El G-8, grupo que alberga al liderato de las doce organizaciones de base comunitaria que representan a los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña, presentó un proyecto de ley que permitiría retomar el control de 200 cuerdas de terrenos que le fueron incautadas a través de la Ley 32 de 23 de junio de 2009.
“Hemos invitado a representantes y senadores de mayoría y minoría para entregarles un proyecto de ley por petición ciudadana ejerciendo nuestro derecho constitucional a la participacion. Este proyecto constituye un paso fundamental para hacerle justicia a nuestras comunidades, ya que nos permite retomar el control de nuestras tierras a través de nuestro Fideicomiso de la Tierra y viabilizar nuestro proyecto de País", declaró Lucy Cruz, presidenta del G-8.
“Esperamos que con la aprobación de de este proyecto de ley culminemos años de lucha por garantizar el derecho de nuestras comunidades a no ser desplazadas por especuladores o por el gobierno cuando logremos el dragado del Caño y nuestras tierras valgan mucho", añadió.
El proyecto de ley incluye, además, enmiendas dirigidas a fortalecer al Fideicomiso de la Tierra y a la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña.
Asimismo, busca salvaguardar los objetivos de política pública de la Ley 489 original, tomando en cuenta la experiencia de los últimos años y la meta trazada por la comunidad de viabilizar el inicio del dragado del Caño en 2016.
Según Curz, el retomar las tierras permitirá agilizar y abaratar los costos asociados al dragado del Caño Martín Peña, así como maximizar el realojo de familias en su comunidad y viabilizar los proyectos de infraestructura.
Con la titularidad colectiva en el Fideicomiso los residentes, que son parte de éste, retienen la propiedad individual de sus casas y derechos de superficie sobre el solar que pueden vender, alquilar, hipotecar y heredar, similar como ocurre en los condominios. Los terrenos son de todos a través del Fideicomiso, por lo que nadie puede venderlos a terceros ajenos a la comunidad.
El licenciado Michel Godreau , abogado del Fideicomiso de la Tierra, explicó que en adición a la ley se está trabajando para lograr una estipulación del gobierno central y municipal para dar por terminada la demanda contra el municipio y el estado por haber expropiado las tierras sin cumplir con el requisito constitucional de compensación.
“Reconocemos y agradecemos el respaldo de los medios y a todas las instituciones y personas que han dicho presente en la lucha denuestras comunidades por su derecho a la tierra, a una vivienda digna y a la salud, durante todos estos años. Emplazamos a nuestros legisladores y al Gobernador a unirse tras este proyecto de ley, para hacer justicia para nuestra gente,” dijo Cruz.
El proyecto de ley fue redactado a partir del resultado de varios talleres participativos, por los profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que han asesorado a la comunidad ad honorem, Michel Godreau y María Hernández, junto a los abogados de la Corpoación del Proyecto ENLACE Luis Rivera Rivera y Myriam González Torres.
Miembros del G-8 explicaron que la comunidad perdió control de las tierras mediante su Fideicomiso en el 2009 cuando se pasó la Ley 32 "sin permitir la participación de la comunidad en las vistas". Este proyecto deroga esa ley y fortalece la Ley 489 de 2004 que dio origen al Proyecto del Caño Martín Peña y que contó con el respaldo unánime de la Legislatura.
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