En una sala del piso 12 del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) se reunieron 13 hombres y tres mujeres el pasado martes. Esperaban a que comenzara la orientación de la Junta de Subastas sobre la solicitud de propuestas para trasladar 3,200 prisioneros de Puerto Rico a cárceles privadas en Estados Unidos. Un experimento que se intentó en el pasado y fracasó.
En primera fila estaba sentado Brian Ferrell, Vicepresidente de Desarrollo de Propuestas de CoreCivic, una de las principales administradoras de cárceles privadas en Estados Unidos. A su lado, la abogada Lizzie Portela Fernández de McConnell Valdés, firma legal que cabildea en la Cámara de Puerto Rico a favor de CoreCivic.
También en primera fila, pero en el lado opuesto, estaban Dan Joslin y Mike Murphy, ejecutivos de Management and Training Corporation, junto a su asesor local, Sixto Marrero.
Estas dos compañías estadounidenses serían las únicas competidoras por el contrato con el DCR para sacar al 30% de la población penal de la isla como una medida de alegados ahorros. La propuesta dice que busca reducir el costo diario por confinado de $95 a $81 para finales de 2022, es decir $14. El programa de traslado de prisioneros, una idea reciclada de administraciones pasadas, conllevará la firma de un contrato “de gran envergadura”, dijo Erik Rolón, secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Tres meses antes de que se abriera el proceso de subasta para trasladar a confinados, el CPI preguntó al gobernador Ricardo Rosselló: ¿Ya saben las cárceles privadas específicas a las que van y cómo las seleccionaron?
“Me parece que es con Oklahoma que se han trabajado los primeros pasos”, contestó.
De las dos firmas que fueron a la presubasta, la única que tiene cárceles en Oklahoma y que tiene cabilderos registrados a su nombre en Puerto Rico, es CoreCivic.
En Oklahoma ubica la cárcel a donde fueron trasladados 438 prisioneros de Puerto Rico entre 2011 y 2012 bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño. Esa cárcel privada, Cimarron Correctional Facility, es administrada por CoreCivic. La empresa, que era conocida como Corrections Corporation of America, cambió su nombre a CoreCivic en 2016, luego de que un informe la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara altos índices de violencia y deficiencia en los servicios de 14 cárceles administradas por ésta y otras corporaciones, entre ellas Management and Training Corporation.
Entre los principales accionistas de CoreCivic se encuentran fondos de cobertura que han tenido bonos del gobierno de Puerto Rico, como The Vanguard Group, el principal accionista de la corporación, Blackrock Capital, Prudential Financial, D.E Shaw y Bank of New York Mellon, fiduciarios de los bonos de la Corporación de Interés Apremiante (Cofina).
Luis Cruz, presidente de la Junta de Subastas del DCR, aseguró al CPI que como parte de la evaluación de propuestas se hará una investigación de antecedentes de las compañías.
“Ya hay establecido un comité evaluador que va a estar investigando todos los aspectos de las compañías… se hace un background check”, dijo Cruz. Entre los aspectos que evaluarán, además de la capacidad financiera, está la forma en que “han manejado situaciones, y si han tenido dificultades anteriores de cualquier tipo”, añadió Ulrich Jiménez López, secretario auxiliar de Gerencia y Administración del DCR.
CoreCivic había tenido contratos con el DCR para administrar cárceles en la Isla en la década de los 90 hasta el año 2003.
En primer plano, Luis Cruz presidente de la Junta de Subastas de Corrección. Al fondo, los representantes de las empresas interesadas en el contrato con DCR. (Joel Cintrón Arbasetti)
Miguel Pereira, senador popular y exsecretario del DCR, opinó que la propuesta de trasladar confinados a Estados Unidos es “una tontería”.
“[Con los traslados] lo que haces es aumentando el costo de Corrección, porque ahora tienes que pagarle a Oklahoma, tienes que pagarle a todos los sistemas que estás utilizando y, sigues con tus empleados. Así que el costo del confinado, por confinado, aumenta”, dijo el exsecretario de Corrección.
“Y también tienes el problema de que las cárceles están nutridas de personas con un nivel de educación que afecta su capacidad de comunicarse en inglés. No pueden comunicarse. No van a poder comunicarse con sus socio penales o trabajadores sociales en Estados Unidos, con sus oficiales de corrección, con las personas bien intencionadas que vienen a visitar, a predicar, o a visitar, no tiene que tener un contexto religioso aunque por lo general lo tienen. Pero no van a poder disfrutar de eso porque no pueden hablar inglés, no lo entienden, o lo dominan, no están inmersos, no tienen ningún trasfondo cultural que les permita entender los chistes. Si tú veías tu hijo una vez al mes, pues ahora no lo vas a ver nunca”, anticipó Pereira.
