El uso de las bolsas plásticas será cosa del pasado en Puerto Rico. Eso de guardarlas para usarlas después… na’ que ver. Y tranquilos, que el mundo no se acaba.
El gobernador Alejandro García Padilla emitió hoy una orden ejecutiva que mandata a la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS) a que, a partir del 1 de julio de 2016, prohíba la dispensación de bolsas plásticas en los comercios.
Además, la ADS diseñará e implementará durante los seis meses previos a la prohibición —es decir, del 1 de enero al 30 de junio de 2016— una campaña de orientación, educación y concienciación para los comercios y la ciudadanía sobre la importancia y los beneficios de no promover el uso de bolsas plásticas. A la vez, se notificará el tipo de bolsas que sí podrán ser utilizadas.
La agencia también redactará un reglamento para la implementación de esta política pública ambiental y las multas administrativas en caso de su violación. Todas las disposiciones anteriores serán parte de un programa de reducción de desperdicios sólidos que desarrollará la ADS.
La orden ejecutiva llega luego de que la Cámara de Representantes no aprobara a inicios de la semana el Proyecto 1100 que crearía la Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas.
El Senado había aprobado la medida el 6 de octubre con una enmienda. Luego que un comité de conferencia armonizara las sugerencias de ambos cuerpos legislativos, el proyecto fue colgado el lunes en la Cámara, al tiempo que el Senado le daba el visto bueno en la misma sesión.
Hasta hoy, antes de que García Padilla emitiera la orden ejecutiva, la medida estaba bajo reconsideración. En el ínterin, una de las voces que se unió al cabildeo público a favor de la aprobación del Proyecto 1100 fue Adriana González, del Sierra Club – Capítulo de Puerto Rico.
González celebró la orden ejecutiva del gobernador y vislumbró la movida como un empuje para que se apruebe finalmente el proyecto de ley en lo que queda de sesión legislativa, que cierra el 17 de noviembre.
“Aunque entendemos que necesitamos una reglamentación completa, la orden ejecutiva ha dejado que continúe la conversación sobre el asunto. Como sabemos, necesitamos tres votos para que pase la medida, y que el gobernador la apoyara inspira a que más gente entonces vote”, señaló la coordinadora y representante nacional de la organización comunitaria y ambiental.
Durante la vista de aprobación en el Senado a inicios de octubre, el legislador Cirilo Tirado, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales, indicó que en la Isla circulan anualmente más de 1,000 millones de bolsas plásticas.
Ante tal volumen, el impacto ambiental es de esperarse, particularmente por el hecho de que las bolsas plásticas están hechas de un polietileno que tarda más en descomponerse que una bolsa de basura. “Lo que ocurre entonces es que cuando vas a los vertederos se pueden tardar de cien hasta mil años en descomponerse”, explicó González.
El asunto también impacta a la vida marina, pues los animales que se alimentan de aguas vivas —y los que no— terminan ingiriendo o atrapados en estas bolsas plásticas. “La contaminación en los océanos por el plástico es bien extensa, pero lo más que se encuentra cuando se hacen recogidos de playas, y nosotros lo hemos experimentado, son bolsas plásticas”, agregó la coordinadora.
Por el momento, tanto Sierra Club como otras organizaciones continuarán con el pulseo para la aprobación de la medida en lo que resta de sesión. Mientras, el proceso de concientización social en pos de un sencillo cambio cultural continúa.
“Esto es un incentivo para que las personas utilicen bolsas reutilizables. No debemos verlo en ningún momento como si fuera algo malo, sino que estamos volviendo a lo que es la cultura de la reutilización, que viene del pasado cuando no teníamos bolsas plásticas”, expuso González.
En septiembre 30 de 2014, California se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en aprobar una legislación para prohibir el uso de bolsas plásticas, elevando a 49 millones el número de personas cobijadas bajo una ley similar en la nación norteamericana en más de 150 ciudades y condados. Ahora se unen los puertorriqueños.
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