una expropiación “legal” de los poderes constitucionales de Puerto Rico. PROMESA parió la hidra “legal” de siete cabezas bautizada con el nombre de Junta de Control Fiscal (JCF) que crea una suerte de gobierno tutelar “legal” dentro del gobierno electo, subordinándolo a un mero ente administrativo. Y aquí es donde estamos ahora, Chaco.
La suma de estos factores históricos, evidencia el colapso del modelo económico de dependencia “extractibista” impuesto por el Congreso norteamericano desde sus comienzos. Un sistema económico disfuncional, diseñado para la extracción de capital y remisión de ganancias al exterior, para el mantengo federal, el desempleo y la emigración masiva. Un sistema económico diseñado para la inhabilitación de los recursos patrimoniales. Desde antes de Muñoz Marín, de gobierno en gobierno, la economía puertorriqueña nunca ha logrado sacar los pies del plato, por el contrario se ha ido precipitando jalda abajo en caída libre, arrastrando el peso muerto de una deuda mórbida, inconcebiblemente gorda. Tal parece que el único índice de crecimiento sustentable es la gorda deuda mórbida, que atrae como un imán más deuda al fisco. Todo lo demás se desvanece en la boca como una burbuja de champán.
En el país de las maravillas mientras más ahorra el gobierno más se gasta, mientras más empleados se despiden más aumenta la nómina, mientras más aumentan los impuestos menos se recauda, mientras más leyes anticorrupción mas escándalos de traqueteo, mientras menos contratos de asesoría hay más asesores y consultores, mientras más se defiende la educación pública más se les machaca a los maestros. Mientras más presupuesto inyectan al Sistema de Retiro de los Empleados Públicos más insolvente se vuelve, mientras más impuestos nos encajan, menos dinero hay en la caja china de Hacienda, mientras más fondos federales más reseco está el Fondo General, mientras mayor es la contracción económica más se llena el Choliseo y más aumenta el consumo.
¿Y los dineros adónde se fueron, adonde se van? Todo se desvanece en la boca como una burbuja de champán. $13 mil millones en ahorro estimado en los últimos diez años con el despido de miles de empleados públicos, un 24% de reducción en las plazas del gobierno; 12% en reducción de gastos en las corporaciones públicas; 35% de reducción de personal de confianza de las agencias; 30% aproximado de reducción del presupuesto del Fondo General y de otras entidades como la Universidad de Puerto Rico. El IVU de 11.5%; la Patente Nacional; el B2B; 90 impuestos nuevos; miles de millones en transferencias de programas federales y $47 millones invertidos en la reorganización de la AEE para que nos sigan subiendo la luz. Solo en este cuatrienio se han gastado alrededor de $400 millones en cabilderos. Súmale consultores y asesores legales y financieros. ¿Y el dinero adónde se fue?
40% de la población mayor de 65 años y 57% de niños viven bajo condiciones de extrema pobreza. De 575,000 adultos mayores que se estima viven en la isla, 537,000 se encuentran fuera de la fuerza laboral. 300 mil personas aproximadamente han emigrado al Norte en el último lustro y muchos más siguen optando por el “Jet Blue Solution”. El Banco Gubernamental de Fomento (la ATH de las agencias públicas) para revivir su cuerpo comatoso, tuvo que darse un electro shock, y se chupó con un vacun cleaner marca “claw back” cientos de millones de dólares provenientes de docenas de agencias, entre éstas las mejor capitalizadas como la ACAA y el Fondo del Seguro del Estado, sin hablar de los fondos de los Municipios Autónomos. Desvistieron a un santo para vestir otro y dejaron a los dos en cueros. Y el dinero de las millonarias emisiones de deuda, ¿adónde se fueron, a donde se van? Todo se desvanece en la boca como una burbuja de champán.
Somos el país por milla cuadrada que más “universidades” tiene (37) y menos “universitarios” produce. El país que más agencias de gobierno tiene (120) y que peor servicio ofrece. Un Departamento de Educación que tiene más presupuesto que varios países de Centroamérica y apenas puede atender a sus estudiantes de Educación Especial. Tenemos el tren urbano más caro por milla cuadrada del mundo y al único lugar que va es a la quiebra. Somos el país en que las iglesias proliferan como hongos en las marquesinas y solares baldíos y que más crímenes de violencia de género reporta. Contamos con más puntos de droga que escuelas, farmacias y gasolineras. Somos una isla de 3.4 millones de habitantes, más pequeña que la ciudad de Nueva York que tiene un alcalde con una población de 8.4 millones, pero nosotros mantenemos a 78 alcaldes, con 78 vicealcaldes, y 78 administraciones municipales con sus respectivos asesores, consultores y vela güiras. Somos la paradoja encarnada de una ficción típica del trópico llamada colonia.
Bienvenidos al país de los cuatro sótanos, cada uno más oscuro que el otro, más profundo e impenetrable. Un sótano en Washington D.C., con pasadizos al Pentágono. Otro en Wall Strett debajo de la telaraña de computadoras que registran y encubren las miles de transacciones millonarias de la bolsa de valores. Otro recién estrenado con paredes de espejos encontrados en el Trump Tower. Y otro sótano remodelado estilo “Marshall” en el Centro Gubernamental de Minillas. Dicen que existe un quinto sótano, más oscuro y profundo con paredes lisas y vacías, una larga mesa de mármol blanco y butacas negras conectadas a los otros sótanos. Un multipisos de sótanos intangibles para las pequeñas maniobras del Estado soterrado. Sótanos para el estado corporativo, sótanos para el estado policíaco, sótanos para el estado industrial del complejo militar, sótanos para las agencias de inteligencia, sótanos para el control y la vigilancia de los ciudadanos. Para los prestamistas y los pagadores, para los acreedores y prestadores de este laberinto bizarro de sótanos al que le siguen construyendo más sótanos para mantener la mórbida deuda gorda de los dueños del poder económico, del crédito y del embargo.
No se pierda mañana en la continuación de esta serie: The usual suspects.
El autor es catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Actualmente, trabaja en una investigación sobre la crisis fiscal y económica de Puerto Rico y en la creación de un performance sobre dicha crisis titulado preliminarmente: Chatarra.
Nota: El título de este trabajo no pretende establecer un diálogo con el ensayo “El país de cuatro pisos” de José Luis González, ni seguir su estructura, solo canibalizar la metáfora de los pisos, pero invertida a modo de oscura alegoría que ha tenido a distintos niveles la crisis fiscal y económica del país.
Bibliografía consultada y seleccionada en Archivo Bibliográfico: crisis fiscal y económica de Puerto Rico, julio 2012 a noviembre 2016, en Plataforma Umbral, Facultad de Estudios Generales, UPRRP. (http//umbral.uprrp.edu/país/cuatro-sotanos). Compilación del autor.
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Especial para Diálogo
Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.