“Ellos están tomando como referencia el traslado de confinados que hubo hace cinco años, el cual todo el mundo sabe que el resultado fue nefasto. Están tomando en consideración un programa que fue un desastre… Según la experiencia de los que sí fueron trasladados fue una lamentable. Nada de lo que se prometió se cumplió”, dijo Dallie Cruz, criminóloga y portavoz de la organización Pro Rehabilitación de los Confinados.
Según el contrato firmado en 2011 con CoreCivic (en ese momento llamada Corrections Corporation of America), el gobierno pagaría $4,232,161 durante el año fiscal 2011-2012 y se estimaba que al final de dos años pagaría $23 millones. Pero el Informe de Transición del DCR de 2009 a 2012, indica que el contrato por el programa de traslado sería cancelado a menos de un año de haber comenzado, en diciembre de 2012, sin especificar la razón. Originalmente se extendía hasta diciembre de 2013.
El responsable de la iniciativa de 2011 fue Jesús González, exsecretario del DCR bajo la administración de Luis Fortuño. En ese momento, González aseguró que los confinados que participaran del programa podrían certificarse como plomeros, albañiles o choferes, tomar clases de inglés y obtener su diploma de escuela superior. También dijo que podrían mantenerse en comunicación con sus familias a través de “videovisitación”. El CPI trató de contactar a González pero este no respondió.
“Se afectó significativamente la salud física y emocional de los reclusos. Solamente veían a sus familiares por un monitor que tuvieron que proveer los mismos. Al final, fueron devueltos [a Puerto Rico]. Sin nada que ofrecer, solamente vivir con un trauma por los tratos ofrecidos. Todo ese tiempo que esos confinados estuvieron allá, fueron muy pocos, un por ciento muy bajo los que pudieron seguir recibiendo la visita de sus familiares porque son personas de escasos recursos”, relató Cruz.
En marzo de 2013, se reportó un motín en la unidad de Cimarron Correctional Facility que albergaba a los prisioneros puertorriqueños, en donde, según medios de Oklahoma, rompieron ventanas, puertas de seguridad, fabricaron armas con los materiales destruidos y finalmente fueron rociados con gas pimienta. El incidente fue protagonizado por presos puertorriqueños que estaban en la cárcel bajo el contrato con el gobierno de Puerto Rico.
“Cuando mi hijo estuvo preso bajo la administración del señor González, lo enviaron a Oklahoma dizque para que trabajara o estudiara porque le bajaban la sentencia. Estos tuvieron que amotinarse porque no les dieron nada y los regresaron a Puerto Rico y dijeron que no querían más puertorriqueños allá”, dijo la madre de un confinado que prefirió mantenerse en el anonimato.
En ese momento la Asociación Pro Derechos y Rehabilitación del Confinado Ñeta apoyó el programa de traslados al exterior. Ahora, tanto Los Ñeta como las organizaciones carcelarias Grupo 25 y el Nuevo Grupo 27 rechazan la propuesta, que según el DCR será de carácter voluntario. El secretario de Corrección declaró que no da legitimidad a ninguna asociación de confinados.
“La experiencia de mi pareja no fue muy buena, desde racismo de parte de los oficiales contra ellos [fue lo peor], las costumbres americanizadas para ese tiempo… El estaba en máxima [seguridad] y solo lo sacaban a bañarse dos o tres veces en semana y su recreación era encerrado literalmente en jaulas con los demás confinados, exponiendo la seguridad pues dentro no había vigilancia. Las visitas eran por monitores, cuando estaban disponibles, pues tardaron meses en que los instalaron y funcionaron bien. Cuando iba con el hijo pues era frustrante para el niño pues preguntaba que cuándo podrían jugar como antes y abrazarlo. Ambos salían deprimidos, y mi pareja llegó un momento donde entró en depresión a causa de la distancia, pues se sentía solo a pesar de que siempre lo iba a ver y él me llamaba”, dijo al CPI en declaraciones escritas la pareja de un confinado.
“Aparte que no dominan el inglés y se le hacía bien difícil tratar de expresarse con los oficiales. Y nunca se le brindaron los talleres que les ofrecieron. Por tal razón fue el motín, más por los abusos de parte de los oficiales. Yo fui quien dio parte a las noticias en el momento del motín para que así Corrección tomara parte en el asunto”, añadió.
¿En 2011 se cumplió con la meta de rehabilitación?, le preguntó el CPI al secretario del DCR.
“Recuerde que el programa se implantó a finales del año 2012, obviamente ahí hubo un cambio de administración. Este tipo de iniciativa debe responder a la política pública de la administración. Estoy seguro de que la pasada administración no tenía una política fiscal responsable… Pero sí, dentro de ese grupo [que fue a Oklahoma] tenemos unos testimonios e historias de éxito, como obviamente pasa en cualquier otra iniciativa”, dijo Rolón.
