La gigantesca y perdidosa emisión de bonos que la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) realizó en 2008 es el centro de una demanda de clase en la esfera federal en la que se impugnan las prácticas financieras y éticas de la casa de corretaje UBS Financial Services. El pleito contra la firma de manejo de inversiones abre una ventana al usualmente secreto mundo de las conexiones entre el poder público y privado en Puerto Rico. Las alegaciones de la demanda de clase, radicada el 19 de febrero en el Tribunal Federal, revelan también cómo las transacciones financieras, muchas veces incomprensibles para los que no están especializados en ellas, pueden tener efecto directo sobre individuos y apuntan a cómo un ente privado, UBS, puede manipular a una entidad como el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). En este caso, los afectados son los Planes de Beneficiencia de los empleados de los muelles y de la Autoridad de los Puertos (AP). UBS, supuestamente, manipuló los fondos en los que los empleados tienen sus inversiones para comprar bonos de la ASR, que la misma UBS estaba mercadeando. El resultado fue que UBS ganó $27 millones en comisiones, y la cartera de inversión de los empleados acabó con bonos casi chatarra de la ASR. La demanda pide que la comisión y otras ganancias relacionadas que obtuvieron UBS y sus directivos, sean colocadas en un fideicomiso. La manipulación alegada está en que UBS recomendó a la ASR que hiciera la emisión, UBS mercadeó la emisión, y UBS utilizó el dinero de los empleados, invertido en sus respectivos planes, para comprar la mitad de los bonos. Por cada una de esas facetas –lanzador, bateador, y jardinero, en el argot beisbolero– UBS ganó dinero. Pero no los empleados, porque los bonos no sólo eran casi chatarra, sino que su rendimiento era tan cuestionable que no se pudieron vender fuera de Puerto Rico. La agencia de noticias especializada Bloomberg ya había identificado el potencial de conflicto que existía en la relación de UBS con la ASR en una nota que circuló el año pasado. Por su parte, una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) confirmó que, lejos de aliviar las finanzas de la ASR, la venta de bonos la empeoró, porque aumentó la deuda con los bonistas y no se tuvo la inyección de efectivo que se esperaba para reducir el déficit del sistema. De probarse ciertas las alegaciones, el pleito podría poner en entredicho decenas de otras transacciones financieras que UBS realizó con el gobierno y con clientes privados. De hecho, la demanda pide que se certifique como clase a los inversionistas que, igual que los empleados de los muelles, tienen dinero colocado en los fondos de UBS Puerto Rico Fixed Income Fund II, III, IV, y el Tax-Free Puerto Rico Fund II, que se usaron para comprar los bonos de la ASR. En los pasados cinco años, UBS ha tenido al menos 25 contratos de distinta naturaleza con la ASR, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles, el Sistema de Retiro para Maestros, el Banco Gubernamental de Fomento, la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado, el Municipio de Guaynabo, el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional, la Corporación de la Orquesta Sinfónica, y la Corporación para las Artes Escénico-Musicales. Los contratos suman unos $3.8 millones pero, como ilustra la demanda, UBS no hace su ganancia en los contratos, sino en las transacciones financieras derivadas. Por ejemplo, los contratos de UBS con la ASR suman $1.1 millones, pero la comisión que se ganó por mercadear los bonos es de al menos $27 millones. Los tentáculos de UBS El pleito incluye como demandados a los miembros de las Juntas de Directores de los cinco fondos de inversión involucrados en la compra de los bonos de Retiro. A éstos se les imputa negligencia y fraude, debido a la responsabilidad fiduciaria que tienen sobre inversiones como la de los empleados de los muelles. La gerencia de UBS ni algunos directivos contactados tuvieron comentarios, pero su presidente, Miguel A. Ferrer le había asegurado a Bloomberg que en cada paso de la transacción cumplieron con la ley. La lista de miembros es un “todos estrellas” del sector privado en la Isla y permite asomar a la red de conexiones e influencia que UBS ha levantado bajo el mando de Ferrer. También apunta al control que la entidad tiene sobre el mercado local. De hecho, UBS agrupa bajo sus distintas identidades corporativas a la mitad de las licencias de corretaje de inversiones en la Isla. Ferrer y Carlos Ubiñas son, a la vez, los número uno y dos de la sombrilla de UBS, así como de cada una de las juntas involucradas en la demanda. De la plantilla regular de UBS también están demandados Stephen C. Roussin, Director Ejecutivo de UBS Financial, y Leslie Highley Jr., Vicepresidente Senior de UBS Financial. Otros miembros demandados son: –Mario Belaval, vicepresidente de Triple S Management. UBS mercadeó y usó dos de sus fondos para comprar completamente una emisión de $35 millones que hizo Triple S en 2006; Belaval sirve en las juntas de otros fondos de inversión privados en la Isla y en todos los que tienen alguna conexión con UBS; la compensación por su servicio a los fondos de UBS durante el período de la demanda fue de $137,531. -Agustín Cabrer Roig, presidente de Antonio Roig Sucesores. Miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico y de