El Sistema de Retiro del Gobierno está en quiebra actuarial y va a ser insolvente en una década. Ha prometido $28,000 millones en beneficios a jubilados, pero sólo cuenta con $4,000 millones para cumplir su promesa. Eso significa que la sociedad va a tener que tomar una decisión: ¿vamos a honrar las pensiones? El economista Orlando Sotomayor, catedrático de economía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, planteó estas cuestiones durante su participación en la Conferencia Económica 2011 organizada por el Centro para la Nueva Economía (CNE) que se llevó a cabo el 25 de marzo.
Para el economista el problema no tiene solución. “Hay que tener una conversación social en torno a este problema” y decidir quién va a pagar. Todos vamos a tener que sacrificar algo. O se reducen los beneficios de los jubilados futuros, o se reducen los beneficios de los jubilados presentes o se le pide a los contribuyentes que paguen.
La agencia clasificadora de deuda, Moody´s dice que va a terminar pagando el contribuyente, y por ello, recientemente, los déficit actuariales de los sistemas de retiro se han añadido al cálculo de la deuda pública. “En promedio nos va a costar entre $1,500 millones y $1,800 millones. Eso, básicamente, es dos UPR”, calcula Sotomayor.
El Gobierno ya está muy endeudado y depende de un reducido número de contribuyentes para financiar el gasto público. Menos de 5% de los contribuyentes paga la mitad de las contribuciones personales. Otra estadística. El 12% de los hogares son responsables por el 70% de las contribuciones. El que un reducido número de personas financien el Estado crea mucha tensión social, asegura el experto. “Pedir una contribución adicional a ese pequeño número de personas que financia el Estado…hay un pequeño margen para hacer eso”, opina. Y dice que “en Puerto Rico tenemos tasas contributivas escandinavas sin los servicios escandinavos”.
El envejecimiento y la disminución de la población reducen la capacidad para asumir la deuda. “A menos que los trabajadores aumenten su productividad de forma sustancial o aumenten los inmigrantes, no nos queda otra que aumentar la tasa de participación de los trabajadores. La pregunta es cómo lo vamos a hacer en una sociedad donde el 75% de los habitantes no cuenta con un trabajo”.
Sotomayor explica que en gran medida la reducida participación laboral es un problema de jubilación temprana entre los hombres de entre 55 y 64 años. Un proceso que se inició en los años 70, coincidiendo con el comienzo de las grandes transferencias federales.
Tenemos un sistema de bienestar social de país avanzado, con salarios de país en vías de desarrollo. Los efectos, dice, son predecibles. La solución está en reducir los incentivos a la jubilación y estimular que se prolongue la vida laboral.
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