La sala 510 del Tribunal Federal en el Viejo San Juan estaba abarrotada con casi un centenar de ciudadanos este lunes, 14 de mayo, a las 9 de la mañana. Cumplían con su obligación de servir como jurado.
Pero este no es un juicio cualquiera. Se trata de un caso de daños por represalias en el lugar de trabajo cuyos hechos incluyen investigaciones del Federal Bureau of Investigation (FBI), espías rusos y un alegado ambiente laboral hostil por parte de la jefa interina de fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.
El demandante, Francisco Reyes Caparrós, asegura que mientras fungía como especialista de inteligencia en la Oficina de Fiscalía Federal en Puerto Rico, fue víctima de represalias del 2012 al 2015 por parte de sus superiores, incluyendo a Rodríguez Vélez, que es la funcionaria federal de más alto rango en Puerto Rico. Reyes Caparrós, de 38 años y quien hoy es abogado, alega que el patrón de acciones en su contra forzó su renuncia en el 2015 tras casi seis años de trabajo con los federales. Ese mismo año, en septiembre, demandó a Fiscalía Federal. Ha tomado tres años que el caso llegue a juicio.
Mientras las personas esperaban por que comenzara la selección de jurado, el último banquillo de la sala, a su lado izquierdo, olía a rosas. Luego de hablar del huracán María, el inventario de latas de sardinas y salchichas, la importancia de siempre tener una estufita y cómo se aprende a ver en la oscuridad, una señora le preguntó a otra lo que se preguntaban muchos allí: “¿Cuánto tardará esto?”
Poco después del mediodía, quedaron como jurado cuatro mujeres y cuatro hombres que verían el juicio que dio comienzo ese mismo lunes en la tarde. Se espera que el proceso judicial dure por lo menos dos semanas, según anticipó Joseph Laplante, el juez a cargo del caso, que viene del distrito de New Hampshire.
Desde un café al cruzar la calle del edificio federal en el Viejo San Juan, la jefa interina de los fiscales en Puerto Rico esperaba sola por sus abogados. Durante el almuerzo, antes de dar comienzo el juicio y luego de casi dos horas de espera, Rodríguez Vélez conversó brevemente con su equipo de abogados. Terminó su comida y se dirigió al quinto piso del tribunal federal. Allí, parada en el pasillo, aguardó por el comienzo del juicio.
A diferencia de la mañana, ya no se escuchaban murmullos en la sala 510 y solamente estaban presentes el juez, los abogados de las partes, algunos oficiales del tribunal y un ciudadano que resulta también ser periodista. Poco antes de la entrada del jurado y los argumentos iniciales, el abogado que defiende a Fiscalía Federal, Jason Weida, pidió dirigirse a Laplante.
“Juez, anticipamos que sea un caso notorio”, dijo Weida. Laplante preguntó enseguida, “¿no estarás pidiendo una orden de mordaza?” El abogado explicó que no pide una orden de mordaza, pero sí que las partes ni los abogados hagan expresiones a la prensa durante el transcurso del juicio. Luego de aclarar que no estaría emitiendo una orden de mordaza, el juez expresó que aunque no prohíbe los comentarios a la prensa, tampoco los recomienda.
El jurado hizo su entrada a eso de las 2:45 de la tarde. Recibieron las instrucciones iniciales del juez. Laplante enfatizó que el objetivo es determinar si Reyes Caparrós realizó acciones protegidas por ley y a causa de ello fue objeto de represalias en el trabajo por parte de sus superiores.
La abogada del demandante, Bamily López, sostuvo en su turno inicial que la vida de Reyes Caparrós “cambió completamente” a finales del 2012, luego de facilitar un chaleco antibalas a Idalia Mestey Borges, una exagente federal que alegadamente fue objeto en ese momento de amenazas. El demandante alega que sus supervisores no vieron con buenos ojos esta decisión, debido a que Mestey Borges –quien testificó en el primer día de juicio– tenía en curso una querella en contra de la oficina de fiscales ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.
