“El enfrentamiento de la próxima década no es entre desarrollistas y ambiente, sino entre agricultura y ambiente”, pronosticó el biólogo Miguel Canals en una entrevista reciente con Diálogo. El debate, que pudiera parecer irracional, ha comenzado a tomar fuerza en las últimas semanas. Por un lado, la seguridad alimentaria, del otro extremo, la conservación natural del ambiente. Dos políticas públicas, una que busca maximizar el uso de los terrenos a través de la agricultura, otra que busca conservarlos en su estado natural, han suscitado una serie de enfrentamientos que no parecen tener un fin cercano.
“Mucho se ha hablado de que la seguridad alimentaria de Puerto Rico depende de importaciones, entonces en esa dirección nosotros queremos aumentar la producción local para que sea mayor la participación de productos locales en términos del consumo local”, expresó a Diálogo la secretaria del Departamento de Agricultura de Puerto Rico (DA), la doctora Myrna Comas Pagán.
Dicha agencia se ha propuesto aumentar la cosecha y cultivo de arroz, plátano, yuca, yautía, ñame, batata mameya, habichuela, calabaza, lechuga, tomate, pimiento, repollo, mango, melón, papaya y aguacate, para lograr generar un 40 por ciento de la producción agrícola local. Para ello necesitan adquirir 100 mil cuerdas de terreno adicionales.
El DA posee 211 mil cuerdas de terreno, de las cuales 91 mil están clasificadas como reserva agrícola, alrededor de 53 mil están clasificadas como fincas familiares y cerca de 67 mil pertenecen a la Autoridad de Tierras. “De estas 211 mil, te podría decir que cerca de 70 mil cuerdas ya están arrendadas. De las 120 mil que nos quedan, hay como 4 mil que están en mogotes y hay como 4 mil que están en humedales y el resto es lo que estamos tramitando ahora mismo para arrendamiento”, explicó Comas Pagán.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), por su parte, posee 37 reservas naturales que se imponen ante las 13 reservas agrícolas del DA. Según informó Comas Pagán, asesores legales tanto del DRNA como del DA se encuentran evaluando si las cuerdas de terreno agrícola que se han convertido en mogotes y humedales deben permanecer como reservas naturales, convertirse en reservas agrícolas o si es posible conservarlas y al mismo tiempo sembrarlas.
“Hay terreno que yo entiendo que, con el manejo adecuado, pueden ser parte para conservación y parte para agricultura y eso es parte de un diálogo que ahora mismo estamos teniendo con la compañera Carmen Guerrero (Secretaria del DRNA)”, indicó la titular del DA.
Desbordado de agua Caño Tiburones
Un caso que ejemplifica este debate es el manejo del Caño Tiburones. En enero pasado, el DA notificó a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes, presidida por el legislador César Hernández, que el agua de la Reserva Natural Caño Tiburones, ubicada entre Arecibo y Barceloneta, estaba sobrepasando sus bordes e inundando varias fincas agrícolas aledañas a la zona. La Ley 314 de 24 de diciembre de 1998 designó al Caño Tiburones como reserva natural, estableció la política pública sobre los humedales en Puerto Rico y ordenó al DRNA a administrar y preparar planes de manejo para cada una de estas reservas.
La Reserva Natural Caño Tiburones está comprendida por un área de alrededor de 3,500 cuerdas de terreno que, con el pasar del tiempo, podrían inundarse en su totalidad si no se toman a tiempo medidas para corregir el problema de las inundaciones.
“Esto tiene un sistema de bombas que tras el acuerdo (firmado en 1998) Recursos Naturales debía manejar. Ese sistema yo no sé que pasó, pero no se manejó y se han inundado todos esos terrenos con alto potencial de desarrollo agrícola. En un país que tiene una alta dependencia de productos importados, ¿realmente es esto prioridad?”, expresó Comas Pagán.
La secretaria del DRNA, la doctora Carmen Guerrero, no estuvo disponible para ofrecer comentarios sobre la situación que afecta a los agricultores que bordean la zona de la reserva de 3,425 cuerdas de terreno y que pone en peligro el desarrollo de ganado, empresas de forraje y cultivo de arroz para consumo local.
“El DRNA debe atender esta situación con premura, la inundación afecta no solamente en el área agrícola de la zona de Barceloneta, sino que también ha habido una comunicación escrita de parte de la Autoridad de Puertos en la que nos explica que ocurrieron también inundaciones de esas aguas al área del aeropuerto de Arecibo”, puntualizó César Hernández.
El secretario Auxiliar de Planificación del DRNA, Vicente Quevedo Bonilla, quien estuvo en sustitución de la Secretaria en la visita a la reserva, reconoció que desde el año 2001 no se realiza un estudio hidráulico en el área de Caño Tiburones, datos estrictamente necesarios para poder determinar cuánta agua debe salir de la región del humedal hacia el mar a través de las bombas y cuál es el nivel de agua recomendado en la reserva para evitar su desborde.