la Junta de Gobierno de la Administración de Terrenos; desarrollador del Marbella Club en Palmas del Mar; su compensación por los fondos de UBS fue $101,531. -Gabriel Dolagaray Balado, ex miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico (BDE) con el ex gobernador Rafael Hernández Colón; ex presidente de la Cooperativa de Seguros de Vida (Cosvi). Su compensación fue de $92,031. -Carlos Nido, vicepresidente de Ventas de El Nuevo Día. UBS también ha comprado bonos en las emisiones que ha hecho el periódico; su compensación fue de $92,031. -Luis M. Pellot González, su compensación fue de $100,031. -Vicente J. León, vicepresidente de Triple S, a quien UBS le compró la totalidad de la emisión de $35 millones que hicieron en 2006. Su compensación: $68,531. -Clotilde Pérez, ex vicepresidenta de la división de capital de riesgo del BDE; oficial corporativo de V Suárez & Co. Los empleados demandantes alegan que los miembros de Junta estaban demasiado comprometidos con UBS como para velar porque el dinero de los fondos se utilizara sabiamente en vez de en compras cuestionables como la de los bonos de ASR. Entre todos, los directores sirven en las juntas de 43 fondos que maneja UBS. “Los demandados colocaron sus propios intereses por delante de los intereses de los fondos, y de los inversionistas de los fondos”, señalaron. Además de los mencionados en la demanda, distintas posiciones en la plantilla de UBS están al mando de personas con vínculos familiares a figuras públicas influyentes. El hermano del gobernador, Luis Fortuño; el hijo del juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, y uno de los hijos del ex presidente del BGF, Alfredo Salazar, tienen posiciones en UBS. También, a través del director Francisco J. Rodríguez Castro y de organizaciones como la Securities Industry Association, UBS organizó el cabildeo para la reforma fiscal, el impuesto sobre las ventas y uso, y la ley de incentivos industriales. Una investigación legislativa que el presidente senatorial sometió el año pasado sobr el trámite de UBS en la ASR ha quedado en nada. Todas las bases cubiertas De hecho, la investigación del CPI sobre los problemas en la ASR encontró que Salazar minimizó el riesgo de la gigantesca transacción desde su posición como presidente de la Junta de la ASR. “Los demandados no deben proveer consultoría al que emite los bonos, mercadear esos bonos, y entonces comprar la mayoría de esos bonos a través de los fondos mutuos que maneja”, resume la acción de los empleados de muelle y añade que “UBS controlaba a los compradores y a los vendedores (y les cobraba comisiones a ambos)”. Este tipo de transacción, según el pliego, sería ilegal para un fondo de inversión que se maneje fuera de Puerto Rico pero, como estos fondos de UBS se manejan exclusivamente dentro de nuestra jurisdicción, la ley no los cubre. “UBS ha intentado explotar esa laguna (de la ley) para dominar el mercado de Puerto Rico y extraer comisiones exorbitantes e indebidas mediante forzar que sus Fondos-inversionistas cautivos se involucren en transacciones totalmente inadecuadas”, indica una de las alegaciones. En la transacción con ASR, a UBS se le acusa de usar sus fondos como zafacón para crear artificalmente un mercado para los bonos “tóxicos” de la agencia, y así garantizar el cobro de su comisión. La visión que UBS vendió a ASR como consultores incluía vender bonos por $7,000 millones, pero se quedaron cortos y prácticamente los únicos bonos que pudieron vender fueron los que ellos mismos compraron a través de los fondos. El 24 de enero de 2008 el BGF publicó un comunicado de prensa en el que se ufanaba de que los bonos de la ASR eran tan atractivos a los inversionistas que ya habían vendido $1,456 millones de ellos en el mercado local. “El mercado demostró un gran apetito para esta emisión”, dijo el entonces administrador Juan Cancel, sin aclarar que el que había comprado los bonos era el propio UBS. La compra ocurrió a pesar de la clasificación casi chatarra que tuvieron porque, según los analistas financieros de Fitch’s, los bonos no tenían una fuente de repago adecuada. Con el comunicado, el BGF, la ASR y UBS esperaban crear una ola favorable que les permitiera vender los otros $1,500 millones. No obstante, menos de un mes después, el BGF anunció que había frenado indefinidamente la venta de esta segunda emisión y el plan de $7,000 millones, debido a las “condiciones tumultuosas del mercado de valores”. “El mercado no tenía ‘apetito’ para los bonos de la ASR, era simplemente UBS la que tenía ‘apetito’ por lo que ellos mismos habían cocinado”, subraya la demanda. La demanda está en la sala de la jueza Aida Delgado Colón, pero ésta, y cualquier otro juez federal, tendría que inhibirse si tuviera alguna inversión en uno de los fondos de UBS, porque hay una regla que prohíbe a los jueces federales decidir controversias que tengan un efecto sobre sus inversiones personales. Los bufetes que suscribieron el pleito son los del licenciado Harry Anduze y Sosa Lloréns, Cruz-Neris & Associates (de Puerto Rico); y Grant & Eisenhofer, Gardy & Notis, y Sadis & Goldberg (de Nueva York, Nueva Jersey, y Delaware). Para acceder al texto original puede visitar: http://cpipr.org/inicio/index.php?view=article&id=136%3Ademanda-contra-ubs-por-movidas-cuca-gomez&option=com_content&Itemid=105
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