El Plan Fiscal que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares entregó ayer a la Junta de Control Fiscal (JCF) cifra las esperanzas de recuperación económica de Puerto Rico en la inyección de fondos federales que confía recibir como consecuencia directa del huracán María, en más medidas de austeridad que se seguirán impulsando y en los resultados que produzcan varias de las reformas que se legislaron durante el primer año de la presente administración.
Contrario al Plan Fiscal a diez años que la JCF aprobó en marzo pasado, esta versión a cinco años no contempla destinar un solo centavo al pago de la deuda pública. Esto, en gran medida se debe al nivel de gastos que supondrá el proceso de recuperación tras la destrucción provocada por el ciclón el pasado 20 de septiembre.
En el plan anterior, el gobierno proyectaba un superávit de poco menos de $8,000 millones hasta 2026, por lo que reservaba unos $800 millones anuales para el servicio a la deuda. En esta ocasión, los estimados apuntan a que, al final del periodo cubierto por el plan (2018-2022), los gastos superarán los ingresos por entre $2,000 millones y $3,500 millones, explicó ayer el gobernador en una mesa redonda que llevó a cabo Fortaleza con miembros de la prensa para presentar un bosquejo del plan.
Cabe destacar que, en última instancia, las determinaciones sobre el pago de las deudas del gobierno central, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el resto de las instrumentalidades que se han acogido al proceso de Título III creado por la ley Promesa, quedan en manos de la jueza federal Laura Taylor Swain.
De acuerdo con los cálculos incluidos en la hoja de ruta propuesta por el Estado, al concluir el presente año fiscal la economía puertorriqueña se habrá contraído en 11.2%. Sin embargo, la esperada entrada de fondos federales para la reconstrucción del país lleva a que se proyecte un crecimiento a partir del año fiscal 2019, sostuvo el representante de Rosselló Nevares ante la JCF, Christian Sobrino.
El gobierno espera contar con al menos $35,300 millones producto de asignaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que se sumarían a otros $21,900 millones en reclamaciones a aseguradoras privadas. En el caso de los fondos de FEMA, el 51% se dirigiría a la reparación y modernización de la infraestructura eléctrica y de acueductos y alcantarillados.
En total, Puerto Rico solicitó al gobierno federal asistencia por $94,400 millones, y lleva desde octubre negociando con el Departamento del Tesoro las condiciones de un préstamo de $4,700 millones.
Apuesta a la reforma gubernamental
Al cabo de cinco años, el gobierno proyecta generar sobre $3,000 millones en ahorros tan solo mediante las diversas iniciativas de austeridad que ha venido poniendo en práctica desde que asumió las riendas del país.
A través del proceso de reorganización y consolidación de instrumentalidades que viabilizó la Ley de Nuevo Gobierno (Ley 122-2017), y que tiene como objetivo reducir a 35 el número de agencias, se producirían ahorros de hasta $1,264 millones. A eso se le suman reformas para centralizar el proceso de compras de bienes y servicios, los recortes a las apropiaciones de los municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR), una reforma de salud y mejor fiscalización tributaria.
En lo que concierne a la UPR, el Plan Fiscal revisado no altera las condiciones ya dispuestas en la versión certificada en marzo pasado.
La universidad seguirá recibiendo del Estado $590 millones en el año fiscal 2019, $504 millones en el 2020, $433 millones en el 2021 y $410 millones en el 2022. Esta última cifra representa una reducción de $221 millones respecto a la asignación de $631 millones para la UPR en el vigente año fiscal, y de $424 millones respecto a la fórmula que hasta 2017 le garantizaba a la universidad $834 millones provenientes del Fondo General.
El plan original extendía el patrón de recortes hasta sobrepasar los $500 millones en 2026.
Para mitigar hasta cierto punto el efecto de los recortes sobre la universidad, Rosselló Nevares propuso el año pasado que la institución se convirtiera en el principal proveedor de servicios de capacitación técnica a empleados del gobierno central, a modo de allegarle hasta $100 millones anuales adicionales al principal centro docente del país, una política que ayer aseguró se mantendría en pie.
La UPR, como una de las entidades bajo la supervisión directa de la JCF, deberá presentar su propio plan fiscal revisado el próximo 9 de marzo.
Por otro lado, el Plan Fiscal cuantifica en $1,700 millones anuales el impacto negativo al erario de la recién aprobada reforma contributiva federal.
Para contrarrestar el efecto de la legislación del Congreso, la administración apuesta a una reforma tributaria local, así como a crear un código de incentivos que, según Rosselló Nevares, “racionalice” la concesión de estos.
Asimismo, se propone reducir el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) sobre la compra de alimentos preparados en restaurantes del 11.5% actual a 7% y eliminar en 2019 el impuesto a las transacciones ‘business to business’.
La creación de una versión criolla del crédito por ingresos devengados (EITC, por sus siglas en inglés), en tanto, buscará aumentar la tasa de participación laboral que apenas supera el 35%. Aunque en principio le costaría $200 millones al gobierno establecer el programa, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, justificó la inversión planteando que, además de incentivar la participación laboral, a largo plazo mitiga el efecto de la economía informal.
Todas estas medidas, por tener un impacto directo sobre los recaudos, tendrán que pasar por el crisol de la JCF.
La reforma laboral y la reforma de permisos aprobadas en 2017 son igualmente dos de los pilares sobre los cuales el gobierno espera devolver competitividad a la economía de la isla, así como la recién anunciada venta de los activos de la AEE.
Si bien el Plan Fiscal no toma en cuenta los ingresos que pueda generar la privatización del sistema eléctrico, sí vislumbra un incremento en la actividad económica producto de su modernización y la reducción en las tarifas energéticas, que es uno de los mandatos de Promesa.
Rosselló Nevares defendió la conceptualización del plan revisado, arguyendo que se preparó con mayor cuidado que el original y que incluye “más componentes estructurales” que permiten transformar el panorama económico más allá de alterar las políticas fiscales.
De igual forma, el gobernador rechazó en todo momento que las proyecciones del documento se basaran en supuestos excesivamente optimistas, como denunciaron diversos sectores en torno al primer plan.
JCF se enfocará en buscar “bases realistas”
Por su parte, la JCF informó esta madrugada el recibo del plan fiscal enviado por la actual administración en vías a tener una evaluación final antes del 23 de febrero.
“Los Planes Fiscales Revisados proveerán un marco de referencia a cinco años para restablecer la viabilidad económica de Puerto Rico”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva por medio de un comunicado.
De entrada, Jaresko adelantó que “la junta ve la implementación de reformas estructurales y la inversión en infraestructura crítica como piezas clave para restaurar el crecimiento económico y aumentar la confianza de los residentes y del sector de negocios”.
“Nuestro enfoque en la certificación de los planes revisados será asegurar que reflejan la realidad de Puerto Rico post huracán y proveer una base realista para alcanzar el balance fiscal, el manejo sustentable de la deuda y la revitalización de la economía de la Isla”, puntualizó.
