ContraReforma Laboral 2017: una ambición patronal desmedida

Todavía es prematuro para evaluar responsablemente el alcance final del Proyecto de la Cámara 453, conocido como la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral que presentó la administración del recién electo gobernador Ricardo Roselló Nevares. Sabemos, sin embargo, que el mismo se aprobará a toda prisa, casi tal cual fue presentado en sus 90 páginas, en un acalarre protagonizado por la Coalición de Organizaciones del Sector Privado y los políticos del Partido Nuevo Progresista que administran, hace una semana la colonia.

Para los nuevos legisladores que acaban de ser juramentados hace apenas unos días, la experiencia debe ser traumática porque devela la falta de participación real en la aprobación de leyes, especialmente esta, tan trascendental para las relaciones sociales en el trabajo. Un proyecto de ley que fue confeccionado fuera de la Asamblea Legislativa y que tienen que aprobar sin siquiera leerlo comprensivamente y siguiendo, para su aprobación, la obediencia que creen deberle a su partido por encima del pueblo que los eligió y dicen representar. Y es que en los ajustes fiscales “a la carrera” y las “reformas laborales”, o mejor decir, las contrareformas patronales unilaterales, que no son consensuadas con otros actores sociales, la primera víctima es la democracia parlamentaria.

El Proyecto de la Cámara 403 del 2017, es una copia, con menú agrandado, del P. de la C. 2696 de octubre del 2015, que bajo en nombre de la Ley para Flexibilizar el Mercado Laboral fuera radicado por Ángel Matos, el entonces Representante del Partido Popular. Éste es agrandado porque es más ambicioso en términos conservadores. El Proyecto propone enmendar comprensivamente 11 leyes laborales, parcialmente otras 10, derogar multiples disposiciones contenidas entre los 43 decretos mandatorios viegentes y la Ley de Cierre. Con esta última nada más y para que sirva como ejemplo de la magnitud de esta reforma, se privan de múltiples derechos históricos a empleados regulares, a los de tiempo parcial, especialmente jóvenes que trabajan los fines de semana, y al personal que ocupa posiciones profesionales y técnicas en sus trabajos, mayormente aunque no limitado al comercio.

Ambos proyectos son producto del cabildeo agresivo y la compra de influencias realizada por la Coalisión de Organizaciones del Sector Privado. Ciertamente, la aprobación de PROMESA les ha dado el contexto ideal para lograr el paquete completo de medidas legislativas para desvalijar, de una vez, los bolsillos de los trabajadores y el erario del país, lo que siempre han pretendido y no habían logrado con sus múltiples propuestas de reformas laborales anteriores.

La contrareforma del 2017, inaugura una nueva política pública laboral, totalmente favorecedora de la empresa e indiferente a la consecución de la estabilidad laboral que brinda el empleo a tiempo completo enriquecido con beneficios marginales. Ahora se trata de ajustar las relaciones de trabajo a la lógica del capital: cero responsabilidad social, ganancias subtanciales para el patrono, contratos temporeros, despido libre, limitadas garantías para el trabajador y un gobierno dócil para facilitar la consecución del reino del capital.

Como decía Jennifer González, actual Comisionada Residente, recientemente “Mi apuesta está en ustedes [refiriéndose a la empresa privada] y no en el gobierno. A nosotros [refiriéndose al gobierno] nos toca ahora hacerles la vida fácil para que puedan llegar a donde quieran” (El Nuevo Día (Versión Digital),12 de enero del 2017). Por lo tanto, se está creando un andamiaje legal de inseguridad e inestabildiad laboral, desmontando la legislación social existente para favorecer a la empresa. Precisamente, se quiere y se nos invita a favorecer con ahorros al sector que es responsable de destruir miles de puestos de trabajo en la última década. Por eso, se prioriza y se promueve una muy exigua protección al trabajo realizado a tiempo parcial, con estructura precaria, con limitados derechos y mucha fluidez contractual.

