Por: Busani Bafana / IPS
Con la agricultura como uno de los motores de su crecimiento económico, Zimbabwe necesita invertir en los pequeños agricultores que alimentan al país, insisten especialistas.
La agricultura representa casi 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Zimbabwe por las divisas que dejan las exportaciones de tabaco. Más de 80.000 agricultores se registraron para cultivarlo en la nueva cosecha.
Pese a la expansión del cultivo de tabaco, la escasez de alimentos sigue aquejando a Zimbabwe, en especial desde 2000, cuando la producción agrícola no alcanzó su meta tras la controvertida reforma agrícola que implicó el traspaso de tierras de propietarios blancos a agricultores negros.
La disminución de la producción se atribuyó a las sequías, pero la falta de apoyo a los agricultores contribuyó al déficit alimentario y a la necesidad de importar maíz todos los años.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó el año pasado que el “hambre llegó a su máximo en cinco años con un cuarto de la población rural, unas 2,2 millones de personas, estimadas que sufren la escasez de alimentos”.
Pero el viceministro de Agricultura, Paddington Zhanda, cuestionó los datos. “Los números (de las personas necesitadas) son exagerados. No hay crisis. Si hubiera, habríamos pedido ayuda como hemos hecho antes. Vamos a tener una de las mejores cosechas en años”, aventuró.
El PMA proyectó asistir a 1,8 millones de personas, de las 2,2 millones con hambre, pero la escasez de fondos solo les permitió llegar a 1,2 millones.
En 2014, el gobierno intervino comprando maíz a los países vecinos. Zimbabwe estuvo entre los principales importadores del grano, comprando a Sudáfrica 482 toneladas entre julio y septiembre. Solo República Democrática del Congo lo superó.
El economista especializado en agricultura Peter Gambara explicó que “cuesta 800 dólares producir una hectárea de maíz, por lo que dos millones de hectáreas ascendería a 1.600 millones de dólares”.
“Pero el gobierno solo subsidia parte de los insumos necesarios mediante el Programa Presidencial de Insumo, el resto va por cuenta de empresas privadas, los propios agricultores, así como remesas de hijos y familiares en el exterior”, añadió.
Los insumos son los fertilizantes y las semillas de maíz. Al presidente del Sindicato de Agricultores Comerciales de Zimbabwe, Wonder Chabikwa, le preocupa que muchos de los afiliados no puedan comprar en el mercado lo necesitario por los problemas de liquidez.
Los insumos totalmente gratuitos se terminaron en 2013.
Vincular la agricultura a la disminución de la pobreza es uno de los primeros Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con la meta de reducir a la mitad las personas que padecen hambre entre 1990 y 2015.
De hecho, todos los objetivos están relacionados directa o indirectamente con la agricultura. Esta actividad contribuye al logro del primer ODM a través del crecimiento económico y de una mejor alimentación.
“El gobierno debe invertir en irrigación, infraestructura como caminos y almacenes”, puntualizó Gambara. “Con la provisión de insumos, el gobierno hizo más de lo que debía por los pequeños agricultores. El Programa Presidencial de Insumos le permitió al país lograr un excedente de 1,4 millones de toneladas de maíz el año pasado”, añadió.
El excedente obedeció, según el ministro de Agricultura, Joseph Made, a las buenas lluvias.
La venta de la producción es el mayor desafío para los agricultores, precisó Gambara, quien recomendó regular los mercados públicos como Mbare Musika, en Harare, a través de la Autoridad de Comercialización Agrícola (AMA).
Gambara también sostiene que el gobierno debe mantener los insumos gratuitos para las personas mayores, los huérfanos y otro sectores vulnerables y debe considerar préstamos para el resto de los pequeños agricultores, que podrán devolver el dinero tras la venta de su cosecha.
“Eso ayudará al país a reconstruir la Reserva Estratégica de Granos, administrada por la Junta de Comercialización de Granos”, apuntó. “Pero el gobierno no ha podido pagar a los agricultores a tiempo para entregar la producción; este es un rubro que deberá mejorarse. No tiene sentido hacer que los agricultores produzcan maíz si no podrán venderlo”, añadió.
En la Declaración de Maputo sobre Agricultura y Seguridad Alimentaria en África, de 2003, los gobernantes africanos se comprometieron a mejorar el desarrollo agrícola y rural a través de inversiones.
Ese documento contiene varias decisiones importantes, entre las que se destaca el “compromiso de destinar por lo menos 10 por ciento del presupuesto nacional a la implementación de políticas de desarrollo rural y a la agricultura en los próximos cinco años”.
Pero solo unos pocos de los 54 estados miembros de la Unión Africana (UA) cumplieron con ese compromiso en los últimos 10 años. Entre ellos, Burkina Faso, Ghana, Guinea, Malí, Níger, Etiopía, Malawi y Senegal.
Según Gambara, como firmante de la Declaración de Maputo, Zimbabwe debió hacer más para canalizar recursos a la agricultura desde 2000, cuando este país emprendió la segunda etapa de la reforma agrícola.
“La mayoría de los (nuevos) agricultores negros no tenían los recursos ni el conocimiento para cultivar como lo hacían los blancos y, en ese escenario, el gobierno debió invertir en investigación y extensión para capacitar a los nuevos agricultores así como ofrecer programas que los empoderen, por ejemplo mediante la mecanización y la provisión de insumos”, indicó.
Everson Ndlovu, investigador del Instituto de Estudios de Desarrollo en la Universidad Nacional de Zimbabwe de Ciencia y Tecnología, dijo a IPS que el gobierno debía invertir en represas, investigación en tecnologías para cosechar agua, desarrollo de ganado, educación y capacitación, auditorías de tierras y restauración de infraestructura.
También dijo que hubo señales de que instituciones europeas y otras internacionales estaban dispuestas a ayudar a Zimbabwe, pero el frágil ambiente político y económico los hizo guardar distancia.
“El contexto político debe cambiar para facilitar transacciones adecuadas, necesitamos crear un ambiente propicio para que el negocio juegue su papel”, indicó Ndlovu. “El gobierno debe entregar títulos de propiedad para que los agricultores puedan destrabar recursos y fondos de los bancos locales”, apuntó.
El analista económico John Robertson dijo a IPS que “desde la reforma agraria, tenemos que importar la mayoría de los alimentos. El gobierno debe destinar fondos a desarrollar infraestructura para ayudar a la agricultura y otro sectores”.
Antes de la reforma, Zimbabwe tenía casi un millón de agricultores locales, un número al que se le agregaron unos 150.000 más con la adjudicación de parcelas A1 y A2 de la Reforma Agraria.
Las A1 se dividieron en 150.000 fincas de seis hectáreas para pequeños agricultores, mientras que con las A2 se buscó crear granjas comerciales con la entrega de mayores extensiones de tierra a unos 23.000 productores negros.
“Se necesitan préstamos para pagar empleados que realicen todo el trabajo, pero la hacienda no tiene ingresos, entonces la mayoría de los pequeños agricultores trabajan dentro de los límites de sus familias. Eso hace que mantengan su pequeña escala y sigan siendo relativamente pobres”, indicó Robertson.
