Luego de que diversas organizaciones de empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se manifestaran esta mañana en los predios de la Administración Central en rechazo a los ajustes al plan de pensiones que propone la Junta de Control Fiscal (JCF), la Junta de Gobierno de la UPR negó que contemple recortar los beneficios de los que actualmente gozan los 19,000 participantes –entre activos y jubilados– del Sistema de Retiro.
La directora del Sistema de Retiro, María del Carmen López, señaló mediante un comunicado de prensa que la Junta de Gobierno se encuentra recopilando y analizando la información necesaria para conocer el escenario real del plan de pensiones.
“No hemos recibido instrucciones de la Junta de Gobierno para hacer algún tipo de cambio. La Junta de Gobierno ha estado atendiendo el tema del Sistema de Retiro, pues reconoce su importancia y las inquietudes de los participantes ante el escenario fiscal de la Universidad”, señaló López.
Añadió que ha estado “sosteniendo reuniones informativas con la Junta de Gobierno, peticionando información, y buscando los recursos necesarios para realizar un análisis certero y responsable sobre el escenario actual y las proyecciones. Sin embargo, la sostenibilidad del fideicomiso es un tema sumamente complejo el cual no desean tomar a la ligera”.
En respuesta a una petición de reunión por parte del presidente de la Junta de Retiro, Eduardo Berríos, López sostuvo que “la participación de la Junta de Retiro es necesaria puesto que la reglamentación vigente establece su participación dentro de los procesos decisionales relacionados al Sistema, por lo que la Junta de Gobierno cuenta con esa asesoría para poder completar la evaluación”.
Por su parte, la presidenta del Comité de Asuntos del Sistema de Retiro de la Junta de Gobierno, Zoraida Buxó, envió un mensaje a los pensionados y participantes.
“Todos deben tener tranquilidad, pues estamos atendiendo el tema responsablemente. De hecho, conforme a la información provista, la aportación patronal para el 2019 no se redujo”.
Tanto Berríos como la vicepresidenta de la Junta de Retiro, Sonia Reyes, se reunieron con el presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar, el 15 de agosto de 2017. Posteriormente, ambos participaron de una reunión del Comité de Asuntos Financieros y de Sistema de Retiro de la Junta de Gobierno. Como parte del diálogo, acordaron que la Junta de Retiro prepararía borradores de certificaciones para la evaluación por parte del ente rector, organismo que tiene la facultad de gobernar y administrar el plan de pensiones de la UPR.
Sin embargo, el 11 de noviembre de 2017 la Junta de Retiro presentó ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso de mandamus contra la Junta de Gobierno. Entre las exigencias de la Junta de Retiro se encontraba una solicitud para “que se le confiera la fiducia transitoria sobre el Fondo del Fideicomiso durante la vigencia de la Ley Promesa y la autorización para la toma de decisiones”.
Buxó, también vicepresidenta de la Junta de Gobierno, informó que el Tribunal desestimó el recurso el pasado 27 de abril.
“La función principal de la Junta de Retiro es representar a los participantes del sistema y aconsejar a la Junta de Gobierno presentando recomendaciones sobre el manejo del sistema y sus fondos. Sin embargo, no existe obligación alguna, conforme la prueba presentada, que claramente establezca cómo la Junta de Gobierno debe acoger, determinar, evaluar dichas peticiones, recomendaciones o consejos. No se refleja ni de la ley ni de los reglamentos un deber ministerial de atender resoluciones de la Junta de Retiro. Todo lo contrario, desde el primer documento en el que se creó la Junta de Retiro expresamente se ha declarado que la Junta de Retiro es responsable y responde ante la Junta de Gobierno”, reza la sentencia del Tribunal.
La licenciada Buxó indicó a través del comunicado de prensa que citarán a los miembros de la Junta de Retiro oportunamente.
En la manifestación realizada esta mañana, los pensionados buscaban una reunión con miembros de la Junta de Gobierno. Sin embargo, ningún integrante del organismo estuvo disponible para atender sus reclamos.
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