El escenario está preparado para continuar la saña contra el trabajo a tiempo completo. La reforma quiere perfeccionar unas relaciones de trabajo, sin intermediarios, entre patrono y trabajador directamente, como si fueran partes con igual poder en el relación. Asunto que mirado con recelo, nos ilustra que en su esencia las relaciones laborales que se pretenden aprobar nos retrotraen a finales del siglo XIX, al contrato y su disolución de acuerdo a lo preceptos del Código Civil del 1896. ¡Vaya propuesta de modernidad!

Ahora, le es favorable promover una conveniente pero limitada protección al trabajador a tiempo parcial, dígase las “madres lactantes” que trabajan a tiempo parcial, a la que de paso le hacen más inseguro su trabajo, no le pagarán horas extras y en general terminará despojada del resto de sus derechos y beneficios. Claro está, podrá lactar a su bebe, aunque esté profundamente deprimida por la inestabildiad laboral que le provocan sus condiciones de trabajo. Ahora es también conveniente el conceder a los patronos pequeños más flexibilidad para que participen del conjuro de explotación laboral diseñado con la medida. La invitación legislativa es que aprendan a explotar a sus trabajadores como ya lo hacen sus hermanos mayores en las corporaciones multinacionales. ¡Vaya decreto de defensa a las empresa del patio!

Como toda contrareforma patronal, en esencia, la medida quiere evitarle a los patronos el enfrentar los tribunales e influenciarlos para lograr determinaciones favorables a sus intereses, que ciertamente no son los del pueblo trabajador de Puerto Rico, sino todo su contratio. La lógica patronal de este entuerto programático se repite, el sacrificio de los trabajadores posibilitará que los patronos privados creen los empleos necesarios y así la economía se revitalizará, entre otros cuentos de hadas.

¿Cuántas más pruebas del fracaso de esa propuesta necesitamos como pueblo? No basta con lo sucedido en la última década. No basta con la multiplicidad de reformas laborales fallidas porque no solo no han aumentado el empleo, sino que lo conseguido es endeudar más al país y apartar a muchas personas de su digna condición de trabajador y trabajadora, lanzándoles a las filas del desempleo, el mantengo y la exclusión social. O simplemente, es que no parese horrorizar a nadie que a nuestros conciudadanos trabajadores no le quede más opción que largarse del país, como han hecho 400,000 boricuas en la última década.

Nos dicen los políticos de turno que quieren propiciar “un ambiente favorable para la creación y retención de oportunidades de empleo”. Más aún, que intentan lograr “mayor certeza en los contratos y las relaciones de empleo”. Nos preguntamos cómo es eso posible, si contrario al espíritu de nuestra Constitución y la política laboral vigente que de ésta emana y se amparan precisamente en los estatutos que pretenden enmendar, los patronos proponen que se les permita: más flexibilidad en la contratación y retención para poder despedir libremente y sin consecuencias a los trabajadores. Lo que quieren es más control patronal en imponer los horarios, reducir las protecciones existentes en los beneficios de vacaciones, de licencia por enfermedad, de los bonos y converir en voluntaria la obligación de cumplir con la dación de muchos beneficios marginales que hoy brinda la ley, que en su mayoría son irrenunciables y que son propios de una sociedad justa con atribuciones de un mercado de trabajo decente.

En realidad, después de una década de ser beneficiados por la legislación reformadora, podemos decir sin capricho alguno que en la empresa privada no podemos confiar para crear puestos de trabajo digno, siempre nos han defraudado, acaparan las riquezas, a través de incentivos y excepciones contributivas, y no crean empleos. Los políticos lo saben, pero rinden sus conciencias ante la influencia del dinero que corre por los pasillos del legislativo. Y es así que piensan que lograrán la estadidad. ¡Que partida de ingenuos!

La nueva propuesta de reforma laboral fracasará. No hay que ser un vidente para reconocerlo. Sus propuestas, presunciones y prejuicios son alto conocidos por ser prestados de iniciativas anteriores. ¿Cuáles elementos abonan a nuestro anticipado diagnóstico de fracaso?

En primer lugar, la media no parte de la premisa del sacrifico de todos los sectores del sistema comprensivo de relaciones laborales, sino se trata de sacrificar aún más a los trabajadores, precisamente el sector más débil de esa cadena.

