El pasado fin de semana del primero de mayo se levantó una marejada de información que apunta a una guerra jurídica y mediática, cuyo objetivo parece ser la generación de una confusión ciudadana y periodística, que potencie el fin de la huelga estudiantil comenzada el 22 de abril, ya sea mediante el hartazgo generalizado o la intervención de la Policía. Luego que el juez Negrón- del Tribunal de Primera Instancia de San Juan- decidiera durante el sexto día de huelga (28 de abril), a favor del injunction preliminar presentado por los estudiantes Jorge Farinacci y Fernando Moreno, la administración universitaria presentó un recurso de Certificación ante el Tribunal Supremo; documento que fue acogido y que, por el momento, deja en suspenso la orden de Negrón hasta que el Supremo decida la Certificación en sus méritos, después de recibir los planteamientos de los estudiantes de marras. La decisión del juez Negrón reconoce el derecho de libertad de expresión, asociación y reunión a los estudiantes dentro del recinto riopedrense. Asimismo, determina que el receso académico y administrativo decretado por la Rectora Interina es ilegal, pues no cumple con el Reglamento del Recinto. “Se le ordena a José Ramón de la Torre, en su capacidad de presidente de la Universidad, y a Ana Guadalupe Quiñones, como rectora del recinto, a no poner en vigor el receso académico administrativo e indefinido, que la Rectora decretó el 21 de abril de 2010, a eso de las 9:30 am. En atención a que somos conscientes que la apertura del Recinto requiere coordinación y preparativos, se ordena a los demandados a abrir el Recinto en o antes del 3 de mayo de 2010, a las 6:00 de la mañana”, dicta la orden del Juez Negrón. Asimismo, el Magistrado Negrón resolvió que “de no conceder el injunction preliminar solicitado, los daños que se le pueden ocasionar a los demandantes (Farinacci y Moreno, en representación de los estudiantes) son mayores que aquellos pueden sufrir los demandados, pues son de la mayor jerarquía en nuestro ordenamiento constitucional –libertad de expresión y asociación- para los cuales no tienen otro remedio adecuado en ley que no sea este recurso. Además, en vista de que al decretar el receso la Rectora no cumplió con su propio cuerpo reglamentario, en esta etapa concluimos que los demandantes tiene probabilidades de prevalecer”. Orden Inj. Preliminar A pesar que la orden del Juez Negrón ordenaba la apertura del Recinto riopedrense, el documento no parecía satisfacer la forma en la que la Administración quería materializar la apertura del campus, pues inmediatamente radicó el recurso de Certificación ante el Tribunal Supremo. Certificación al Supremo El Supremo decidió acoger el recurso radicado por la administración universitaria. La votación de los jueces fue una dividida. Tres jueces votaron a favor: Kolthoff Caraballo; Martínez Torres; Rivera Pérez y Pabón Charneco. La juez Anabelle Rodríguez emitió una orden disidente, la cual suscribió su colega Fiol Matta. En tanto, el Juez Presidente, Federico Hernández Denton se inhibió, ya que su esposa Isabel Picó, es miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. Es importante señalar que los jueces que decidieron acoger la certificación fueron nombrados por administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP): Rivera Pérez, fue confirmado bajo la administración de Pedro Rosselló (1992-2000); y sus colegas Kolthoff Caraballo; Martínez Torres y Pabón Charneco, por el actual gobernador Luis Fortuño. De otra parte, las disidentes Fiol Matta, Rodríguez y el abstenido Juez Presidente Denton, llegaron al tribunal bajo las administraciones del Partido Popular Democrático (PPD); durante la gobernación de Sila María Calderón (2000-2004) las primeras dos, y el ex gobernador Hernández Colón nominó al hoy líder del foro judicial. Este hecho deja de manifiesto la polarización que existe en el Tribunal Supremo. Res TS sobre Certificacion con opinión disidente de juezas Rodríguez suscrita por Matta Algunos de los argumentos que presentan los abogados Oreste Ramos Pruetzel –hijo del otrora senador Oreste Ramos, quien es asesor de la Legislatura y protagonizó violentos encontronazos en la década del 1960 en la UPR, como miembro del Movimiento Universitario Pro Estadidad-; Anthony Guadalupe Baerga- quien durante la huelga de 2005 redicó un interdicto contra la administración del entonces presidente Antonio García Padilla para que se dejara sin efecto el cierre administrativo decretado- y Maritere Colón Domínguez, son que la “Orden recurrida afecta adversamente las bases autonómicas de la UPR y reduce significativamente sus facultades para asegurar, tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad puertorriqueña misma, el cumplimiento con su misión institucional. Además, esta Orden tiene el efecto de proteger bajo el derecho de libertad de expresión acciones violentas y conducta exclusiva e injustificadamente dirigida a paralizar la operación de la primera institución de educación superior del País”. Sin embargo, es menester señalar que cuando la Administración presentó sus alegatos ante el Juez Negrón, sus abogados no pudieron probar en corte las acciones violentas que alegaban realizaron los estudiantes en huelga, mucho menos los actos de vandalismo que supuestamente hicieron. De hecho, los estudiantes en huelga han “sometido” ante “el tribunal de la opinión pública mediática” su intención de cuidar el Recinto, toda vez que han realizado campañas de limpieza, remozamiento de áreas comunes e implantando iniciativas de reciclaje de desperdicios sólidos. Otra de las ironías históricas que ha revelado esta batalla jurídica-mediática es el hecho que el hoy juez del Supremo, Martínez Torres participó en movimientos de protesta universitarios y escribió artículos jurídicos defendiendo la libertad de expresión de los estudiantes dentro del campus universitario, según hace constar en su opinión disidente la Jueza Rodríguez. La Primera Enmienda se va de la Universidad de Puerto Rico: Restricciones Absolutas a los Derechos de Expre… En su texto