Expertos y activistas acogen con una mezcla de esperanza y escepticismo a la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible (Hábitat III), inaugurada este lunes 17 en la capital de Ecuador, y que busca generar una nueva agenda para las ciudades y sus habitantes.
Esas voces confían en que la cumbre, que concluye hoy, aporte elementos para enfrentar los crecientes problemas que azotan las metrópolis, como la desigualdad, la violencia, los efectos del cambio climático y la carencia de servicios básicos, como acceso a agua potable y electricidad.
Pero, por otro lado, temen que los Estados participantes asuman una serie de compromisos y luego se olviden de ellos, como ocurrió con la primera conferencia en Montreal, en 1976, y la segunda en Estambul, en 1996.
Durante la inauguración de la cumbre, Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, recordó el lado oscuro de la urbanización.
“Es justo decir que la planeación urbana no ha marchado de la mano con la urbanización masiva. Mil millones de personas viven en barrios marginales donde no tienen acceso a servicios básicos como agua, alcantarillado y energía. Esto ha provocado muchos efectos negativos”, afirmó.
Añadió que “75% de nuestras ciudades tienen hoy mayores niveles de inequidad del ingreso que en 1996. Y 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero y la basura global se originan en las ciudades”.
Mientras, el anfitrión, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, censuró la especulación de la tierra y la plusvalía ilegítima que han favorecido “a unos pocos”.
“Esto es común en Latinoamérica, también la miseria y la exclusión favorecida por el sistema de mercado; los pobres no existen para el mercado”, acusó el gobernante, elegido como presidente de Hábitat III.
Defensores del derecho a la ciudad, conjunto de derechos en el ámbito urbano, comparten esa visión.
“Los problemas de las ciudades son la exclusión, la segregación y la marginación. Tenemos ciudades indeseables, inaceptables. Son el reflejo de un sistema que ha fracasado. Hábitat III tiene los nichos para abordar esos problemas”, señaló a IPS la salvadoreña Claudia Blanco.
La directora ejecutiva de la no gubernamental Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) participa en el foro paralelo Hacia un Hábitat 3 Alternativo, que reúne a académicos y activistas en la sede Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Blanco utiliza una frase para resumir la semilla de varios de los flagelos urbanos de la región: “El lugar donde se vive importa”, puesto que “muchos jóvenes salvadoreños no califican para un trabajo por su sitio de residencia, aunque tengan aptitudes”.
Fundasal se dedica al acompañamiento a cooperativas de viviendas y otras agrupaciones de la sociedad civil en un país que padece de un déficit cualitativo y cuantitativo de unas 450,000 hogares.
Hábitat III, organizada por ONU Hábitat y a la que asisten unos 50,000 delegados de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, universidades y empresas, desembocará en la “Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos sostenibles para todos”, conocida también como Nueva Agenda Urbana, la guía para la actuación política los próximos 20 años.
En ese documento, aún sujeto a negociaciones finales por parte de los Estados, estos se comprometen a combatir la pobreza, la desigualdad y la discriminación; mejorar la planificación urbana; y construir metrópolis resilientes al cambio climático.
Los debates de Hábitat se suceden en un área céntrica amurallada y fuertemente vigilada de Quito, una urbe de 2.6 millones de personas.
Además, confluye también un segundo foro social, el de “Resistencia a Hábitat III”, que congrega a organizaciones sociales de todo el mundo para abordar asuntos como el rechazo a los desalojos y defender el derecho a la ciudad y otro conjunto de derechos en el ámbito urbano.
Para la brasileña Evaniza Rodríguez, dirigente de la Unión Nacional de Vivienda Popular, la Nueva Agenda Urbana carece de “nuevas cosas”, porque muchas “están desde siempre”.
Rodríguez insistió a IPS en “la necesidad de renovar nuestra forma de aproximarnos al derecho a la ciudad y entender el territorio como bien común” y cuestionó la participación limitada de la sociedad civil en la construcción de la agenda, que “los Estados no quieren discutir”.
La Unión promueve el acceso a vivienda y busca influir en el diseño de legislación y políticas públicas del sector en un país con un déficit cualitativo y cuantitativo de unos siete millones de casas.
En América Latina y el Caribe viven al menos 641 millones de personas, de las cuales 80% habita en zonas urbanas. Al menos 104 millones residen en asentamientos informales.
Para Horacio Corti, defensor general de la Ciudad de Buenos Aires, la Nueva Agenda Urbana es “muy genérica” y sería deseable que fuese “más precisa”.
Corti, quien presentó este lunes 17 su libro “Derecho a la Ciudad, derechos culturales, cultura del Derecho” en el Foro Alternativo, indicó que, si fue posible construir el derecho a la ciudad en América Latina, “¿por qué no pensar en un acuerdo sobre derecho a la justicia?”, ejemplificó.
En el Plan de Aplicación de la Nueva Agenda Urbana organizaciones sociales, académicas y empresariales han inscrito ya 52 proyectos urbanos, entre los cuales figuran emprendimientos provenientes de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México sobre temas como calidad del aire, construcción sostenible y diseño resiliente.
Ante el eventual cierre de las negociaciones en torno a la Declaración de Quito, la no gubernamental Coalición Internacional para el Hábitat, con sede en Marruecos, prepara un pronunciamiento para este martes 18, mientras que el foro alternativo hará lo propio entre miércoles y jueves, ambos caracterizados por una perspectiva crítica.
A criterio de Blanco, la cumbre no debe derivar en “una receta”, porque “la producción social del hábitat” es “un proceso, no un producto”.
La fuerza, resaltó la activista, de hacer realidad los compromisos, está “en nosotros” y no en los gobiernos. “Podemos centrar el debate en el fomento a la producción social del hábitat pero ese requiere de soluciones a largo plazo”, planteó.
Por su parte, Rodríguez consideró que “las políticas públicas deben atender los derechos”, por lo cual “la agenda es un llamado a trabajar por nuestros derechos y enfrentar los conflictos que van a surgir. Debe reconocerse a la ciudad como un bien común”.
A juicio de Corti, se ha constatado que “la injusticia espacial” se refleja en “injusticia territorial”, ejemplificada por la especulación inmobiliaria y la edificación de viviendas desconectadas e insostenibles.
“Por eso, sin justicia social y urbana no hay ciudadanía”, subrayó.
