La erradicación de cultivos en el marco de la política mundial contra las drogas contribuye a la pobreza, el hambre y el desplazamiento de la gente, según un nuevo informe de la organización Open Society Foundations (OSF), del magnate, inversor y filántropo húngaro-estadounidense George Soros.
El informe La producción de cultivos de drogas, la pobreza y el desarrollo ilustra las consecuencias que generó la polémica “guerra contra las drogas” desde sus comienzos décadas atrás en los países que las suministran.
Según el Informe Mundial sobre las Drogas de 2014, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés), en 2013 habían 296,720 hectáreas de cultivos ilícitos de opio en todo el planeta, la mayor superficie desde 1998, cuando comenzaron a realizarse esas estimaciones. En Afganistán, el mayor productor mundial de opio, el cultivo creció 36 por ciento entre 2012 y 2013.
Julia Buxton, autora del informe de OSF, señala que en parte esto se explica por los beneficios económicos que generan las drogas ilícitas. El cultivo de amapola (adormidera), coca y cannabis, que requieren pocos insumos y tienen altos rendimientos, ofrece un medio de vida seguro a numerosas localidades de bajos ingresos y que son vulnerables, especialmente en países con conflictos de distinta índole, como Afganistán, Birmania y México.
El informe cita al politólogo Tom Kramer, del Transnational Institute, con sede en Washington. “Para muchas personas en este país (Birmania) el opio no es un problema, es la solución – la manera en la que los pequeños agricultores aumentan sus ingresos para comprar sal, arroz, medicinas y otros productos esenciales”, explicó el investigador.
En el estado birmano de Shan, los medios de vida de 240,000 familias dependían de la producción de la amapola a mediados de la década de 2000. En Afganistán cada hectárea cultivada con la “planta del opio” genera 5.6 puestos de trabajo en la economía rural no agrícola.
Pero Buxton destacó que la producción de drogas se concibe como una amenaza “combinada” con la migración y el terrorismo, lo que resulta en políticas que se concentran en su erradicación.
De acuerdo con la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, los Estados partes deben prohibir, penalizar y destruir los cultivos de drogas, entre ellos la coca, la amapola y el cannabis.
Desde entonces, países como Estados Unidos lidiaron con la cuestión de la oferta y el consumo de las drogas ilícitas con toda su fuerza y mediante estrategias militarizadas.
“Hemos visto una serie de programas e iniciativas dedicadas al desarrollo en los Estados y las comunidades cultivadoras, pero estas se realizan en el marco de la lucha contra los narcóticos y no de las metas de desarrollo… y podrían causar más daño que bien”, aseguró Buxton a IPS.
A mediados de la década de 2000, la prohibición de la producción del opio y la erradicación de los cultivos dejó a 1.2 millones de personas a merced del hambre y la muerte. Del mismo modo, la purga de cultivos en Bolivia llevó a la pobreza y la desnutrición a 50,000 familias en el mismo período.
Las políticas de erradicación, como la fumigación química de los cultivos y las intervenciones militares, también provocaron el desplazamiento de los residentes afectados. En Colombia se calcula que cinco de sus 48 millones de habitantes debieron abandonar sus hogares por esta causa. En Laos fueron 65,000 las personas desplazadas.
En el informe, Buxton añadió que la pérdida de estabilidad de sus medios de subsistencia podría llevar a las comunidades afectadas a sumarse a grupos insurgentes o delictivos para recibir su protección.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la Organización de las Naciones Unidas en septiembre, no abarcan la complejidad del cultivo de drogas ilícitas de forma que puedan ayudar a resolver el problema, opinó.
“Los más pobres de los pobres seguirán siendo desatendidos por los grandes compromisos y declaraciones internacionales”, se quejó.
“El actual sistema de fiscalización internacional de las drogas permite la violación de algunas de las obligaciones más básicas de los derechos internacionales y, como tal, es totalmente incompatible con los ODS”, subrayó.
El informe exhorta a una mayor discusión y comprensión del cultivo de drogas en diferentes contextos basadas en la evidencia. Buxton recomienda que se incluya la participación de los agricultores para que puedan expresar sus necesidades, así como la formación de una comisión internacional de expertos que explore estrategias alternativas de regulación.
“Cada vez se reconoce más que los costos de la ‘guerra contra las drogas’ para los consumidores son inaceptablemente altos. Debemos extender de manera similar estas preocupaciones y consideraciones a los países que son los proveedores tradicionales del Sur global”, agregó Buxton.
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