La Primera Enmienda se va de la Universidad de Puerto Rico: Restricciones Absolutas a los Derechos de Expresión, publicado en la Revista Jurídica de la UPR en 1983, quien entonces era estudiante de Derecho argumenta: “Esperamos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no pierda de vista que la mejor manera de salvaguardar el orden en las universidades y en las escuelas públicas es sosteniendo el mandato constitucional: libre expresión para todos”. Asimismo, y aunque la moción presentada por la administración de la UPR señala que la Orden del Juez Negrón “afecta adversamente las bases autonómicas de la UPR”, en un apartado más abajo solicita que “de no concederse el dicho remedio, la UPR sufriría un daño irreparable y se quedaría desprovista del amparo de los Tribunales de Justicia […] pues de lo contrario se mantendría el actual estado de parálisis del principal centro docente del país. Ello indudablemente significaría un fracaso de la justicia”. El último párrafo de esta alegación es muy contradictorio, pues la orden del Juez Negrón estipula que fue la administración del Recinto la que paralizó, mediante un cierre administrativo y académico, las labores en la institución. Bombardeo de información confusa Luego que el Supremo decidiera acoger el recurso de Certificación, la administración del recinto riopedrense emitió un comunicado de prensa el viernes 29 de abril en el que celebra el devenir del proceso en el Alto Foro. “En el día de hoy el Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió el recurso de certificación presentado por la Universidad de Puerto Rico (UPR), paralizando los efectos del interdicto preliminar que otorgó el Tribunal de Primera Instancia que ordenaba se abrieran los portones del recinto de Río Piedras en o antes del lunes 3 de mayo. El receso académico-administrativo está vigente (énfasis nuestro)”, lee el escrito. Además, en el último párrafo de la comunicación, la Rectora Interina, Ana Rosa Guadalupe Quiñones, dice “estamos en espera de que los Tribunales emitan su opinión, y en deferencia a los procesos judiciales no voy a emitir declaraciones sobre los mismos. Entiendo el interés del país, la comunidad universitaria y sobre todo de los medios de comunicación que tienen la vital encomienda de informar sobre este asunto que tanta pertinencia tiene para todos los puertorriqueños, pero en este momento no debo emitir comentario alguno (énfasis nuestro)”. No obstante, al día siguiente, 1 de mayo, la Rectora Interina emite otro comunicado de prensa en el que comenta “que lunes, 3 de mayo de 2010 se reanudan las labores administrativas y gerenciales en el Recinto con el propósito de reacondicionar el campus y realizar otros trabajos necesarios, previo al reinicio de clases el martes, 4 de mayo de 2010. Según indicó la Rectora Interina las brigadas de limpieza y mantenimiento deben reportarse en su horario habitual para dar inicio a los trabajos de limpieza en el campus. Guadalupe Quiñones exhortó a todos los miembros de la comunidad universitaria a colaborar para mantener un ambiente de respeto que garantice el derecho y la dignidad de todos, incluyendo aquellos que deseen continuar con su manifestación y los que se reintegran a sus trabajos académicos y administrativos, propiciando así un clima de tranquilidad y sosiego que permita finalizar este semestre académico”. Toda esta batalla jurídica-mediática ha creado una gran confusión, no sólo entre la ciudadanía menos informada sobre el proceso huelgario, sino entre los mismos estudiantes, tanto aquellos que apoyan la protesta, como los que la rechazan como mecanismo de presión para que la Administración universitaria negocie con los estudiantes. Incluso los medios comerciales de comunicación se han confundido ante la oleada de contenidos mediáticos. Tal fue el caso del portal www.primerahora.com, el cual informó en un titular publicado el sábado: Reanudan el lunes las labores académicas y administrativas en UPR Río Piedras. A pesar del encabezado redactado por los editores del portal, la noticia elaborada por la agencia Inter News Service, informaba lo siguiente: “La rectora interina del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Ana Guadalupe, informó hoy que el próximo lunes se reanudan las labores administrativas y gerenciales, con el propósito de reacondicionar el campus y realizar otros trabajos necesarios previo al reinicio de clases el 4 de mayo de 2010” (énfasis nuestro). El titular, por tanto, es completamente desorientador. Las reacciones de otros sectores universitarios ante este vendaval jurídico-mediático son de rechazo a las posturas de la Administración. Tanto la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) como la Hermandad de Empleados Excentos No Docentes (HEEND), declararon que no cruzarán líneas de piquete, ni entrarán por los portones. La profesora María Gisela Rosado, presidenta de la APPU, dramatizó la situación al opinar en una nota publicada el 2 de mayo por El Nuevo Día que el deseo de la Rectora Interina de abrir los portones, “es una invitación a la confrontación, quiere sangre“. Por su parte, Diálogo recibió un comunicado de prensa de un grupo denominado Comité Multisectorial de la UPR, compuesto por “representantes electos en propiedad de los diferentes sectores que integran la comunidad universitaria” en el que informan sobre una carta que le enviaron a la presidenta de la Junta de Síndicos, licenciada Ygri Rivera; documento en el que denuncian “que la decisión de la Rectora Interina de reabrir el Recinto este próximo lunes, sin haber mediado diálogo y sin la coordinación previa mínimamente necesaria, constituye un acto temerario y contumaz, que demuestra un claro menosprecio a la seguridad e integridad de todos los que componen la comunidad universitaria. Ello, en abierta contravención a los argumentos que ella esbozó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para justificar la necesidad de mantener el receso indefinido”.
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Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
