Ante los recientes incidentes violentos entre la policía y civiles en la consrucción del Gasoducto del Sur, el gobernador, Aníbal Acevedo Vilá recalcó lo que a su entender son las bondades del proyecto: reduciría la dependencia del petróleo, disminuiría el costo del servicio de energía eléctrica y contribuiría a hacer a la Isla más autosuficiente. Mas, ahora son los residentes de las comunidades El Salistral de la Playa de Ponce y Talaboa Encarnanción de Peñuelas quienes han seguido el ejemplo del municipio de Juana Díaz y radicado un pleito judicial a causa del proyecto. Se alega que existen discrepancias entre lo que establece la Declaración de Impacto Ambiental del Gasoducto y lo que realmente se está haciendo durante la construcción. Los vecinos de Ponce y Peñuelas han indicado que a raíz del caso radicado por el municipio de Juana Díaz se ha paralizado la instalación de la tubería del gas en algunas áreas de la construcción. Esas áreas no sólo incluyen a Juana Díaz, sino también a Ponce y Salinas pero, según han dicho, hay otras áreas que deben ser paralizadas porque hay residentes cuyas casas están a distancias mucho menores de lo que se aprobó en la Declaración de Impacto Ambiental.
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