En segundo lugar, la medida es precipitada, se aprueba “fast track”, sin mayor reflexión, presumiendo que eliminando derechos se logra mayor productividad, cosa improbada y realmente imposible, por ser contrario a la lógica.

En tercer lugar, la medida se aprueba de forma unilateral, sin permitir la participación del sector obrero, ni del sector académico con seriedad. Solamente y a toda prisa se ha invitado a opinar a los adeptos ideológicos. Se trata de aprobar una medida programática y punto.

En cuarto lugar, los patronos mantienen su ambición desmedida, quieren más ganancias, quieren incentivos, más ahorro, quieren construir sus fortunas basados en el infortunio de sus trabajadores, arrebatándoles lo poco que tienen. Peor aún, utilizan la medida para pagar menos impuestos y evadir sus compromisos contributivos con Puerto Rico y los Estados Unidos. Para lograr sus propósitos, quieren que se abarate aún más, el costo de la mano de obra, el costo del despido, quieren pagar menos por sus violaciones a las leyes laborales, quieren seguir discriminando y hostigando laboralmente a sus empleados y si por casualidad son encontrados responsables en los tribunales, quieren pagar lo menos posible.

En quinto lugar, las medidas no están conformes con la normativa laboral internacional que recomienda la plena participación de todos los sectores al deliberar medidas de reforma laboral, ello para que perduren y sean exitosas.

En sexto lugar, la justificación de la prisa para actuar dada la emergencia fiscal que sufre el país, es una excusa porque en realidad poco le importa contribuir socialmente. De hecho, parte de las medidas están dirigidas a evitar el pago de contribuciones o la evitación de las mismas tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. En fin, reiteramos, que deufrandan las leyes impositivas del pago de contribuciones con las enmiendas que quieren realizar a la Ley Núm. 1 del 2011, sobre el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico. Ello en clara violación de PROMESA, lo que debería provocar que esas disposiciones, si se aprueban, sean derogadas. De eso, parece tratarse su “sonsonete” de que quieren “armonizar nuestra legislación laboral con la legislación federal análoga”. ¡Vaya fidelidad que tienen a su ideal estadista y su madre patria!

En fin repito, es prematuro analizar la medida, pero lo conocido provoca ASCO. Reitero, puedo asegurar que se aprobará con unas cuantas enmiendas para mostrar un poco de recato y hacer lo “politicamente correcto” en ese mundo legislativo de demagogia tan calculada y diplomacia hipócrita e hiriente. También, que la Ley aportará más miseria a los hogares puertorriqueños, que muchos más perderán sus trabajos o serán sometidos a condiciones de trabajo indignas. Finalmente, que se empobrecerá más el país, desafectando los fondos públicos dirigidos a los pobres en servicios sociales y ofrendándolos como botín al imperio del antiobrerismo o cual “becerro de oro” al capital.

Ahora es tiempo de robo y corrupción institucional, pelota dura que aumenta la vulnerabilidad de los que trabajan ante sus “amos”, cuyas instituciones se han apoderado de Puerto Rico, por ejemplo, con una desprestigiada propuesta de 18 meses de periodo de prueba sin garantía de derechos de retención en el trabajo. Estos, los que han dado un golpe de estado magistral en Puerto Rico, sin derramamiento de sangre evidente y que raptaron la poca democracia que quedaba, actuan impunemente bajo la falsa concepción de que son los trabajadores los culpables de la debacle económica que vivimos. Cosa que todos sabemos, especialmente los legisladores, y que sin la menor duda, no son responsables ni estas personas, ni su decendencia. Tampoco lo son los sindicatos que intentan protegerles y representarlos.

Mientras mueren las esperanzas de nuestro pueblo, lo conveniente para muchos, ante este espectáculo bochornoso donde los ricos, poderosos e influyentes exprimen a los más pobres o débiles, es mirar al otro lado y aceptar pasivamente la receta renovada de “medicina amarga”. ¡Conmigo que no cuenten, espero que contigo tampoco!

No se pierda mañana el inicio de una serie especial sobre la Reforma Laboral propuesta.

El autor es catedrático en la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Pueden contactarlo en: cala2525@gmail.com.