Defienden en la Cámara la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Los proponentes de la medida que obligaría al gobierno a publicar una mayor cantidad de información en nombre de la transparencia, y que crearía la posición de Defensor de la Información Pública y una junta que decidiría sobre las posibles violaciones a la ley, tuvieron ayer su turno al bate en la legislatura en defensa del proyecto.

El periodista Óscar Serrano, el licenciado Efrén Rivera Ramos y el exlegislador independentista Víctor García San Inocencio, en representación del Centro de Periodismo Investigativo, endosaron el Proyecto de la Cámara 2944 por entender que provee tanto a periodistas como a la ciudadanía en general, un mecanismo adicional a los ya existentes al momento de exigir información al gobierno.

“Este proyecto es de suma importancia para nuestro país. Va dirigido a incrementar la transparencia en las operaciones del gobierno de Puerto Rico y a fortalecer el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública de todos los miembros de nuestra comunidad. Esto son condiciones necesarias para el funcionamiento de una democracia verdaderamente operante”, expuso Rivera Ramos en su ponencia ante la Comisión de Gobierno que preside José “Conny” Varela, uno de los autores de la medida.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación y a la Información Pública crea la política de “Datos Abiertos”, estableciendo 20 categorías de información que cada dependencia del gobierno tendría que publicar constantemente en Internet sin necesidad de que sea solicitada.

Los proponentes, asimismo, resaltaron que la propuesta ley le serviría, más que a los periodistas, al ciudadano común y corriente.

“Es decir, no es un derecho que puedan reclamar solo algunos sectores, como la prensa o ciertas entidades u organizaciones con interés especial en un asunto. Por el contrario, es un derecho reconocido a toda persona que solicite información y documentación pública. Esto quiere decir que a ninguna persona, para honrarle su solicitud, se le puede preguntar para qué quiere la información o como la va a utilizar”, manifestó Rivera Ramos.

“Más que una ley de derecho a la información, es también una ley de transparencia en el sentido más amplio. Se trata de una medida verdaderamente innovadora en nuestro medio”, agregó el también profesor de derecho constitucional, al argumentar que, de convertirse el proyecto en ley, Puerto Rico se colocaría a la “vanguardia” del movimiento a favor de la libertad de información, por delante de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos.

“Con esta ley yo le puedo decir al funcionario que si no me das la información en un tiempo razonable yo voy a iniciar un procedimiento formal bajo la ley para que me la tengas que dar. Eso coloca al periodista en una posición mucho más beneficiosa a la hora de solicitar la información. Ahora tenemos que rogar. Mañana podremos exigir bajo esta ley que se nos tenga que dar la información”, aseguró por su parte Serrano.

Uno de los aspectos innovadores de la medida es la creación de la Junta Administrativa Revisora, un cuerpo integrado por tres miembros y un suplente que tendría la responsabilidad de revisar aquellos casos de denegación de información que algún ciudadano lleve ante su consideración. Los miembros de dicha Junta serían designados por el gobernador y cobrarían una dieta de $200 por cada día de trabajo. Mientras, el que fuera escogido presidente del ente -quien de acuerdo al proyecto de ley tendría que ser un abogado- cobraría un salario equivalente al de un juez superior, alrededor de $90 mil.

Por otro lado, el denominado Defensor de la Información Pública estaría a cargo de representar legalmente a las personas que decidieran llevar su caso a la Junta. El Defensor tendría la potestad de escoger los casos que ameritan prioridad de acuerdo a factores tales como la condición económica del solicitante, así como la pertinencia de la información o documentación que haya sido denegada por el gobierno. Al igual que el presidente de la Junta Revisora, el Defensor tendría el salario y beneficios de un juez superior. El gobernador nombraría al Defensor de entre tres candidatos sometidos por un puñado de organizaciones sin fines de lucro. El término del nombramiento no queda claro, puesto que el proyecto, según radicado, establece en su artículo 17 que será por cinco años, antes de mencionar en el siguiente párrafo que es por un periodo de seis.

Oposición de la ASPPRO

Por entender que representa un costo adicional al País en tiempos de crisis, así como que redundaría en mayores trámites burocráticos que retrasarían el proceso de obtener información pública, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) se opuso a la medida, aunque por falta de espacio no tuvo la oportunidad de deponer ayer en la vista.

“Este proyecto de ley parte del reconocimiento de la autoridad y la obligación del estado para controlar la información y documentación pública. De ahí que como cuestión de principio la ASPPRO rechace este proyecto. El estado no puede ejercer el rol de controlador o regidor de la información pública, precisamente por la naturaleza misma de dicha información”, expresó en un comunicado de prensa Juan Hernández, presidente de la organización.

Además, la ASPPRO denunció el que la Junta Administrativa Revisora funcione como una agencia de gobierno, así como los sueldos que devengarían tanto el presidente de la Junta como el Defensor de la Información Pública. Siguiendo esa línea, la Asociación señaló que el Oficial de Información -puesto que se crearía en cada agencia gubernamental para hacer pública la documentación que esta genere- duplicaría las funciones de los ya existentes oficiales de prensa.

Por último, la Asociación señaló que la codificación de expedientes que establece el proyecto de ley -según el cual los funcionarios estarían en la obligación de llevar “un registro de las gestiones que realiza, de la información que obtiene y de los documentos que genera”- permitiría que estos fueran identificados y por lo tanto se cohibirían a la hora de facilitar información importante a la prensa.

Al cuestionarle el representante por el Partido Popular Democrático, Luis Raúl Torres, a Serrano por la oposición de la ASPPRO al proyecto, el periodista se limitó a decir que los acercamientos que se le hicieron a la Asociación para que se integraran de alguna manera al proceso de redactar la medida fueron rechazados. “En conversaciones que la ASPPRO ha tenido con los proponentes se ha establecido por ellos como un hecho que después que nosotros compartimos la medida con ellos hace unos meses, la junta actual determinó que por principio o por lo que fuera no iban a apoyar la medida. Esa decisión nunca se le divulgó a los proponentes”, dijo el expresidente de la organización periodística.

Luego, en un aparte con Diálogo, el también abogado criticó lo que considera es la “visión bien estrecha” de la Asociación. “La ASPPRO se ha colocado en una posición de inflexibilidad donde simplemente hay una oposición total al mero concepto. El proyecto no controla la información, porque lo primero que dice es que toda la información es pública. Si partes de la premisa de que toda la información es pública no se está controlando nada. Lo único que tiene es lo mismo que existe ahora en la jurisprudencia, algunas excepciones. (En el proyecto) hay una reducción en las excepciones”, enfatizó Serrano.

Se espera que las vistas continúen la semana que viene, cuando le tocaría a los opositores de la medida deponer ante la Comisión, indicó Varela al finalizar la vista.

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