Quizás el corito típico aquel cambie y sea: “Yo tenía una luz que a mí alumbraba y venía el bonista y ¡Fuá! y me la llevaba…”.
Es que, en resumen, el Proyecto de Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aprobado el martes por el Senado y a discutirse en la Cámara de Representantes el próximo lunes feriado, anda muy lejos de hacerle justicia a todos, según los que saben.
Los bonistas cobrarán su deuda como prioridad a cuenta de que al pueblo se le afecte de forma crasa su servicio. Eso es lo que recogen las declaraciones de algunos componentes de la Mesa de Diálogo Energético, en un intercambio con la prensa el pasado viernes en la mañana en las escalinatas del Capitolio.
“El problema aquí es que pone la titulación primero, antes de ver el plan de plantas nuevas, de líneas nuevas de transmisión. Amarra los otros planes y compromete indebidamente el interés público hacia los acreedores en vez de ser para el bienestar de todos. Todas estas gestiones deben ser para el interés de los bonistas, del interés público, para el de mi mamá, el del primo, el de todo Puerto Rico y no de un sector en particular”, señaló Tomás Torres, presidente del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), uno de los más recientes organismos en entrar a la Mesa de Diálogo Energético.
La Mesa de Diálogo Energético, grupo conformado desde 2008, tiene de todo. Participan: la Asociación de Industriales, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, el Colegio de Químicos de Puerto Rico, la Asociación de Consultores y Contratistas de Energía Renovable de Puerto Rico, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Centro Unido de Detallistas (CUD), la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Misión Industrial, Puerto Rico Energy Cluster, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, el Instituto Tropical de Energía, el Consorcio Alianza Energética de Puerto Rico, el Concilio de Iglesias de Puerto Rico, la Asociación de Bayamoneses pro Reciclaje y Ambiente Sano (ABRASO) y la Oficina Estatal de Política Pública Energética.
El ámbito universitario está también representado en la Mesa por el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (INESI), del Recinto Universitario de Mayagüez; y por el Recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Torres, quien también pertenece a la Asociación de Industriales, resaltó que el proyecto “pone la carreta delante de los bueyes”. Dijo que no sigue “el proceso” que recomendó la Comisión de Energía, organismo supervisor creado en 2014 mediante la Ley 57, “de planificación, tarifa y estructura de financiamiento”. Puntualizó que debería detenerse para más discusión. Dijo que es ahora mismo, con el precio del petróleo más bajo que desde hace años, “cuando hay que llenar el granero”. Recomendó que “en el ínterin”, mientras se discute más a fondo el proyecto, se realice un alza de “uno o dos centavos” de la tarifa para poder planificar mejor la reparación y reconstrucción del demacrado sistema eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en ruta al abandono de recursos fósiles.
“Puerto Rico tiene un sistema eléctrico deteriorado y viejo, de los años sesenta y setenta. Este sistema debe ser renovado”, indicó.
Debe balancearse el enfoque de pagar la deuda con el del real bienestar del pueblo, y para eso “el primer paso que se debe llevar a cabo es la aprobación de este plan de renovación, el Plan Integrado de Recursos. Es el plan para las plantas nuevas, para poder reestructurar”.
Ya que como quiera viene el aumento en las tarifas, de la cantidad que sea, sí o sí, que empiece ahora, de a poquito: “Ahora que está el petróleo barato es el momento de hacer un aumento temporero de uno o dos centavos para q permita construir plantas nuevas, para que luego, cuando el petróleo suba, podamos seguir funcionando bien”, subrayó Torres.
El obispo luterano Felipe Lozada, del Concilio de Iglesias de Puerto Rico (CIPR), coordinador de la Mesa de Diálogo Energético, dijo que los bonistas “están presionando”, pero que “si en más de un año no han ejercido su derecho de ir a Corte, porque no pueden esperarse unos cuatros meses más”, en lo que el proyecto se afina.
Lozada apeló a los representantes de la mayoría que disiden del proyecto: los populares Luis Vega Ramos, Manuel Natal, Luis Raúl Torres y Javier Aponte Dalmau. “Nosotros no estamos diciendo que le voten en contra, que la legislatura detenga el proyecto, analícenlo con más calma, denos los datos necesarios para podernos convencer”, dijo.
“Píldoras venenosas”
“Hay cuatro píldoras venenosas”, dijo Torres durante el encuentro con la prensa transmitido por la cuenta de Periscope de PG Communications.
Ahí, Torres apretó su defensa de los poderes que tiene la Comisión Energética, creada por la Ley 57, e hizo hincapié en “cuatro píldoras venenosas” que incluye el proyecto. Las mismas amenazan los poderes de la Comisión y además pone a los bonistas en mejor posición que a Puerto Rico.
La primera pepa maligna, citó Torres, tiene que ver con la metodología del cálculo de cargos de transición: “la revisión por parte de la Comisión de los Cargos de Transición inicial o cualquier ajuste a los Cargos de Transición se limitará a la verificación de la exactitud matemática de la metodología para el cálculo del Cargo de Transición inicial o el Mecanismo de Ajuste (según sea el caso)”.
La segunda pastilla dañina, interpuso, señala que la resolución de restructuración incluirá un informe preparado por un perito financiero, pero por parte de la “Corporación” (los bonistas), no el gobierno: “Un informe preparado por un consultor financiero independiente con reconocido peritaje en financiamiento de corporaciones públicas de electricidad, cuyo representante deberá testificar ante la Comisión en apoyo a dicho informe, de conformidad con el sub-inciso (9) de este inciso (e), estableciendo el consumo histórico de electricidad (kWh), las proyecciones de Costos Recurrentes de Financiamiento V los Cargos de Transición durante el término de vigencia de los Bonos de Reestructuración y cualquier otra presunción importante utilizada en el informe, y concluyendo de que dichos Cargos de Transición han sido calculados según se dispone en los sub-incisos (ii). (iii). (iv) V (v) del inciso (e)(ll. según sea aplicable, y de conformidad con las presunciones que se incluyen en dicho informe y que aseguran el pago completo y puntual de los Bonos de Reestructuración de confinidad con sus términos y todos los demás Costos Recurrentes de Financiamiento durante el termino de vigencia de los Bonos de Reestructuración”.
La tercera píldora rancia es la limitación de información: “No será necesario que el borrador de la Resolución de Reestructuración presentada ante la Comisión contenga modelos de cualquier otro documento financiero a los cuales se haga referencia en la Resolución, excepto el modelo propuesto para el Acuerdo de Manejo y cualquier otro documento en apoyo a la entonación requerida de confinidad con este Artículo 6.25ª, según sea requerido por la Comisión dentro del término de cinco (5) días de presentada la petición. La Comisión no podrá, mediante reglamento o de cualquier otra forma, requerir materiales o información adicional a ser sometida como parte de la petición”.
La cuarta y última tableta del mal corresponde a los “Gastos de Restructuración Aprobados”. No incluye una limitación a la deuda a ser emitida, sino a la cantidad de intereses a ser incluidos dentro de la transacción (no se indica si es en base anual o costo total): “La Resolución de Reestructuración no incluirá en forma alguna costos de retirar deuda de la Autoridad que no haya sido incurrida a la fecha de la aprobación de esta Ley, excepto por deuda incurrida en el 2016 para refinanciar pagos de interés y principal sobre la deuda de la Autoridad en un monto que no exceda de $535 millones”.
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