El rechazo del dominicano hacia el haitiano es un tema que no ha perdido vigencia con el tiempo. Desde la primera invasión haitiana a suelo quisqueyano en 1801, la segunda en 1805 y la tercera y última en 1822, se ha implantado en la psiquis de sociedad dominicana que el haitiano representa violencia e invasión. Sin embargo, la historia registra que no es hasta la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, a quien se le reconoce como el principal precursor de la cultura antihaitiana en ese país que se comienzan a marcar las diferencias de raza, color y xenofobia entre ambos pueblos.
Esta cultura no se diseminó de un todo y esos recuerdos de la historia aún siguen recónditos en el pensamiento de muchos dominicanos y aunque varios estudios antropológicos han demostrado como actualmente haitianos y dominicanos viven armónicamente unos con otros dentro de una misma comunidad, el panorama se volvió a convertir áspero y hostil cuando el estado dominicano puso en marcha en 2013 la ley 168-13, con la cual se le despojó de su nacionalidad a cientos de dominicanos de descendencia haitiana.
Ante esta sentencia, la comunidad internacional inmediatamente se pronunció en contra. La situación se tornó aún más turbia cuando la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIHD), organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de proteger y velar por los derechos humanos en América, levantó una demanda contra dicha sentencia, que exigía del gobierno dominicano revertir dicha ley. A raíz de este conflicto se emitió la sentencia 169-14 o ley de naturalización, con la cual se devolvería la nacionalidad a los que se les despojó y se les otorgaría a aquellos que se encontraban ilegalmente dentro del territorio. La situación empeoró aún más cuando se desató toda una campaña mediática a nivel internacional desprestigiando a la República Dominicana, acusándola de racista y xenofóbica y amenazando con levantar un boicot contra el turismo, una de las fuentes económicas más importantes de este país.
De aquí que se han vuelto a derivar situaciones culturales y políticas entre los habitantes de ambas naciones y ese rechazo a la negritud haitiana ha vuelto a nacer. “El haitiano se ha constituido como una figura antónima del ser dominicano, aquella que permite salvaguardar el ideal a partir de lo que no se quiere ser y esto eminentemente a partir de la cuestión racial”, señaló Amín Pérez durante su visita al Departamento de Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras en ocasión de la presentación de su conferencia En nombre de la ley: los colores del racismo en República Dominicana, y con quien tuvimos la oportunidad de conversar sobre este tema.
Amín nació en 1984 en Santo Domingo. En el año 2002 se mudó a Francia, donde realizó un bachillerato en Sociología y Economía. Obtuvo su maestría y doctorado en sociología por la Écote de Hautes Études en Scienses Sociales en París. Se desempeñó como profesor en universidades de Francia y Argelia. Fue co-traductor del libro In search of respect, selling crack in el barrio de Pihilippe Bourgois y fue el editor y prologuista del libro La fabricación de las identidades culturales de Abdelmalek Sayad. Ha hecho varias publicaciones sobre la situación dominico-haitiana en medios como 80 grados y El Nacional. Su libro Una sociología de la revolución colonial: Pierre Bourdieu y Abdelmalek Saya en Argelia será publicado en 2016 mientras se encuentra sumergido en una nueva investigación sobre la diáspora dominicana en New York.
Las leyes no pueden aplicarse retroactivamente
“Este tema y las publicaciones hechas sobre él me han permitido, aunque lejos mantenerme cerca de mi país y mis raíces. Se me hace difícil no hablar de esto, pero trato de no callarme”, respondió Amín al preguntársele acerca de su interés sobre los conflictos raciales surgidos tras las sentencias impuestas por el estado dominicano a los haitianos. Muchos medios de comunicación se han pronunciado en contra de esta sentencia, pero la idea central en la que todos coiniciden es en el hecho de que el Tribunal Constitucional, organismo dominicano encargado de velar por la defensa del orden constitucional, les ha quitado la nacionalidad a los dominicanos descendientes de padres haitianos.
KV: Estas personas a las que supuestamente se les quitó la nacionalidad ¿son realmente dominicanas según lo estipulado en la constitución (de República Dominicana)?
