Un grupo de organizaciones puertorriqueñas visitó Detroit, Michigan, con el fin de conocer cómo la población ha lidiado con su quiebra financiera y la implementación de un administrador de emergencia. El viaje se dio debido a la similitud en situaciones de esa ciudad con lo que representa la Junta de Control Fiscal (JCF) para Puerto Rico, y la difusión de lo aprendido en esta oportunidad podría ayudar a prever posibles panoramas de lo que se avecina y cómo enfrentarlos.
La visita a Detroit, hecha en septiembre, se enmarcó en el Puerto Rico Debt Crisis Convening: Detroit Learning Exchange, en el que participaron: Amnistía Internacional-Sección de Puerto Rico, Beta-Local, Boys and Girls Club de Puerto Rico, el Centro para una Nueva Economía (CNE), el Comité Diálogo Ambiental, Inc., Espacios Abiertos y el diario digital Sin Comillas.
Los participantes, quienes compartieron ayer sus hallazgos con la prensa, coincidieron en que la comunidad puertorriqueña debe entender la crisis fiscal desde dos enfoques discursivos: el lado económico y el el costo humano de cumplir con esas exigencias monetarias.
“La visita a Detroit fue importantísima para nosotros podernos adelantar a algunas de estas situaciones que se pueden estar dando en el futuro y que empezarán muy pronto, pero tendrán repercusiones a muy largo plazo”, expresó Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico.
Según Gallardo, los derechos humanos se verán afectados a medida que pase el tiempo, además que las personas “sufrirán más, se empobrecerán más y será más difícil su acceso a la justicia”.
Entre los grupos más afectados serán miembros de la comunidad LGBT, especialmente las personas transgénero, que ya de por sí se topan con varias dificultades. Incluso, con el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el poder, que se ha postulado en contra de esta población, la situación podría empeorar, añadió Gallardo.
Otras áreas que se verían afectadas más allá del sector económico son las artes y sus practicantes, las medidas ambientales como la implementación de energía renovable, y la educación y calidad de vida de los niños.
De la misma manera, el grupo que visitó Detroit insistió en que la comunidad puertorriqueña debe cuestionar las decisiones que tome la JCF basándose en quién decide, quién se beneficia, quién se perjudica y quién paga en todas las decisiones que se tomen.
Según Deepak Lamba, director de investigaciones del CNE, individuos que representaban los intereses de grandes corporaciones buscaban beneficiarse de la crisis en Detroit. Ante esto, señaló la posibilidad de que en Puerto Rico se presenten aquellos con negocios en la ciudad estadounidense en medio de la crisis.
Este es el caso del consultor financiero Steven Spencer, quien abogó por la venta de las obras de arte del Detroit Art Institute como manera de financiar la deuda de esa ciudad y que ahora en Puerto Rico funge como asesor del grupo de bonistas a cargo de la revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Tenemos que empezar a identificar cuáles son los grupos de interés que se están beneficiando de la crisis, cuáles son las fuerzas que están impulsando ciertos tipos de cambios o intentando impulsar ciertos tipos de agenda a cuesta del país o de aprovechar esta coyuntura muy particular”, expresó Lamba.
En el caso de Detroit, según detalló, el estado actual de la ciudad se distancia bastante de la ciudad de hace cinco años. Ahora las estructuras tienen otra estética, además de existir la intención de convertir el “Downtown” en un lugar dedicado a los negocios y las tiendas lujosas.
¿Por qué Detroit?
Detroit y Puerto Rico, según relataron los participantes, cuentan con varias similitudes.
En 2013, el gobernador de Michigan declaró en estado de emergencia a la ciudad Detroit e impuso el Local Financial Stability and Choice Act, el equivalente al Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA) en la isla.
De la misma manera, el administrador en Detroit, también llamado “Emergency Manager” o EM, es el equivalente de la JCF en Puerto Rico. Ese administrador en Detroit impulsó una agenda de austeridad en la ciudad, redujo el tamaño del gobierno, privatizó corporaciones públicas, canceló contratos de empleos y declaró la bancarrota.
Igualmente, el grupo destacó las siguientes similitudes entre ambos lugares:
-Declive poblacional.
-El discrimen tiene dimensiones estructurales (las políticas públicas, por ejemplo, perpetúan la disparidad racial)
-Existe un largo historial de corrupción y opacidad en el gobierno.
-En repetidas ocasiones se ha practicado la austeridad fiscal.
-Se han registrado períodos prolongados de recesión económica (en Detroit por la industria automotriz y en Puerto Rico por la manufactura).
-Se han practicado varias rondas de privatización de servicios y bienes públicos.
-Existe un afán de riqueza individual.
-Se ha reducido la cantidad de empleados públicos.
-Narrativa en los medios de comunicación prioriza el discurso de la bancarrota y el “balance de la chequera”, además de culpar a los ciudadanos en vez de la culpabilidad fiscal.
En términos de contrastes, sobresale la cantidad de ambas deudas pues la de Detroit es de $18 millones, mientras que la de Puerto Rico es de $69 millones (además de los $43 millones en déficit del sistema de pensiones).
De la misma manera, la población de la isla es mayor a la de Detroit (3.5 millones vs 700 mil habitantes).
Otros deponentes en la actividad fueron Sofía Gallisá Muriente, co directora de Beta Local; Eduardo Carrera, presidente de Boys and Girls Clubs de P.R.; Ruth Santiago, abogada y miembro del Comité Diálogo Ambiental, Inc.; y Luisa García Pelatti, periodista y fundadora del diario digital Sin Comillas.
Presione aquí para las lecciones y recomendaciones que surgieron a partir del viaje a Detroit.
La JCF se reunió por primera vez en Puerto Rico el pasado viernes, 18 de noviembre, en el Hotel El Conquistador, en Fajardo, con el eco de las protestas ciudadanas desde las afueras del parador. Anteriormente, se encontraron dos veces en Nueva York. Ya han tomado diversas entidades del gobierno bajo su manejo, entre ellas la Autoridad Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Universidad de Puerto Rico.