Diez presidentes y primeros ministros colaborarán para resolver la creciente crisis mundial del agua, mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que el planeta podría sufrir un déficit de 40 por ciento en la disponibilidad de ese elemento para el 2030.
A pesar de los avances, al menos 663 millones de personas aún no tienen acceso al agua potable. La ONU prevé que en el futuro aproximadamente 1,800 millones de personas, de una población mundial superior a los 7,000 millones, vivirán en países o regiones con escasez de hídrica.
Varios factores agravan la crisis actual, como el cambio climático – que desencadena sequías – y los conflictos militares, en los que se utiliza el agua como arma de guerra en varias zonas, incluidas Iraq, Siria y Yemen.
El Grupo de Alto Nivel sobre Agua, anunciado conjuntamente por la ONU y el Banco Mundial a fines de abril, movilizará recursos financieros y reforzará las inversiones para incrementar el suministro de agua. El organismo será copresidido por los presidentes Ameenah Gurib, de Mauricio, y Enrique Peña Nieto, de México.
La lista de mandatarios en el organismo se completa con los primeros ministros Malcolm Turnbull, de Australia, Sheikh Hasina, de Bangladesh, Mark Rutte, de Holanda, y Abdullah Ensour, de Jordania, junto con los presidentes János Áder, de Hungría, Macky Sall, de Senegal, Jacob Zuma, de Sudáfrica, y Emomali Rahmon, de Tayikistán.
El secretario general adjunto de la ONU, Jan Eliasson, de Suecia, dijo en una mesa redonda en el foro mundial que el agua se encuentra en el nexo entre el desarrollo sostenible y la acción climática.
“Demasiada agua y ni una gota para beber”, comentó uno de los colegas de Eliasson que visitaron Pakistán después de una gran inundación, en referencia a los dos extremos de patrones climáticos, sequías por un lado e inundaciones por el otro.
Cuando los líderes mundiales celebraron una reunión cumbre en septiembre para adoptar la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015 de la ONU, aprobaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen la eliminación de la pobreza extrema y el hambre y el suministro de agua potable a cada habitante del planeta para 2030.
¿Se cumplirá el objetivo en el plazo estipulado de 15 años?
“A medida que ingresamos a la era de los ODS, no hay duda de que el objetivo de conseguir agua ‘gestionada de forma segura’ para cada persona del planeta en los próximos 15 años va a ser todo un reto. Lo que hemos aprendido de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es que el agua no puede abordarse con éxito en forma aislada”, sostuvo Sanjay Wijesekera, director de Agua, Saneamiento e Higiene en el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La potabilidad del agua está en riesgo todos los días debido a la falta de saneamiento, algo muy extendido en muchos países, especialmente en Asia meridional y África subsahariana, indicó.
En la actualidad se estima que casi 2,000 millones de personas beben agua que podría estar contaminada con materia fecal.
Unicef y otras organizaciones deberán redoblar sus esfuerzos para mejorar el acceso de las personas a los retretes, y sobre todo para poner fin a la defecación al aire libre.
Con respecto al “agua, el saneamiento y la higiene, también hay que tener en cuenta el cambio climático. Las sequías, las inundaciones y las condiciones climáticas extremas repercuten en la disponibilidad y la seguridad del agua”, aseguró Wijesekera.
También señaló que unos 160 millones de niños y niñas menores de cinco años viven en zonas con alto riesgo de sequía, mientras que alrededor de 500 millones viven en zonas de inundación.
Para resolver la crisis del agua, Darcey O’Callaghan, de la organización Food and Water Watch, observó que “en primer lugar debemos proporcionar suficiente agua limpia y segura para todas las personas, porque el agua es un derecho humano. La viabilidad financiera es un elemento clave para satisfacer esta necesidad”.
“En segundo lugar, debemos proteger la sostenibilidad del agua y no extraer demasiada de las cuencas más allá de su recarga natural. Si permitimos que las fuentes hídricas se sequen, entonces perdemos la capacidad de proteger los derechos humanos de las personas. Así que, claramente, debemos tratar estos dos elementos en tándem”, opinó.
Para que el agua tenga una tarifa accesible debe ser gestionada por una entidad pública y no una privada y con fines de lucro, recomendó la experta. Mal servicio, tarifas elevadas y calidad del agua degradada fueron algunas de las consecuencias cuando se permitió que las empresas controlaran el acceso al agua, algo que se conoce como “la privatización del agua”.
Empresas como Veolia y Suez, y sus filiales en todo el mundo, procuran lucrar con la gestión de los sistemas locales de agua, explicó, e instituciones financieras como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo suelen imponer condiciones a los préstamos que conceden a los países en desarrollo que exigen la privatización de estos sistemas.
“Pero esta es una receta para el desastre. El lucro no debe ser la prioridad cuando se trata de darles servicios de agua y saneamiento a la gente”, sentenció O’Callaghan.
Ya no queda ninguna duda de que el agua y el saneamiento son derechos humanos, subrayó ante la pregunta de si la gente debe pagar por estos servicios. Lo que el público paga es el mantenimiento de la infraestructura hídrica y el agua corriente a través de las redes que distribuyen el recurso a las casas, escuelas, negocios e instituciones gubernamentales, explicó.
“La ONU fijó pautas para la asequibilidad del agua –en tres por ciento de los ingresos familiares – y estas… protegen el derecho humano al agua. Si la tarifa del servicio de agua supera la capacidad de pago de un hogar, entonces es una violación de los derechos humanos”, denunció.
Una estrategia que resultó prometedora son las asociaciones entre organismos públicos (APP). En contraste con la privatización, que coloca las necesidades públicas en manos de las corporaciones con fines de lucro, las APP reúnen a funcionarios públicos, trabajadores y comunidades para ofrecer un servicio mejor y más eficiente.
Las APP permiten que dos o más empresas públicas de agua u organizaciones no gubernamentales sumen sus fuerzas y aprovechen sus capacidades compartidas, lo que les permite aunar sus recursos, poder de compra y conocimientos técnicos, dijo O’Callaghan.
