La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ordenó a los rectores interinos de las once unidades del sistema a “analizar los ofrecimientos académicos actuales para hacerlos más eficientes”, un proceso de revisión curricular que, según docentes de la institución, tiene visos de irregularidad por no seguir el proceso ordinario.
Ayer trascendió que la rectora interina del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Wilma Santiago Gabrielini, ordenó a decanas y decanos a preparar un Plan para la Revisión Curricular de los Programas Académicos del RUM –que deberá entregarse justo en un mes, el 11 de diciembre– y que, en síntesis, busca reducir “sustancialmente” los créditos requisitos de todos los bachilleratos, lo que incidirá sobre el tiempo necesario para completarlos. También ausculta “presentar alternativas curriculares para ofrecer programas de estudio de dos años (grados asociados)”.
El propósito, expuso Santiago Gabrielini, es “atemperar nuestros ofrecimientos a la tendencia en la empleabilidad y las necesidades actuales del mercado laboral”, al tiempo que se toma una “medida cautelar para solventar los recortes presupuestarios actuales y los que tendremos en los próximos años”. La carta tiene fecha del 20 de octubre, a un mes del paso del huracán María y diez días antes del reinicio de clases en el RUM.
Para el presidente de la Junta de la Gobierno de la UPR, Walter Alomar Jiménez, “la comunicación emitida por la rectora interina no fue comprendida en su justo contexto. La encomienda dada a todos los rectores es de analizar los ofrecimientos académicos actuales para hacerlos más eficientes. Tenemos currículos que no se revisan por más de una década y tenemos espacio para crear nuevas ofertas”.
“Una universidad de prestigio que quiera ser responsable académicamente, tiene que autoevaluarse constantemente con el propósito de multiplicar lo que funciona, eliminar o enmendar lo que no funciona y crear nuevos programas que sean cónsonos con las tendencias de la industria y la realidad del país. Efectuar esta introspección nos permitirá crear la universidad que aspiramos de cara hacia el futuro”, agregó el licenciado en declaraciones escritas para Diálogo.
Pero a juicio del profesor Héctor Huyke, director del Departamento de Humanidades de la Facultad de Artes y Ciencias del RUM, el proceder es “extraño y problemático” por dos razones: por un lado, no hay una certificación de la Junta de Gobierno autorizando o convocado a una revisión curricular –sino una comunicación del presidente–, y por el otro, esa facultad recae, tanto de ordinario como por ley, en los senados académicos.
“La Junta de Gobierno de la UPR debe certificar si esto es una política nueva. Los profesores lo que queremos es que nos presenten los argumentos y nos expliquen por qué esto es necesario”, planteó Huyke.
El colectivo de profesores PROTESTAmos (Profesorxs Transformándonos en Solidaridad Tornada en Acción), del RUM, indicó en un comunicado de prensa que la reducción de créditos requisitos y “la creación de grados asociados bajo el supuesto de que esta oferta mejorará la competitividad laboral de los egresados del sistema” no está sustentada por evidencia.
La revisión curricular, agregó el grupo, no toma en cuenta “los planes estratégicos de los recintos y los estándares de acreditación de los programas que estos ofrecen”.
“Más allá de sus méritos o defectos, [la revisión] no debe ordenarse desde arriba, sino que debe ser parte de un proceso participativo en los recintos”, dijo Lissette Rolón Collazo, catedrática de literatura comparada del RUM.
Para Huyke, la reducción de créditos de los bachilleratos y la promoción de grados asociados representan “el mayor cambio en la visión y misión de la UPR desde la década de 1960”.
Aparte de la revisión curricular que, al parecer, inicia en el RUM, la UPR enfrenta el reto de someter un plan fiscal revisado a la Junta de Control Fiscal (JCF). El documento debió entregarse el pasado 22 de septiembre, pero el paso del huracán María el 20 de ese mes lo impidió.
Esa versión enmendada debía incorporar los cambios que el Subcomité de Educación Superior de la JCF pidió a la universidad, que redundaban en una reducción en ingresos de $350 millones en diez años. Adicional, el centro docente recibió $188 millones menos este año fiscal que el anterior en aportaciones del gobierno. La reducción en el subsidio gubernamental deberá alcanzar los $450 millones para el año fiscal 2020-2021, a pedidos de la JCF.
Ahora, con el mandato del ente federal para revisar todos los planes fiscales ante el cambio en el panorama demográfico y fiscal que dejó el asolamiento de María, la UPR tiene hasta el 9 de febrero de 2018 para entregarlo. La JCF lo certificaría el 23 de febrero.