AP: Sí, mediante una auditoría hecha por la misma Junta Central Electoral se demostró que la mayoría de esas personas a las que se les quitó la nacionalidad con la sentencia del 2013 son dominicanas, solo un ínfimo porcentaje incurría en una falta.
KV: ¿Cuál fue esa falta?
AP: No poder demostrar que sus padres estaban en el país de forma regular o de tránsito como lo establecía el Estado.
KV: Entonces, según la constitución dominicana el Jus Solis (derecho de suelo), no es absoluto, es decir que evidentemente no aplica para todo el que nace en territorio dominicano.
AP: Ahora con la constitución del 2010 es mucho más explícito. Dice que, desde ese año para acá si los padres están ilegales en suelo dominicano los hijos también lo están, es por esto que la sentencia entraba en una contradicción porque aplicaba retroactivamente las pautas para adquirir la nacionalidad y la misma constitución dominicana expresa que las leyes no se pueden aplicar de manera retroactiva, no puedes basarte en una ley de 1929 cuando la que está vigente te exige otras cosas.
KV: Quiere decir que estas personas que nacieron antes del 2010 ¿si deben ser consideradas dominicanas, aunque sus padres sean ilegales?
AP: Hay algo que hay que tener bien claro. Es el Estado quien ha creado esta supuesta ilegalidad haitiana. Estar en estatus de tránsito, como lo reguló el Estado durante decenios, no es lo mismo que estar de manera irregular. Partiendo de esta ilegalidad, con la ley 169-14 se han creado categorías de dominicanos. Es decir, para aquellos que no estaban inscritos en el registro civil y sus padres se encontraban en una situación migratoria irregular les corresponde estar en el grupo B, estos están sometidos al proceso de naturalización y, si ellos ya tenían sus papeles y los padres estaban en tránsito corresponden al grupo A, a los cuales el estado dominicano dijo le devolvería automáticamente sus papeles. Lo grave no es que al día de hoy muchos de ellos no tienen aún sus papeles, la cuestión es por qué darte lo que te pertenece.
KV: ¿Cómo es que ellos, si los padres eran ilegales conseguían estos documentos de forma lícita?
AP: Para aquellos que se encuentran en dicha situación, ahora tienen que tratar de demostrar que ese documento sí fue obtenido de forma legal para lograr entrar en el plan de regularización, donde se les exige una serie de requisitos que están detallados en la ley.
KV: Con relación la ley 169-14 o plan nacional de regularización ¿cree usted que las resoluciones de dicha ley han sido justas para las personas para quienes fueron creadas?
AP: Imposible. Yo creo que ninguna de las dos se debe de aplicar, ni con la que corrige ni con la de naturalización, pero con el caso de los dominicanos como tal, yo pienso que viene a incidir mucho más en un falso problema, porque si se sigue partiendo del hecho de que ellos están en una falta entonces se vendrían a crear cualidades del dominicano cuando se supone que todos seamos iguales.
KV: Entonces ¿qué ley sino esa se podría crear o de qué otra forma se pudo haber resuelto esta situación?
AP: Yo pienso que el plan de regularización es necesario, lo que yo critico es la forma como se llevó a cabo. Vamos a partir del hecho de que es una buena política, lo malo fue como se trabajó. Con los inmigrantes como tal el plan era necesario, pero se le dio un plazo bastante corto a una población que se sabía tenían que buscar papeles con el estado haitiano que, de hecho, no les daba ninguno.
KV: Quiere decir que hay una culpa y una gran responsabilidad por parte del gobierno haitiano.
AP: Claro que sí, es responsable. Existe un racismo del estado dominicano y existe también un racismo de estado en Haití contra su propia población. El gobierno haitiano se las puso muy difícil a sus trabajadores para conseguir sus papeles, como muchos empleadores dominicanos tampoco se los querían dar porque sabían que estaban pagando por debajo del sueldo mínimo. Esto revela el valor de las masas para uno y otro lado.
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La autora es estudiante de la Maestría en Periodismo de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Este texto se produjo originalmente para el Seminario en Periodismo I: “Retratos: la entrevista creativa y en profundidad” (COPU 6725), que dictó el doctor Mario E. Roche Morales este semestre.
