Aparte de la consolidación de los casos de reestructuración de deuda del gobierno central y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), el próximo paso para la administración de Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Control Fiscal (JCF) será, por el momento, el mismo que han procurado anteriormente: la continuación de las negociaciones con los acreedores.
Solo que ahora –quizás a modo de una solapada advertencia– la jueza federal Laura Taylor Swain hizo hincapié en que en las reuniones se desglose información financiera fidedigna, atendiendo así uno de los reclamos levantado por los acreedores contra el gobierno.
Con ese mandato, Swain culminó ayer la primera vista de Título III que enfrenta la Isla en la Corte de Distrito federal en Hato Rey, un procedimiento de quiebra sui generis legislado específicamente para los territorios estadounidenses en la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Financiera, o Promesa por su acrónimo en inglés.
La jueza ordenó a las partes someter un status report sobre los esfuerzos de negociación y publicación de información financiera para mediados de junio; es decir, a pocos días de que inicie el próximo año fiscal, cuando entrará en vigor el plan fiscal del gobierno que destina sobre $800 millones al servicio de la deuda, lo que ha llevado a que los acreedores objeten el documento por considerar que esa cantidad es insuficiente. Con sus declaraciones, Swain pareció favorecer la mediación como “herramienta para adelantar estos asuntos”.
El primer turno al podio lo tuvo la JCF –representante legal del Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III– quien a través de su abogado Martin Bienenstock detalló que la Autoridad de Carreteras y Transportación será la próxima corporación pública en acogerse al Título III, aunque no precisó en qué fecha ni por qué.
Bienenstock agregó que tanto el ente federal como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) esperan que el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y la Universidad de Puerto Rico (UPR) puedan reestructurar sus deudas a través del Título VI, que provee para la negociación extrajudicial de los términos y condiciones de repago con los acreedores.
En la práctica, el Título VI antecede al Título III.
Por otro lado, la JCF y acreedores acordaron que Aafaf tendría que notificar con 30 días de anticipación cualquier movida, retiro o desembolso de dinero de algún fondo ya establecido.
Si bien la audiencia era mayormente para afinar detalles procesales, no faltó la disputa entre los acreedores de bonos de obligación general (GOs) y los acreedores de bonos de Cofina.
En síntesis, los bonistas de GOs sostienen que parte de los recaudos del impuesto sobre ventas y uso (IVU) –que al momento sirve como colateral de pago a los bonistas de Cofina– es un ingreso que en última instancia pertenece al gobierno.
Los acreedores de la corporación pública argumentan justo lo contrario: que ese ingreso les pertenece. La JCF no ha asumido postura en esta disputa, recalcó Bienenstock.
¿Un tono esperanzador?
Antes de dar curso a la agenda del día –y en las que fueron sus primeras expresiones para la prensa y las partes litigantes– Swain subrayó como “un gran honor” el poder estar presidiendo un caso “sin precedente histórico”.
Si bien aseguró que de todo este proceso tendría que hacerse un balance entre los intereses de los acreedores y el bienestar de los puertorriqueños, señaló que el “fracaso no es una opción”, y que en el proceso “habrá dolor y decepciones”, porque no hay dinero para pagarle a todos los acreedores.
Dijo que la meta con el Título III es encontrar un camino adelante –“way forward”– que será “lejos de perfecto”, pero que tendrá como norte lograr un mejor futuro para la Isla, donde la gente pueda quedarse y en el que se dé un crecimiento económico que sirva tanto al pueblo puertorriqueño como a los inversionistas.
Para el representante del gobierno de Puerto Rico ante la JCF, Elías Sánchez, “cuando [Swain] habló de sufrimiento, de dolor, lo habló también del lado del pueblo de Puerto Rico, que actualmente está haciendo concesiones, que actualmente se están modificando ciertas disposiciones legales. [Ustedes] han visto las manifestaciones en la calle”.
Sánchez celebró el tono comedido y prudente de la jueza federal, aunque no descansó en eso para inferir el curso de acción que tomará la togada en un futuro. A juicio de la mano derecha de Rosselló Nevares, la jueza federal “colocó las cosas en contexto. Todo el mundo va presentar su derecho [a cobrar], pero todo se tiene que ver en el contexto de este caso [de Título III], que tiene inherencia en salud, en educación, en seguridad”.
A preguntas de la prensa sobre por qué la UPR entraría próximamente a renegociar con sus acreedores bajo el Título VI si al momento cuenta con la capacidad de repago de su deuda, Sánchez justificó que “a base de lo que es la operación de la UPR, no queda exenta de tener esa negociación con sus acreedores, y que puedan llegar a algún acuerdo que le dé más financiamiento y más espacio para respirar”.
El funcionario negó que la decisión tenga que ver con el recorte de $149 millones que se concretizará en las finanzas del primer centro docente del País en julio próximo, cuando se apruebe el presupuesto gubernamental.
Bajo el Título III de Promesa, Puerto Rico enfrenta la reestructuración de deuda más grande en el mercado de bonos municipales de Estados Unidos. Aparte de los $74 mil millones de la deuda pública, la Isla también tiene una deuda de $49 mil millones con los sistemas de pensiones, para un total de $123 mil millones.
En septiembre vencerá el stay de 120 días que el Título III impuso sobre los acreedores para las acciones de cobro y para las acciones de desestimación de la quiebra.
