Foto: Suministrada
El Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), organización sin fines de lucro dedicada a promover la conversión de propiedades vacantes y abandonadas en activos para el desarrollo comunitario de Puerto Rico, reclamó la priorización de los municipios y comunidades dentro de cualquier proceso de traspaso o arrendamiento.
El Senado de Puerto Rico tiene bajo su consideración el P. del S. 274, medida que busca crear un rango de prioridades a destinar un nuevo uso a un plantel cerrado.
Según la exposición de motivos, dicho proyecto busca facilitar el proceso de identificación y autorización de nuevos usos, al crear mecanismos de participación para la comunidad escolar y reconocer el valor socioeconómico de los planteles.
El proyecto, autoría de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, también propone un proceso uniforme, “con sensibilidad hacia la comunidad y sin cerrar la puerta a iniciativas que podrían generar ingresos significativos para la comunidad o el Estado”.
Michelle Alvarado Lebrón, abogada comunitaria y ambiental del CRH, explicó que actualmente, el manejo y disposición de las escuelas públicas cerradas se rige por la ley fiscal, Ley Núm. 26-2017, “la cual está diseñada para la venta y alquiler de los planteles escolares sin priorizar las necesidades de interés público”.
Dijo que originalmente, “el Gobierno de Puerto Rico justificó el cierre de las escuelas por los supuestos ahorros y necesidad de traer nuevos recursos al erario público. La gran mayoría de los planteles escolares en años recientes permanecen en desuso o abandonados. Muchos muestran un estado de deterioro avanzado, lo cual representa riesgos a la salud, seguridad y medioambiente de las comunidades más vulnerables”.
Recordó que una investigación publicada en el 2020 por el CRH y la Universidad de Berkeley, titulada “Cierre de escuelas públicas en Puerto Rico: impactos comunitarios y recomendaciones”, demostró que entre el periodo de 2014 al 2019 únicamente se vendieron 10 planteles por un total de $4.1 millones y se arrendaron 113 de un total de 673 escuelas cerradas.
“Si algo evidencian estos números es que, la liquidación de estos activos por parte del gobierno no representa ingresos significativos,” dijo por su parte, Luis Gallardo Rivera, director ejecutivo del CRH.
“Inclusive, se puede argumentar que el cierre de escuelas ha generado grandes costos para las comunidades aledañas y también, para los municipios que mantienen a su propio costo los planteles y la pérdida de propiedad pública por deterioro, vandalismo y abandono”, sostuvo Gallardo Rivera.
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