La ciudadanía debe tener acceso a la información pública a fin de aspirar a una mejor democracia, según recalcaron los licenciados Efrén Rivera Ramos y Oscar J. Serrano, durante el primer simposio “Acceso a la Información Pública y Documentos Confidenciales”, organizado recientemente por el Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP).
El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Efrén Rivera Ramos, comenzó la discusión examinando el rol del gobierno en la apertura de información pública a la ciudadanía.
“El estado debe ser proactivo para circular información sin que se le pida. Cuando el gobierno hace pública la información no es un beneficio ni un regalo a quien la solicita, sino una obligación”, comentó Rivera Ramos.
El abogado recordó que la información pública es todo documento que conserve el estado, incluyendo aquello que se produce electrónicamente. Esto implica que todo correo electrónico y mensaje de texto que se emita de una organización pública, con carácter de gestión pública, tiene que ser revelada al ciudadano que los solicite.
A la discusión se sumó el director del área de transparencia de la organización Espacios Abiertos, Oscar J. Serrano, quien se unió al llamado de Rivera Ramos a pensar una ley de transparencia que exija al gobierno a cumplir con la liberación de información pública de manera ágil y sencilla.
“Tiene que haber alguien encargado de conservar la información generada y recibida. Lo que no se conserva no se encuentra y lo que no se encuentra abre paso a corrupción y a que no se pueda velar las gestiones de las agencias públicas”, dijo Serrano, expresidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO).
Los licenciados plantearon que muchas veces son los mismos funcionarios públicos que se niegan a divulgar documentos por falta de conocimiento sobre los procesos legales relacionados al acceso de información.
“El acceso a la información tiene un rango constitucional en Puerto Rico, según el Tribunal Supremo. Hay funcionarios que piensan que su obligación es restringir información y esto puede causar que un ciudadano que busca acceso a documentos públicos tenga que llegar a los tribunales y desperdiciar tiempo y dinero”, expresó Rivera Ramos.
Además de esto, tanto Rivera Ramos como Serrano insistieron que se debe llevar a cabo una campaña educativa sobre el acceso a la información, a los funcionarios y a los ciudadanos, con miras a ir formando una cultura de transparencia en el País.
“La idea es que la ciudadanía conozca bien sus derechos de acceso a información pública. ¿Qué derechos tienes y cómo puedes defenderlos?”, concluyó Serrano.
El simposio se llevó a cabo en el Archivo General de Puerto Rico y fue transmitido a través de www.pr.microjuris.com. Las actividades de la tarde contaron con la participación de Ivonne Acosta, profesora del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Migdalia Fraticelli, jueza administradora del Tribunal de Apelaciones y Javier Colón Morera, profesor de Ciencia Política en la UPR, Recinto de Río Piedras.