La entidad no gubernamental Espacios Abiertos (EA) presentó hoy un recurso de Mandamus ante el Tribunal Superior de San Juan en el que se solicita que el gobierno de Puerto Rico “cumpla con su obligación de garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía”.
En su demanda la organización solicita se haga público el Análisis de Sustentabilidad de la Deuda (DSA, por sus siglas en inglés) que llevó a cabo el Gobierno, según lo requiere la ley PROMESA en la Sección 201(b)(1)(I) y con el cual establece los supuestos del plan fiscal que la Junta de Control Fiscal (JCF) certificará en los próximos días y que regirá las finanzas del gobierno por los próximos cinco años.
En la demanda, Espacios Abiertos alega que “el gobierno de Puerto Rico ha incumplido con su deber constitucional de permitir acceso a los supuestos y el modelo de sostenibilidad de la deuda utilizados en el diseño del nuevo plan fiscal sometido a la JCF el 24 de enero de 2018, además de los supuestos y el modelo de sostenibilidad de la deuda utilizado por el Gobierno en relación con el nuevo plan fiscal sometido el 12 de febrero de 2018”.
Según un comunicado de la entidad, “el DSA es un estudio que se paga con fondos públicos y que sirve para determinar cuánto, en un marco realista, puede o no pagar Puerto Rico de su deuda pública”.
A partir de ese análisis es que pueden establecerse los supuestos sobre cómo se usarán los recursos disponibles para cumplir con todas las obligaciones públicas. La Sección 201 de la Ley PROMESA requiere la inclusión de los referidos supuestos y el modelo de sostenibilidad de la deuda (DSA) como parte de todo Plan Fiscal certificado.
“Aunque es mandatorio incluir los referidos supuestos y el DSA en el Plan Fiscal que ha de ser aprobado por la Junta, AAFAF ha rehusado revelar el DSA y, por ende, los referidos datos necesarios y cruciales para el futuro de Puerto Rico y sus ciudadanos y ciudadanas”, lee el recurso de Mandamus.
La demanda establece que “hace más de 35 años, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció el derecho de la prensa y de los ciudadanos a tener acceso a la información pública como un derecho de carácter constitucional (Soto v. Jiménez, op. Cit). El derecho de acceso a la información pública emana de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación consagrados en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el plano internacional, el derecho de acceso a la información pública es reconocido en varios tratados internacionales como un derecho humano fundamental que facilita el ejercicio de otros derechos humanos, imprescindible para hacer efectivos estos otros derechos”.
“Las revisiones del plan fiscal tras el paso de los huracanes decidirán nuestro futuro por los próximos cinco años. La participación ciudadana es un derecho que tiene garantizarse en cualquier democracia. El pueblo es el soberano, tiene que poder participar activa, oportuna y efectivamente en los asuntos que le afectan. Pero el proceso entre el Gobierno y la Junta en vez de ofrecer más transparencia y confianza ha venido a añadir una nueva capa de opacidad a la gestión pública y de aprobación del presupuesto en el País ”, indicó la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet-Passalacqua.
Blondet-Passalacqua añadió que “la única manera legítima de gobernar es abierta, democráticamente y con mecanismos de verdadera participación y rendición de cuentas. Nuestro país tiene derecho a participar en las decisiones sobre su dinero, sus obligaciones y su futuro. Los ciudadanos exigimos transparencia y espacio de participación en las decisiones que nos afectarán”.