“En aquel entonces fue un programa de rehabilitación que le costó al pueblo, porque no necesariamente se miró desde el punto de vista de cómo maximizamos el dólar. Ahora lo estamos viendo desde la óptica de que es un programa de rehabilitación, que cumple con nuestra Constitución, pero a su vez nos genera los ahorros que obviamente como gobierno perseguimos para ser un gobierno más costo-eficiente”, añadió.
A pesar de que el secretario dijo que el programa anterior se implantó a finales de 2012, en marzo de ese año ya se habían trasladado 180 confinados. Rolón, participó de esa iniciativa del traslado de 2012 como director de la Oficina de Asuntos Legales del DCR durante la administración de Luis Fortuño.
¿De dónde surgió la idea de repetir el programa de traslados?, preguntó el CPI el secretario del DCR. “En el término mío yo puedo presentar varias alternativas que yo entiendo que cumplen con lo que es el mandato constitucional, obviamente yo las presento. Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) entonces es que se encarga de evaluar cada una, en términos fiscales cuál es la más idónea. Porque esto es un equipo. Yo recomiendo una iniciativa, porque entiendo que cumple”, contestó.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) capítulo de Puerto Rico, calificó la propuesta de traslado de presos a Estados Unidos como una de “trata humana”.
“El gobierno está incurriendo en trata humana. Ese es nuestro punto de vista, yo lo he dicho. ¿Qué es trata humana si no es hacer negocios con seres humanos? … Ellos [el gobierno] van a decir: ‘no es trata humana porque es voluntario’. ¿Cuán voluntario puede ser un consentimiento de una persona que está bajo el mando, supervisión, tutela del mismo que está diciendo que quiere el consentimiento”, cuestionó William Ramírez, director local de ACLU.
Fuera del Plan Fiscal certificado el programa de traslado
La Junta de Control Fiscal no incluyó la propuesta de traslado de confinados en su Plan Fiscal, pero tampoco se ha pronunciado en contra o condicionado la misma.
Un portavoz de la JCF dijo al CPI que esto no implica que el traslado no vaya a suceder. El portavoz explicó que el plan se limita a establecer un objetivo de ahorros para el DCR y que si el Gobierno quiere darle paso a la medida, es un asunto de política pública que corresponde al Ejecutivo. Añadió que la JCF se limitará a validar si se cumple con el ahorro estipulado en el documento bajo el renglón de Corrección.
“Lo que ves en el Plan Fiscal certificado es lo que creemos que [el Gobierno] puede lograr en términos de ahorros”, dijo al CPI Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal.
Entre las recomendaciones de la JCF para el DCR se encuentra “liquidar contratos”.
A finales de marzo el presidente de la JCF, José Carrión, había enviado una carta al gobernador donde indicaba que las propuestas para Corrección en el plan del gobierno debían ampliarse para demostrar cómo se realizarían los ahorros. El gobernador contestó que la JCF “no debería poder controlar tales decisiones”.
La compañía que se lleve el nuevo contrato debe orientar a los prisioneros y sus familiares sobre el proceso de traslado, además de ofrecer los servicios básicos de salud, alimentos, ropa, educación, recreación y entretenimiento. También sería responsable de proveer los servicios de comunicación oral y visual a través de video o medios similares, según un Power Point que presentó Ulrich Jiménez López, Secretario Auxiliar de Gerencia y Administración del DCR en la reunión de presubasta.
El CPI solicitó a Lizzie Portela Fernández una entrevista con Brian Ferrell, Vicepresidente de Desarrollo de Propuestas de CoreCivic, quien abandonó el salón inmediatamente terminó la reunión de pre subastas. La abogada dijo que saldría a buscar a Ferrell pero nunca volvió. Portela Fernández fue asesora legal en 1994 de Zoraida Buxó, cuando esta era titular del DCR en la administración de Pedro Rosselló. El actual gobernador, Ricardo Rosselló, nombró a Buxó como integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico.
A la pregunta de si a Management and Training Corporation le interesa licitar para el contrato con el DCR, Mike Murphy, vicepresidente de mercadeo, se limitó a decir, por correo electrónico, que “en este momento estamos mirando las necesidades del gobierno”.
Las demás empresas de cárceles privadas que se presentaron en la reunión de pre subasta del DCR el pasado martes fueron X Fed, Trinity Services Group y Trailboss Enterprise. Estas compañías no administran cárceles pero ofrecen servicios de transportación y alimentación y pudieran estar en espera a ser contratadas por la empresa que se lleve el contrato con el DCR.
Erik Rolón anunció en el programa Jugando Pelota Dura que próximamente el DCR estará abriendo otro proceso de subastas para que compañías privadas administren las cárceles de mujeres y las juveniles en Puerto Rico.
