Ante un déficit operacional que ronda entre los $80 y $95.8 millones, la Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene que plantearse su razón de ser hoy más que nunca.
En ese ejercicio, la institución tendrá que considerar cuál es su responsabilidad para con la Isla y con el mundo, y cómo se sostendrá frente a las realidades demográficas, económicas —y cómo no, ideológicas—, asunto que ya ha comenzado a discutirse con la publicación la semana pasada del borrador del informe Construyendo un sistema universitario sostenible: Un programa de cambio para la Universidad de Puerto Rico, preparado por la AGB Consulting.
Y Rafael Aragunde admite, sabe, que desde su posición es muy fácil hablar de todo esto.
Sin embargo, se incluye en ese fallo colectivo como País de que “nos hemos acostumbrado a funcionar sin tener que tomar decisiones responsables, y me critico a mí mismo también porque no hice lo suficiente”.
Errores o no, lo cierto es que la UPR está contra el reloj en momentos donde Puerto Rico comienza a tocar fondo.
La Universidad en perspectiva
A juicio de Aragunde, todo debate sobre las instituciones universitarias que se dé hoy debe considerar los eventos que han marcado la historia reciente: a nivel internacional (particularmente en Estados Unidos), la crisis financiera del 2008 y sus efectos en los servicios y ofrecimientos académicos. A nivel local, la merma poblacional, que ha redundado en una baja en la matrícula de estudiantes, junto a la posibilidad —siempre latente— de una reducción en la asignación del gobierno central.
Esto último estuvo muy cerca de ocurrir en mayo de 2015, cuando la administración del gobernador Alejandro García Padilla propuso un recorte de $166 millones a la UPR como medida para cuadrar el presupuesto del año fiscal en curso, tras no haberse aprobado la Reforma Contributiva en la Legislatura.
“Y podría darse muy pronto. La UPR debe estar lista para eso, tiene que tomar conciencia de que tiene que moverse también”, subrayó el exrector de la UPR en Cayey.
Pero más que la posibilidad de un recorte presupuestario, para Aragunde es impostergable que Puerto Rico considere cómo va a insertarse y producir en el mundo.
“Entonces ahí está llamada la UPR y todas las universidades a proveer los recursos, la inteligencia. Las universidades deben responder a los intereses nacionales, y nosotros nos hemos olvidado de eso o no lo hemos atendido de la forma en que debimos haberlo atendido”, señaló en entrevista con Diálogo.
–Pero podría argumentarse que esa desatención sobre la razón de ser de la UPR tiene que ver con que no hay un proyecto de país definido. Sin un proyecto nacional es difícil poner a las universidades a trabajar para lograr unas metas como país, comentó este diario.
“Pero yo no me escudaría detrás de eso para justificar el que hallamos sido tan lentos en vincular el conocimiento con la producción. Se ha podido hacer mucho más y no lo hemos hecho. Tendemos a posponer la responsabilidad que deberíamos asumir, pensando siempre en que todavía no hemos tomado una decisión [sobre un proyecto de país]. Pero quizás nunca tomemos una decisión por una coyuntura histórica muy peculiar que es la [situación política] de Puerto Rico”, rebatió el exsecretario del Departamento de Educación.
“El País no cree que tiene una crisis en las manos. Tú hablas con la gente sobre lo que supondría el que los sistemas de retiro se fueran a la quiebra y la gente no ha tomado conciencia. ¿De qué va a vivir el porcentaje altísimo de personas que dependen de los sistemas de retiro? Seguimos pensando que nosotros no somos responsables de lo que está pasando, y lo somos”, acentuó el catedrático de la Universidad Interamericana.
Hacia un proyecto universitario
Aún en medio de una crisis económica y una crisis de país, el proyecto de la UPR como universidad estatal y primer centro docente del País debe continuar.
Y sin importar cuál sea la configuración de las unidades cuando finalice la reforma estructural y administrativa del Sistema UPR que ha propuesto preliminarmente la AGB Consulting, Aragunde insiste en la necesidad de que las universidades —públicas y privadas— garanticen que la mayor cantidad de personas puedan visitar sus aulas.
“Yo estoy a favor de un modelo de universidad en el que se atienda la mayor cantidad de estudiantes porque creo que hay una ecuación de que mientras más estudiantes universitarios y mientras más investigación se hace en las universidades, más posibilidades tiene la economía del País”, afirmó, para añadir que “también deben costar lo menos posible. Pero eso va a depender de que el País asuma la responsabilidad, y me estoy refiriendo en concreto a la carga contributiva de la ciudadanía”.
El problema, precisamente, es hablar de una carga contributiva en tiempos de austeridad neoliberal: en síntesis, de recortes en servicios públicos como transportación, educación, salud y la Universidad misma para pagar la deuda, y como consecuencia de los recortes, la privatización —y encarecimiento— de los servicios que queden. Claro, que la idiosincrasia neoliberal es mucho más complicado que eso, pero su cosmovisión de mercado hace tiempo ya que se ha adherido a las paredes de la Universidad.
“Lo que ha fallado y faltado es una buena conversación sobre cuán lejos estamos dispuestos a ir con respecto a todo este asunto de la ola de neoliberalismo que hemos visto aquí. Pero asimismo hay países que se resisten a esto y que buscan la forma de que no sea justamente el mercado el que tome las decisiones por nosotros”, subrayó Aragunde.
El académico agregó que si bien la universidad como institución va a estar afectada “por el ambiente empresarial que le rodea, esta no puede negociar el compromiso con el saber y con el desarrollo del conocimiento. Es importante tener representación de personas no vinculadas a la Universidad. [Pero] tú no puedes ir a una Junta de Síndicos pensando que esto es una empresa más. Si piensas que es una empresa más, en realidad no entiendes la Universidad”.
