El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó ayer una demanda contra la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, luego de múltiples intentos para que la agencia que esta dirige brindara información sobre las muertes ocurridas en la Isla tras el huracán María. Se trata de “información pública y de alto interés para el Pueblo de Puerto Rico”, apunta la demanda.
En particular, el CPI le solicitó a la directora del Registro Demográfico: la información en detalle sobre las defunciones registradas en Puerto Rico en 2017, en formato de base de datos completa, hasta la fecha más reciente entrada en el sistema del Registro Demográfico; los certificados de defunción emitidos en Puerto Rico desde el 18 de septiembre hasta el presente; las defunciones registradas, desglosadas por día y municipio; los permisos de enterramiento otorgados desde el 18 de septiembre; los permisos de cremación otorgados desde el 18 de septiembre; así como autorización para acceder a la libreta manual en la que se registran los permisos otorgados a cada funerario y casa de cremación en cada una de las oficinas del Registro Demográfico de Puerto Rico.
Unos días después del huracán María, el CPI comenzó a publicar reportajes que revelaban que había docenas de muertes adicionales confirmadas que no estaban siendo informadas por el gobierno, en parte debido a la falta de un protocolo especial para manejar los decesos en casos de desastre, y a la respuesta lenta de las agencias de gobierno. Las periodistas Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch publicaron una serie de historias y los datos oficiales finalmente confirmaron que en septiembre y octubre hubo más de 1,000 muertes en exceso, en comparación con el mismo periodo en 2016. Pero desde entonces, el gobierno no ha dado una explicación a ese exceso de muertes. En diciembre, cuando la cifra oficial de muertes se situaba en 64, el gobernador Ricardo Rosselló ordenó un recuento y un estudio a profundidad de las muertes.
Las partes contra las cuales se dirige el recurso de mandamus “tienen el deber de entregar la información solicitada”, añade la demanda, ya que el Registro Demográfico, adscrito al Departamento de Salud, tiene a su cargo el registro, colección, custodia, preservación, enmiendas y certificación de récords vitales, así como la tabulación, análisis y publicación de estadísticas vitales. La información también ha sido solicitada directamente al secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, sin obtener respuesta.
El CPI es representado en este caso por la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y sus abogados Luis José Torres Asencio, Rafael Rodríguez Rivera, Anette Martínez Orabona y Steven Lausell Recurt.
“Los documentos, materiales e información solicitadas por el CPI son originados, conservados o recibidos por una dependencia del Estado Libre Asociado. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos, a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita”, indica el recurso legal.
“Es urgente que veamos y analicemos esta información, antes de que llegue una nueva temporada de huracanes que nos encuentre a ciegas sobre qué acciones tomar para evitar las muertes”, dijo la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, en un comunicado de prensa.
El CPI es una organización sin fines de lucro que se ha caracterizado por fiscalizar al gobierno y su gestión pública, litigar a favor de la transparencia y abordar temas relevantes a la crisis fiscal, económica y política del país con rigor y profundidad.
