La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en inglés) expresó que las acciones de la Policía durante el Paro Nacional del pasado lunes, 1 de mayo, implican violaciones tanto a la política de uso establecida en la Reforma Policiaca, como a los derechos civiles de los manifestantes.
Según el director ejecutivo del capítulo de Puerto Rico de la ACLU, William Ramírez Hernández, el propósito de la manifestación era “protestar y hacer sentir el rechazo del pueblo a una Junta de Control Fiscal (JCF) impuesta por el Congreso de Estados Unidos y a un gobierno que los estudiantes y los trabajadores entienden que atenta contra sus derechos adquiridos”. Sin embargo, Ramírez aseguró que durante la jornada “hubo muchas violaciones a la Reforma de la Policía por los diversos protocolos que establecen qué se puede o no se puede hacer, entre ellas el uso de placas, identificación con nombre y el uso de gases lacrimógenos”.
“Yo diría que un gran número de policías no estaban identificados, otros sí”, expresó Ramírez. Aclaró, además, que a pesar de que muchos policías en línea tuvieran una conducta generalmente “superiorísima a lo que había sido en el pasado en este tipo de evento, el no estar debidamente identificados representó un problema”.
En cuanto a las expresiones tanto de la superintendente de la policía, Michelle M. Hernández de Fraley, de negar la presencia de oficiales encubiertos durante el paro, el director ejecutivo de la organización indicó que “sí habían oficiales encubiertos”.
“Esta idea de que un policía en ropa civil es un encubierto, tiene validez si se identifica como policía. No es válido si no se identifica como policía”, mencionó en conferencia de prensa. Alrededor de 12 miembros de la ACLU (la mayoría abogados), asistieron al Paro Nacional como cuerpo de observadores, celebrado el lunes, 1 de mayo.
Además, en relación a las expresiones de Fraley de que no se utilizaron gases lacrimógenos durante la manifestación, el director ejecutivo de la ACLU mostró piezas que se recogieron luego que la policía las utilizara en contra de los manifestantes.
Cartuchos de gases lacrimógenos y balas de goma recolectados por la ACLU durante el Paro Nacional. (Carmen Figueroa/Diálogo)
Sobre las expresiones de la superintendente en diversos medios sobre la no utilización de estos instrumentos, Ramírez expresó que, basado en la evidencia que recolectó durante la jornada, “ciertamente no fue verdad lo que dijo allí”. Asimismo, cuestionó la actitud del gobierno de criminalizar a los manifestantes y resaltar los sucesos de vandalismo.
“El pueblo lo único que tiene es tirarse a las calles para expresarse. Es la única forma que tienen para hacer llegar su sentir de que el gobierno está siendo injusto, de que la Junta está siendo injusta, de que las familias de Puerto Rico se están separando. Eso es un dolor que tienen muchas familias en Puerto Rico, y ese dolor hay que expresarlo. Esa es la única manera que tienen y eso no lo podemos criminalizar porque protestar y exigir al gobierno es un derecho fundamental de todos los pueblos, no solamente en Estados Unidos”, declaró Ramírez.
Ante esto, varios representantes de la ACLU coincidieron en que hubo falta de comunicación entre quienes tomaban las decisiones y los agentes de la Policía durante el Paro Nacional. También indicaron que hubo uso excesivo de fuerza contra personas que no cometieron delitos y que hubo fallos al momento de detener actos de vandalismo.
Monitoreo civil independiente
Sobre la política de uso establecida en la Reforma de la Policía, el abogado Josué González Ortiz, mencionó que “son precisamente estos momentos que justifican la reforma de que se elaboren políticas y protocolos claros para atender estas situaciones protegiendo los derechos de los manifestantes”.
“El cuerpo de observadores es una manera de monitorear la conducta de la policía en eventos como este para así describir y documentar con certeza cómo se comportó la policía en un momento dado y poder informarle al país para entonces que sirva como un proceso de aprendizaje y además denunciar las violaciones”, explicó González. También destacó que el contexto en que se dio la participación como observadores fue en consideración a una campaña de la ACLU de Puerto Rico para promover el monitoreo civil independiente.
En cuanto al uso de los gases lacrimógenos, González indicó que el instrumento es utilizado como una medida de dispersión. “Tiene que haber una advertencia para que la gente sepa que se va a dispersar las multitudes. De esa manera uno está prevenido para uno protegerse”, indicó. González añadió que mientras se encontraba en proceso de diálogo con uno de los comandantes de las escuadras no escuchó ningún tipo de advertencia de que se iban a lanzar gases lacrimógenos.
Por su parte, la abogada Nora Vargas Acosta, relató que en una instancia tuvo que dialogar en dos ocasiones con un policía para que llamara asistencia médica para una ciudadana que se vio afectada por los gases lacrimógenos. Asimismo, explicó que dentro de la estación Roosevelt del tren urbano se restringió la libertad a varias personas que también resultaron afectadas por los gases lanzados en el área.
Finalmente, el director ejecutivo de la ACLU, William Ramírez, mencionó que los próximos pasos a tomar será presentar los señalamientos de lo ocurrido al Departamento de Justicia Federal. También indicó que se discutirá el asunto de la reforma policiaca en una vista ante el juez Gustavo Gelpí el próximo lunes, 22 de mayo.
