A casi ocho meses de resistencia, Playuela sigue en pie de lucha

En el barrio Borinquen de Aguadilla ya van casi ocho meses de resistencia a favor del medio ambiente. La defensa del valle costero de Playuela continúa firme ante las amenazas medioambientales que representa el proyecto turístico Christopher Columbus Landing Resort, que hoy mantiene sobre la mesa el posible sacrificio ecológico de la zona, para propósitos turísticos y de vivienda.

Actualmente, los trabajos de construcción en los terrenos —que rondan los 136 acres— están paralizados, a pesar de que en la mañana del 8 de junio la compañía Caribbean Management Group (CMG) decidió reanudar operaciones.

No obstante, aquel suceso que pausó varios meses de calma no llegó a mayores. Ahora la misión es evitar que las máquinas vuelvan a impactar los terrenos.

Al presente, se espera por una decisión del Tribunal Apelativo para establecer cuál será la próxima etapa del proceso que desde noviembre pasado mantiene una fuerte batalla legal inclinada a favorecer los fines de la empresa constructora CMG, la cual cuenta con el respaldo del municipio de Aguadilla.

En esa línea, Diálogo conversó con el colíder del Campamento Rescate Playuela, Pocho Levalle, para conocer cómo han estado las cosas durante los días recientes en este pueblo. Específicamente, cuál es el estatus de quienes día y noche dicen presente en los terrenos costeros para defender uno de los pocos pulmones vírgenes de las costas borincanas.

“Seguimos en resistencia, firmes ante cualquier intento por continuar los trabajos de construcción, porque esto no puede pasar. No podemos destruir estos terrenos, porque esto representa un valor biológico incalculable”, comentó de entrada Levalle, quien resaltó inmediatamente la importancia de promover los procesos educacionales para crear conciencia sobre lo que representaría poner en marcha una mega construcción como la que se pretende en el valle costero aguadillano.

De acuerdo con el colíder, hasta hoy el municipio de Aguadilla se ha mantenido en la misma posición de apoyo a la construcción del proyecto hotelero. En ese sentido, destacó, resulta incomprensible que, a pesar de que no se cuenta con los permisos para desarrollo urbanizado, se le siga dando luz verde a los procesos.

“Ellos [la compañía constructora] solamente tienen el permiso para acceso a la carretera, que es un permiso que le otorga el municipio de Aguadilla. Por eso estamos en el [Tribunal] Apelativo, porque en el Tribunal de Aguadilla [Primera Instancia] se entendió que esto es un proceso administrativo, cuando la parte administrativa dice que es un proceso judicial”, explicó Levalle, a la vez que subrayó que durante todo el proceso legal no ha habido un solo acercamiento, ni del municipio ni de la compañía, hacia los manifestantes y líderes comunitarios que se encuentran en el campamento. 

Asimismo, Levalle dejó claro que ni la Junta de Calidad Ambiental ni el Departamento de Recursos Naturales han hecho un posicionamiento responsable al respecto. Y destacó que, en el caso de la segunda agencia, las reacciones sobre el caso Playuela se limitan a una declaración de impacto ambiental que data del 1993.

“Cada vez que nosotros hemos hecho apelaciones y nos hemos querellado en esos foros, pues ellos van, pero se hacen de la vista larga, básicamente. No quiero decir que es incompetencia, pero hace pensar muchas cosas cuando se sabe que esta gente [desarrolladores] no cuentan con los permisos y que están violando las leyes. Los de Recursos Naturales se están dejando llevar por una declaración de impacto ambiental del 1993 y estamos en el 2017. ¿Me entiendes? Es una cosa absurda”, señaló.

Sin embargo, Levalle informó a Diálogo que hay una investigación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en ingles) que puede ser presentada en cualquier momento.

“Estamos esperando los resultados de una investigación de la EPA, que es lo único que no sabemos hasta ahora. Se suponía que esa investigación saliera el 19 de este mes, pero no ha salido. Estamos esperando por eso”, dijo, no sin antes denunciar que las evaluaciones de las agencias ambientales del Estado no plantean la realidad biológica de la zona marítimo terrestre. 

“Ellos [el Departamento de Recursos Naturales] dicen que allí solo hay 12 especies de fauna y ya nosotros vamos [contabilizando] sobre 200. Dicen que solo hay tres especies de aves, cuando nosotros hemos identificado más de 90. En Playuela hay especies endémicas, especies en peligro de extinción. Ninguna de esas cosas están declaradas en el documento ese de 1993. O sea, que en el análisis nada de eso existe. Si nos dejamos llevar por lo que ellos dicen, en Playuela solo hay unos pozos y dos o tres especies, cuando eso no es verdad”, declaró Levalle.

De otro lado, el ambientalista confirmó a este medio que próximamente el campamento presentará un documento que tiene como fin exponer los estudios y toda clase de evaluación ambiental realizada en la zona para pedir que los terrenos de Playuela sean declarados Reserva Natural, ejercicio enmarcado en lo que se logró con la designación de la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste en el 2008, franja costera que consiste de aproximadamente 3,000 cuerdas de terreno.

“En estos momentos se está trabajando en una designación para hacer de Playuela una Reserva Natural. Pero eso es un proceso largo. Hay que hacer estudios, discusiones y estamos en esas. Ya tenemos mucho adelantado. Los estudios de las especies van lo más rápido posible. Lo importante ahora es detener los intentos de desarrollo en Playuela. Lo primordial es evitar que sigan desarrollando”, sentenció, al tiempo que aprovechó para extender una invitación al pueblo de Puerto Rico para que se sumen a las causas justas en pro del ambiente.

En diciembre del año pasado el juez Héctor Jaime Conty, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, emitió una resolución para obviar aparentes ilegalidades de permisología del Caribbean Management Group (CMG). Esa decisión fue un dictamen de Resolución y Orden a favor de la empresa desarrolladora que tuvo como fin acoger la demanda que presentó la empresa el 17 de noviembre bajo el alegato de que sufrían daños debido a la desobediencia civil del grupo en resistencia.

Cabe destacar que desde febrero cerca de una veintena de manifestantes han sido arrestados en los predios de Playuela, donde al sol de hoy siguen en pie de lucha y a la espera de un nuevo giro legal que ponga punto final a las amenazas desarrollistas.

Pese a los intentos de Diálogo por conseguir una declaración del municipio de Aguadilla, el técnico de la Oficina de Permisos, David Roldán, indicó que no estaba en capacidad de hablar sobre el tema. Igualmente, el ingeniero Orlando González Hernández, nunca estuvo disponible cuando llamamos a la oficina.

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