Cuando “el Estado” me agrede

“Me dio una mujer policía. Primeramente me dio en la rodilla para tumbarme. Ellos tienen la táctica de darte por la rodilla para luego tumbarte al piso. Entonces me tiró otra vez y me dio en la mano porque yo puse la mano, pero ella me tiró para darme aquí”, relató a Diálogo la residente de Villas del Sol Maritza de la Cruz, señalando hacia su vientre que al momento de este incidente se encontraba en su octavo mes de gestación. La odisea de Maritza, el pasado 3 de agosto, cuando un contingente de policías arribó en horas de la madrugada con la intención de desalojarlos, no terminó ahí. “Tuve que salir como a la media hora para el hospital y no querían dejar salir el carro donde me iban sacando”, narra la joven madre de ascendencia dominicana. Durante la agobiante espera alcanzó a ver cómo varios agentes del Orden Público golpeaban a otro de los vecinos de esa comunidad del municipio de Toa Baja. “Lo tiraron al piso, le dieron con la macana, le dieron choque eléctrico [usando una taser, arma conductora de electricidad], lo patearon y cuando le pusieron las esposas casi le rompen la mano. Fue algo bien traumatizante”, subraya. Finalmente logró salir hacia el médico, pero se enteró más tarde que su hijo de apenas 6 años también fue agredido ese día. El niño recibió un macanazo en la espalda y quemaduras con gas pimienta en el rostro. También Laura Motta, otra residente, fue golpeada ese día. “Estábamos en una cadena de oración pidiéndole a Dios por un milagro para que no cerraran la calle y por la paz y nos agredieron. Yo estaba al frente y me dieron entre tres policías. Me agarraron del pelo y me dieron con la macana y quemaron mi cara con el pepper spray”, recordó indignada la mujer de origen mexicano. Ambas mujeres llegaron a Villas del Sol en busca de un espacio donde vivir. Maritza, empleada doméstica, y su esposo, obrero de construcción, hacían malabares para pagar una vivienda en la urbanización Santa Juanita en Bayamón. “La renta era muy alta. Pagaba $700 de casa, entre $300 y $400 de agua y luz, más el cuido del nene, más el teléfono. Se nos hacía un poco difícil”, confiesa. Y se tornó más duro aún cuando las oportunidades de empleo disminuyeron para su esposo tras el inicio de la crisis en la industria de la construcción. Fue entonces que decidieron mudarse a Toa Baja. Laura, secretaria de profesión, también arribó a la comunidad cuando se le agotaron las opciones. “Tengo educación, pero de qué te sirve la educación en este momento si no hay trabajo para tu oficio”, manifestó la mujer, quien actualmente se gana la vida como vendedora ambulante. Al no generar suficientes ingresos como para adquirir una casa, solicitó infructuosamente la ayuda del Departamento de la Vivienda. “Tuve que limpiar una parcela para fabricar una casa porque cuando fui a buscar vivienda pública me dijeron que eran 10 años la lista de espera”, indicó. “Esto no es robar, es una lucha por sobrevivir”, expresó ahogada en lágrimas. “Cuando todas las avenidas se te han cerrado tú haces lo que tengas que hacer para darle un techo a tus hijos”, agregó la madre de tres adolescentes. Maritza y Laura son las portavoces de esta humilde comunidad compuesta por doce “calles”, caminos de tierra y piedra entre los que habitan más de 200 familias en casas construidas principalmente en madera y zinc.