Luego de este incidente, Reyes Caparrós sufrió un patrón de represalias que incluyó la remoción de su puesto gerencial, traslados de oficinas, investigaciones, regaños, vigilancia, labores destinadas al fracaso y su eventual renuncia a causa de estas condiciones laborales, según López. Otros dos testigos en el caso, Carmen Márquez y Nelson Pérez, también tienen querellas similares en contra de la Oficina de Fiscalía Federal por ambiente hostil en el trabajo.
Rosa Emilia Rodríguez Vélez, jefa interina de fiscalía federal en Puerto Rico, está implicada en la demanda. (Juan Costa | Centro de Periodismo Investigativo)
“Aquí en este caso Rosa Emilia no es la jefa de Fiscalía Federal; Rosa Emilia es la persona a cargo de esta oficina”, manifestó la abogada del demandante, al hacer hincapié que se trata de una acción de discrimen laboral.
Por su parte, los abogados de Fiscalía Federal pidieron comenzar su turno inicial presentando al jurado a Rodríguez Vélez, quien había hecho su entrada a la sala y era la única otra persona sentada en la audiencia.
La defensa de Reyes Caparrós no objetó, el juez tampoco y así las cosas, el jurado conoció a la jefa de los fiscales federales en Puerto Rico, mientras Rodríguez Vélez los miraba de pie desde la audiencia. Tras culminar las expresiones iniciales de su abogado, la funcionaria federal se marchó de la sala, aunque está en la lista de testigos, por lo que se espera testifique en algún punto del juicio contra ella y su oficina.
Weida y el equipo de la defensa aseguran que las acciones disciplinarias que tomaron los superiores de Reyes Caparrós respondieron a una investigación en curso que llevaba a cabo el FBI sobre el demandante. ¿La razón? El interés de Reyes Caparrós en viajar a Rusia como parte de un programa de intercambio cultural.
“Este caso se trata de mal juicio [por parte del demandante] y un espía ruso”, argumentó Weida, quien añadió que Reyes Caparrós no podía ejercer las funciones de inteligencia que tuvo hasta octubre de 2013 debido a la investigación que llevaba a cabo el FBI en su contra.
Para esa fecha, Reyes Caparrós recibió una invitación a viajar a Rusia para participar de un programa de intercambio cultural coordinado por Yury Zaytsev, un alegado espía ruso. A causa de esto, el FBI inició una investigación sobre Reyes Caparrós en octubre de 2013, después de que comenzara el patrón de represalias que reclama el exempleado. Según la defensa, esta investigación fue la razón de las decisiones que tomaron los superiores de Reyes Caparrós y que el demandante identifica como represalias.
Ni la investigación del FBI –que culminó a finales de 2015, posterior a la renuncia de Reyes Caparrós– ni otra pesquisa llevada a cabo por la Oficina del Inspector General, recomendaron acciones disciplinarias en contra del demandante, ni encontraron conducta criminal, señaló la abogada del demandante.
Además de la jefa de fiscalía federal en Puerto Rico, se espera que funjan como testigos en el juicio el exdirector del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases; María Domínguez, quien trabajó bajo Rodríguez Vélez y actualmente trabaja en el bufete McConnell Valdés; y los reconocidos fiscales federales en la Isla, Timothy Henwood y José Capó. La defensa de Reyes Caparrós tiene 16 personas en su lista de testigos confirmados, mientras que los abogados de Rodríguez Vélez tienen 11.
Ya en el tercer día del juicio, solamente tres testigos habían declarado y el juez Laplante advirtió a los abogados que el proceso se estaba tardando demasiado.
De igual forma, también circulaba una noticia de El Vocero en donde se nombraba a Rodríguez Vélez como una de dos candidatos para ocupar el puesto en propiedad, y otra noticia del Wall Street Journal sobre la alegada intención del Departamento de Justicia federal de reemplazar finalmente a Rodríguez Vélez luego de casi 12 años en el cargo de forma interina.
La jefa de Fiscalía Federal en Puerto Rico fue nombrada al puesto en el 2007 por los jueces del Tribunal Federal de distrito, pero a más de diez años de su nombramiento y una extensión en su término, Vélez Rodríguez nunca ha sido confirmada por el Senado de Estados Unidos.