“Hasta que ellos no nos den la información, las bitácoras, la cantidad de agua y los estudios hidrológicos pues nosotros efectivamente no podemos hacer un planteamiento de fijar algún tipo de responsabilidad, eso es parte de lo que nos deberían estar entregando en el día de hoy”, informó el legislador.
Quevedo reconoció, además, la necesidad de que el DRNA realice un nuevo estudio hidráulico con datos más recientes, aunque habría que identificar los fondos para realizar el proyecto que puede ascender, según él, a decenas de miles de dólares.
Por su parte, el director de la Región de Arecibo del DRNA, Javier Pagán, explicó a Diálogo que cada bomba puede liberar al mar hasta 80 mil galones de agua por minuto y que desde el mes de enero se ha maximizado el uso de las bombas, aunque reconoció que una de ellas solo está funcionando en un 30 por ciento de su capacidad por fallas mecánicas que deben ser corregidas en las próximas semanas.
La disputa se extiende al sur
Justo en el Valle de Lajas, sobre el lecho de la desaparecida Laguna de Guánica, 500 cuerdas de terreno poseen el primer cultivo de arroz en el País, tras 40 cuarenta años de haber desaparecido dicha producción en la Isla.
Aunque inicialmente el DA planificó extender el cultivo a mil cuerdas adicionales, este plan fue detenido por el Comité Pro Restauración de la Laguna de Guánica, tras denuncias ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) por alegado daño y destrucción al mosaico de humedales que se extiende sobre gran parte de la zona.
“Algunos de los proponentes de inundar los terrenos me dijeron directamente que ahí no se daban ni las piedras. La contestación fue: déjenos eso a los agrónomos”, expresó Comas Pagán. Durante el mes de noviembre de 2013, se recogió la primera cosecha de arroz producida en las fincas en Guánica. El grano fue clasificado por los inspectores de arroz del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como “U.S. No. 1 Long Grain Brown Rice for Processing”.
Aunque la titular del DA aseguró que de extenderse el proyecto de siembra de arroz mil cuerdas de terreno sobre el lecho de la Laguna tomarían las medidas necesarias para proteger el mosaico de humedales, la EPA determinó que se había causado daño al humedal, por lo que la restauración e inundación de la Laguna o la expansión del proyecto de siembra de arroz continúan detenidos hasta tanto culminen los procesos legales que determinen de qué manera se van a utilizar los terrenos o se armonizarán ambas cosas, restauración y siembra.
Terrenos tradicionalmente cafetaleros en la montaña fueron reclasificados como áreas de conservación en la que no se podrían cultivar en el nuevo borrador del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico.
Piden armonizar Bosque Modelo y Agricultura
Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 1635 y su equivalente en el Senado, el P del S 0893 de enero de 2013 proponen la creación del Corredor Ecológico Nacional del Bosque Modelo, que declararía 390 mil cuerdas de terreno como área para planificación y desarrollo sostenible, así como la unión de 19 reservas forestales y de interés ecológico, convirtiéndose en la línea de bosque más extensa de la Isla, abarcando 20 municipios, desde Cabo Rojo hasta Vega Baja.
Tanto el DA como el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico sometieron en febrero pasado propuestas de enmiendas a los proyectos de ley, a fin de que se reconozca la diversidad de métodos de siembra y cosecha y que no se limite la utilización de los terrenos a la “agricultura sostenible”.
El doctor Arturo Massol, director de Casa Pueblo en Adjuntas, entidad que maneja tres bosques muy importantes en ese municipio y tiene un proyecto de siembra de café, explicó a Diálogo que el término de “agricultura sostenible” busca desarrollar métodos de siembra y cosecha que conserven y protejan la diversidad de ambiente, los flujos de las cuencas hidrográficas y que fomenten una práctica agrícola no destructiva del entorno. Por ejemplo, explicó, que en algunos valles en la zona costera de la Isla, es viable la agricultura mecanizada, no tanto así en el área de la montaña, en especial respecto a la siembra de café.
“Con buena planificación y buenas prácticas de desarrollo se puede lograr la protección de la diversidad, de las áreas críticas de producción de agua, mientras se desarrolla el terreno para la actividad agrícola”, puntualizó Massol.
Al momento de este reportaje, el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT) se encontraba bajo revisión. Este documento, que ha estado desarrollando la Junta de Planificación (JP) durante la última década, dictará finalmente cuáles espacios estarán dirigidos exclusivamente a agricultura y cuáles serán destinados a la conservación. Existen dudas, sin embargo, en torno a cómo se están trazando las fronteras entre conservación y agricultura en el PUT. Diálogo supo que caficultores de la zona central montañosa levantaron bandera roja ante la JP porque dicho plan clasificaba suelos que por años se han dedicado al cultivo del café como tierras a conservarse a perpetuidad. Diálogo solicitó a la JP el borrador del PUT bajo disputa, pero su acceso nos fue denegado.