Desde ese 3 de agosto, la comunidad permanece sitiada. Algunos niños corren y juegan cerca del camión cisterna que suple agua a los residentes desde que el Gobierno les cortó los servicios de agua y luz. A unos pocos pasos, un grupo de hombres y mujeres se mantiene atento a la patrulla policiaca estacionada al frente. Cerca de ella, conversan entre sí dos de los aproximadamente 10 agentes que forman parte del cuerpo de vigilancia que les tienen asignado las 24 horas. Mientras, las cámaras colocadas estratégicamente en los dos postes del tendido eléctrico de ese segmento de la Avenida Sabana Seca, donde ubica Villas del Sol, graban todo el escenario. Esta finca, ubicada en la costa norte de la Isla, ha sido ocupada en varias ocasiones por cientos de familias sin techo propio. Su cercanía al río La Plata la hace susceptible a inundaciones, argumento utilizado por las autoridades para sacar a los residentes. El Gobierno alega que de no ser desalojados tendría que devolver el dinero otorgado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para reubicar a las familias de Villas del Sol que se vieron afectadas por las lluvias del huracán Georges en 1998. Las explicaciones no convencen a los residentes pues sostienen que han construido con el consentimiento del Estado e incluso con su cooperación. Arguyen que durante la época electoral el propio Municipio les ayudó con materiales para instalar el agua y la luz. El verdadero motivo del desahucio, según ellos, responde a la presión de poderosos intereses que pretenden explotar comercialmente esa parcela que es propiedad de la Autoridad de Tierras. Nada nuevo bajo el sol La violencia de la que dan testimonio estas dos mujeres no es nueva. La agresión física de la fuerza policiaca contra los rescatadores de tierras se ha suscitado en distintos momentos históricos. La doctora Lilliana Cotto, documenta en su libro Desalambrar algunos de estos incidentes. Resalta entre ellos “las tomas de tierra”, como prefiere llamarle, de la década del ochenta, especialmente los rudos encontronazos en Villa sin Miedo. También figura en ese registro histórico el asesinato de Adolfina Villanueva, perpetrado por la policía en un desahucio en Loíza. Pero los rescatadores de tierras no han sido las únicas víctimas. Los asesinatos de varios nacionalistas en la década de 1950 y de dos independentistas en el Cerro Maravilla en 1978 atestiguan sobre ello. También las agresiones cometidas contra estudiantes durante distintas huelgas universitarias y manifestaciones de trabajadores, como ocurrió a finales del 1990 en la huelga de la Telefónica. Otro caso inolvidable es el del ciudadano Miguel Cáceres quien, inmóvil y en el suelo, fue ultimado a tiros por un policía en Humacao. El incidente más reciente ocurrió en la Avenida Universidad, donde un grupo de jóvenes fue golpeado por la Policía Municipal de San Juan y la División de Operaciones Tácticas de la Policía (DOT), conocida popularmente como la Fuerza de Choque. ¿Por qué una división del Estado que debería brindar protección a la gente se torna contra ella? No existe una contestación única a esta pregunta. Las posibles explicaciones van desde el origen mismo de la policía, que se percibe como una fuerza represora para garantizar el control social, hasta la ausencia de una educación cívica en torno a los derechos humanos, según especialistas consultados por Diálogo. “En el caso de la Policía, hay unas manifestaciones de violencia, que tienen que ver a mi juicio con algo que es ideológico y que está muy conectado con el vínculo que tenemos con Estado Unidos”, opinó el doctor José Luis Méndez, catedrático del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Explicó, que en Estados Unidos la Policía tiene una visión de mano dura y la teoría de que los problemas de ley y orden se resuelven “por ese monopolio exclusivo que tienen los cuerpos policíacos”.

Agregó que esa percepción de cómo establecer el orden fue importada a Puerto Rico a través de la cultura de masas, especialmente el cine y la televisión. Destacó que dicha noción se incrementó mediante el establecimiento de divisiones como la Fuerza de Choque que recibe un adiestramiento especial para resolver conflictos violentos. “Yo me pregunto hasta qué punto eso tiene que ver con el hecho de que se les va de las manos o que simplemente por la formación que han recibido esos policías, el reclutamiento que se hace de ellos y su visión de cómo tienen que actuar, está siendo configurada en esa dirección”, cuestionó. Por su parte, Anita Yudkin, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la UPR, indicó que es evidente que en la Isla predomina el desconocimiento en materia de derechos humanos. “Tenemos un déficit de educación cívica”, subrayó. Indicó que desde el 2004 la Organización de las Naciones Unidas emitió una resolución para que cada país desarrollara un plan de acción para educar a la gente sobre estos temas, pero en Puerto Rico no se ha hecho nada al respecto. Es el sistema Los entrevistados se mostraron preocupados por el recrudecimiento de la violencia institucional en los últimos meses. Observaron que esa misma conducta agresiva ha sido palpable en otras ramas del Gobierno hacia instituciones sociales como el Fideicomiso de la Tierra, CAUCE y el Colegio de Abogados. Yudkin manifestó que el modelo de sociedad que está impulsando el poder gubernamental no está basado en los principios democráticos ni en el respeto a los derechos humanos. También, Méndez opinó que lo que estamos viviendo es un resquebrajamiento de nuestro modelo democrático. Según él, los incidentes de violencia acaecidos en los últimos meses evidencian que el modelo de democracia representativa, que es aquél donde el pueblo le da poder a una clase política para que les represente en la toma de decisiones, fracasó. “Están en una orgía de prepotencia”, comentó. Una prepotencia que asume quien se sabe tener el control absoluto de todas las instituciones políticas y el apoyo de las clases sociales más poderosas. De hecho, otra de las teorías planteadas por Alfonso Román, de Amnistía Internacional, es que esta violencia se impulsa desde una lucha de clases, donde hay un sector dominante compuesto por distintos grupos de poder (banqueros, desarrolladores, religiosos y políticos) que intenta controlar a la sociedad para imponerle su agenda. Tanto las comunidades pobres, que se resisten a la voluntad de ese poder porque choca contra sus necesidades más elementales (como la vivienda), como los jóvenes universitarios que denuncian el cinismo de estos grupos, son vistos por estos sectores controladores del Estado como una amenaza a la perpetuación de su poder. Méndez advirtió que a medida que la situación económica y social de la isla continúe deteriorándose, como todo parece indicar que sucederá, tendremos como consecuencia mayor criminalidad, mayor violencia y mayores confrontaciones. Para ver la edición de Diálogo en PDF haga click aquí