La jueza Lauracelis Roques Arroyo determinó ayer que la Universidad de Puerto Rico (UPR) deberá pagar una multa de $5,000 en próximas 24 horas —que se vencen hoy— y $1,000 diarios al incurrir en desacato civil tras no haber restablecido el acceso al Recinto de Río Piedras el pasado jueves, 11 de mayo.
Específicamente, la UPR no cumplió con el dictamen del Tribunal Apelativo que ordenó a la administración universitaria restablecer el acceso a la institución riopedrense a más tardar el jueves, 11 de mayo, a las 6:00 a.m. Sin embargo, la institución no pudo cumplir con dicha orden. El día previo al vencimiento del plazo decretado por el Tribunal Apelativo, la Asamblea de Estudiantes del Recinto de Río Piedras determinó ratificar el voto de huelga.
Durante la vista, el abogado de la UPR, Enrique Figueroa Llinás, intentó, mediante dos testigos, demostrarle a la jueza que la administración universitaria realizó gestiones razonables para cumplir con la orden del Tribunal Apelativo. Las testigos de los demandados fueron la directora ejecutiva interina de Adminsitración Central de la UPR, Yvonne L. Huertas Carbonell, y a la decana de la Facultad de Administración de Empresas de la UPRRP, Grisel Meléndez. En su testimonio, Huertas Carbonell planteó que la rectora interina del Recinto de Río Piedras, Carmen Haydée Rivera Vega, sostiene una mediación con los estudiantes que mantienen paralizada la institución.
Por su parte, el testimonio de Meléndez detalló el plan que formuló la administración para restablecer el acceso al recinto precisamente el pasado, jueves 11 de mayo. Sin embargo, a preguntas de Figueroa Llinás, Meléndez indicó que no se les permitió el acceso.
De su lado, el abogado de la parte demandante, Pedro Vázquez, sugirió a Roques Arroyo que se le encontrara a la UPR incursa en desacato y que se le impusiera una multa de $5,000 por su incumplimiento. Empero, Figueroa Llinás le expresó a la jueza que “no sería justo penalizar” a la UPR por haber realizado gestiones de buena fe para lograr la apertura del recinto.
La jueza puntualizó de la parte demandada tiene varios remedios disponibles entre ellos apelar la orden del Tribunal Apelativo.
“Los esfuerzos que ha indicado la universidad no son esfuerzos diligentes y razonables”, expresó la jueza. Asimismo, Roques Arroyo añadió que la orden del Tribunal Apelativo no contempla que la mediación sea considerada como un esfuerzo diligente y razonable. La jueza, entonces, procedió a declarar a la UPR en desacato civil y le impuso una multa de $5,000 a ser pagada en las próximas 24 horas y $1,000 diarios hasta que continúe en incumplimiento de la orden.
Al finalizar la vista, el abogado de los estudiantes demandantes, Pedro Vázquez, indicó a la prensa que “la fuerza no es la solución” para reabrir la universidad.
“El día que nosotros entendamos que la única opción en la universidad es la violencia ese día nosotros vamos a desistir el caso”, señaló Vázquez.
Empero, el abogado enumeró varias opciones que tiene la UPR para lograr el cumplimiento de dicha orden, entre ellas tomar acciones administrativas contra las personas que mantienen el recinto paralizado en caso de que sean empleados, profesores o estudiantes.
Asimismo, cuestionó el proceso de mediación que existe entre la administración del recinto y el movimiento estudiantil. “La universidad insiste en dialogar con todo el mundo menos con los demandantes”, expresó el letrado.
Al salir de la sala, la rectora Rivera Vega insistió en que “siempre he sido clara en el mensaje a los estudiantes: hay que abrir los portones”. Por su parte, el licenciado Figueroa Llinás recalcó que apelar la decisión del Tribunal Apelativo es una opción y que “nada está descartado”. A su vez, rechazó que se solicitara la intervención de la Policía para reabrir el campus.
Luego del dictamen, y por medio de expresiones escritas, la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández Hernández, catalogó el falló como “día lamentable en la historia de la Universidad de Puerto Rico”.
“A pesar de todos los esfuerzos realizados por la administración, no se pudo prevalecer ante el Tribunal de Primera Instancia. Nuestra división legal estará analizando opciones que informaremos próximamente. Desde la administración, seguiremos comprometidos con salvar la Universidad de Puerto Rico y su importante misión para el pueblo de Puerto Rico”, expresó Fernández Hernández.
Sumó un llamado “a la sensatez a todos los sectores universitarios para hallar una solución pronta a este conflicto huelgario. No se trata solo de abrir los portones, sino de lograr un clima universitario en que podamos reanudar las labores en todos los recintos y se garantice el futuro de la institución”, manifestó.
Estudiantes reclaman autonomía universitaria
Por su parte, la líder estudiantil, María de Lourdes Vaello, reaccionó a la determinación como una falta a la autonomía universitaria de la UPR.
“El Tribunal de Apelaciones y de primera instancia debió haber respetado la autonomía universitaria y debió haber apostado a favor de las mesas de diálogo y negociación que ya llevan desarrollándose desde el comienzo de estas paralizaciones y que han rendido fruto”, mencionó a su salida de la vista de ayer.
Vaello indicó, además, que el Comité Negociador del movimiento estudiantil presentó varios proyectos de ley a la Asamblea Legislativa en aras de allegar fondos a la institución ante un recorte sugerido de $450 millones.
El 31 de marzo, los estudiantes Anamar Menéndez González, Rosaima Rivera Serrano, Carlos Villegas Del Valle, Edwin Rivera Otero, Gabriela Firpi Morales y Astrid Burgos Nieves demandaron a la UPR para que el Tribunal de Primera Instancia ordenara a la institución garantizar el acceso de los alumnos al campus y poder recibir clases según el calendario académico.
El 6 de abril, la jueza Roques declaró “No ha lugar” el injunction preliminar y el mandamus solicitado. El 20 de abril, los demandantes acudieron al Tribunal Apelativo para que este revocara el dictamen de la jueza de primera instancia. El 5 de mayo, el Tribunal Apelativo ordenó a la UPR a reabrir sus portones en o antes del 11 de mayo del 2017 a las 6:00 a.m.
Hoy el Tribunal de Primera Instancia tendrá otra vista de seguimiento a las 3:00 p.m. para validar que, en efecto, la UPR haya cumplido con el pago de la multa de $5 mil.
