La marcha a favor de la educación pública y la auditoría de la deuda culminó ayer con el cuestionable arresto de los estudiantes Adriana Quiles y Josué Román, quienes —según la Policía de Puerto Rico— cometieron daños a la propiedad pública y agresión contra agentes de la Uniformada.
Empero, los oficiales que intervinieron con los estudiantes sin previo aviso y sin leerles sus derechos, estaban vestidos de civiles –algunos con camisas a tono con la actividad–, no tenían visibles ni sus apellidos ni sus números de placa, y no conducían carros oficiales. Tampoco se ha divulgado públicamente evidencia que sustente la postura de la Policía.
Lo anterior resume el punto más álgido de la Marcha Nacional por la Auditoría y la Educación Pública, convocada por el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda junto al movimiento estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y demás sectores de la sociedad civil. La actividad inició a las 9:00 a.m. en el parque Luis Muñoz Rivera y culminó en horas de la tarde en las escalinatas del Capitolio.
De acuerdo con la teniente Jessica Morales Serrano, Quiles fue arrestada a eso del mediodía por supuestamente haber cometido daños a la propiedad pública y por agresión a dos agentes al rociarles gas pimienta.
La abogada de Quiles, Rosa Ward, denunció que la detención de la joven estuvo plagada de irregularidades. La licenciada explicó que Quiles fue arrestada por oficiales sin identificación y en un vehículo privado que no contaba con una “tablilla del gobierno ni de la Policía”.
Minutos después del arresto de Quiles, oficiales asignados a vigilar el Capitolio expresaron a Diálogo que no habían visto daños a la propiedad pública en las inmediaciones de la Casa de Leyes.
Román –el segundo estudiante detenido– fue arrestado por presuntamente tener en su poder explosivos. Sin embargo, preliminarmente se confirmó que eran botellas de agua.
Ward indicó que se espera por la presentación oficial de cargos contra ambos jóvenes, quienes serían llevados ante un magistrado en la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Los estudiantes enfrentarán hoy una vista a las 4:00 p.m.
Marchan hasta el Capitolio en reclamo de auditoría de la deuda
“Esa deuda es ilegal, no la vamos a pagar”, fue la máxima consigna de los manifestantes mientras marchaban hacia el Capitolio desde el parque Luis Muñoz Rivera.
La abogada y representante del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Eva Prados, reiteró a los presentes que “esa auditoría va”. Sobre la deuda del país, Prados añadió que “no sabemos su legalidad, no sabemos absolutamente nada” y que por eso “no vamos a detenernos en este pedido”. Asimismo, felicitó al movimiento estudiantil y les dejó claro que “su lucha es nuestra lucha”. “Sin la educación pública este pueblo está a ciegas”, puntualizó.
Minutos después de que la marcha llegara al ala norte de la Capitolio, cerca de diez camiones de la Unión de Camioneros detuvieron el tránsito en la avenida Muñoz Rivera.
En un momento dado, Félix Narváez, presidente la unión, discutió con los oficiales de la Policía luego que esta solicitara mover los camiones al ala sur para evitar que el tránsito se detuviera en la vía principal. Narváez se negó rotundamente y reiteró que la Unión de Camioneros había venido a la manifestación para apoyar a la UPR. Los agentes terminaron accedieron al pedido de Narváez y los camiones se mantuvieron en la avenida Muñoz Rivera.
Durante la manifestación se llevaron a cabo distintas actividades, como presentaciones artísticas en vivo y mesas de orientación sobre los reclamos que exigen los distintos sectores. El colectivo teatral Agua, Sol y Sereno fueron los primeros en realizar una presentación. A ellos le siguieron estudiantes del Conservatorio de Música. En otra área se colocó un micrófono abierto para que los presentes declamaran poemas y cualquier otra expresión artística.
El evento se dio en medio de una huelga sistémica en nueve de los once recintos del primer centro docente del país como rechazo al recorte de $450 millones de la aportación estatal al presupuesto universitario planteado por la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de Estados Unidos por conducto de la ley Promesa (el acrónimo en inglés de la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico. La administración universitaria, a petición de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal ha elevado la cifra del recorte a $512 millones para el 2025.
La marcha también ocurrió a cuatro días de la derogación por parte de la Asamblea Legislativa y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares de la Ley 97 del 2015, que creó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, encargada de determinar la legalidad de la deuda pública que asciende a $70 mil millones.
