La crisis económica que desde el 2006 agobia a Puerto Rico suele discutirse en torno a las implicaciones que ha tenido en la población profesional y hábil para trabajar, así como en los jóvenes y universitarios. Uno de sus efectos –quizás el más sondable– ha sido la emigración de más de 250,000 puertorriqueños entre abril de 2010 y julio de 2015, principalmente a Estados Unidos.
Con menos énfasis, sin embargo, se discute –y se estudia– otro fenómeno paralelo a la emigración: ese del envejecimiento de la población que no migra, y de cómo la permanencia de la crisis económica afecta los servicios que las personas de edad avanzada, nuestros viejos, requieren y requerirán.
Precisamente para profundizar en lo anterior, los estudiantes Omar García Morales, Alice del Pilar Irizarry Gelpí y Rowdy Ray Santana Justiniano, de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP), presentaron la semana pasada los hallazgos de su tesis Crisis económica y derechos humanos: Consecuencias en los servicios de salud, vivienda y derechos laborales en personas de 65 años o más del Área Metropolitana.
El estudio consistió en entrevistar a cinco mujeres y cuatro hombres entre las edades de 69 y 88 años, y que han formado parte de la fuerza laboral. De ellos, cuatro poseen un bachillerato, cuatro un doctorado y otro con diploma de escuela superior. Según la muestra, la mayoría vive en Río Piedras, mientras que otros residen entre San Juan y Santurce. En términos de ingresos económicos, la mayoría recibe entre $5,000 y $10,000 anuales.
En general, los entrevistados vincularon la crisis económica con la estructura política y económica del país. Señalaron, además, que esta trasciende barreras hasta convertirse en una crisis social, de liderazgo y democracia. Para facilitar la explicación, los estudiantes dividieron los hallazgos en tres categorías: el ámbito laboral, la salud y la vivienda.
Con respecto a la salud, el aumento en impuestos ha afectado la compra de medicinas y alimentos de los entrevistados pues, al contar estos con un ingreso fijo, se valen de malabares para adquirirlos de mes a mes. Aunque entienden que la salud es un derecho innegable, consideran que en Puerto Rico es un privilegio.
“[M]e gusta el modelo de los países nórdicos que básicamente tiran hacia un seguro de salud para todo el mundo”, citaron los investigadores a uno de los participantes.
Otro, agregaron los estudiantes, padece de glaucoma. Como parte del tratamiento, debe echarse gotas en los ojos todos los días. Sin embargo, debido al incremento en los costos de la medicina, se ha visto obligado a limitar el uso del líquido con el propósito de rendirlo.
“[H]ay una medicina de un potecito chiquito que cuesta $280. Pero qué pasa, que llega ese momento que se acabó. Eso valía $140 antes; ahora [vale] $280 porque eso va subiendo. Lo que uno hace es que pues, antes te echabas dos gotas y ahora te echas una gota. Entonces llega el día 30 y no la puedo comprar. La tengo que comprar con el próximo cheque de arriba”, expresó dicho participante.
En el área de vivienda, los entrevistados compartieron sus técnicas para “estirar el peso” y cumplir con el pago de sus cuentas.
“La estrategia es más que una; si recibes menos ingreso tienes que tener menos gastos. Es una estrategia que desgraciadamente nuestro gobierno no acaba de entender, mucho menos aceptarlo. En la familia hay que hacer exactamente lo mismo, trimear todo gasto superfluo, que es lo que hemos hecho aquí nosotros. Hemos reducido cantidades, yo compraba diez y ahora compro ocho (artículos). Mientras más sube el IVU, menos compras”, aseguró uno de los sujetos.
En el ámbito laboral, los entrevistados sugirieron que se fomentara la adopción de otros tipos de trabajos y actividades para las personas mayores de 65 años. Igualmente, que los patronos le otorguen la misma oportunidad de empleo que a las demás personas.
Como parte de las recomendaciones, García Morales, Irizarry Gelpí y Sanabria Justiniano sugirieron que el currículo de Trabajo Social del recinto debe incluir cursos especializados en la vejez, mientras que otras especialidades graduadas también pueden hacer un espacio para este tipo de contenido.
A las instituciones u organizaciones de bienestar social, los estudiantes recomendaron proveer adiestramiento y capacitación continua al personal involucrado directamente con la población de adultos mayores y desarrollar talleres sobre asuntos relacionados a la vejez. Asimismo, subrayaron que el Departamento de Salud debería proveer material informativo sobre la importancia de prevenir enfermedades a esa edad.
Para los interesados, la tesis estará disponible en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales y en la Biblioteca José M. Lázaro del recinto riopedrense.
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Adriana De Jesús Salamán
Posee una Maestría de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es escritora y fotoperiodista. Ha sido galardonada por la ASPPRO y el Overseas Press Club.
