En una barra, un jueves en la noche, a Lorena se le acerca un hombre que se identifica como Alexis. Intercambian palabras, le ofrece salir a otra barra y hasta pon para su casa. Alexis, luego de afirmarle no ser policía, le pide precio. Una hora más tarde, Lorena se encontraba dentro de “la machina”, junto a tres mujeres trans. La machina da vueltas por la calle Simón Madera, por la parada 15 y la 18, añadiendo entrampadas al paseo que termina en un cuartel de la avenida 65 de Infantería.
Lorena como muchas otras trans fue víctima de la criminalización de un oficio que algunas personas ya visualizan como un trabajo legítimo. En este caso, la estrategia policiaca fue usar a un agente encubierto para que solicitara servicios sexuales a cambio de dinero como parte de ‘redadas’ dirigidas a combatir el delito de la prostitución. La machina, una van de la Policía que va recogiendo a las personas que van cayendo, las lleva a un cuartel para luego ser liberadas sin ningún cargo.
Existe un movimiento global, cada vez más articulado, a favor de la descriminalización del trabajo sexual. Este busca combatir el status quo legal y el estigma social que le resta dignidad a la profesión. En muchos casos el argumento proviene de posiciones libertarias y hasta empoderamiento feminista, partiendo de convenciones ideológicas que desprenden el trabajo sexual de connotaciones moralistas o degradantes. Pero estas posiciones de empoderamiento parecen ser la voz de una clase privilegiada que no necesariamente responde a las necesidades de grupos marginados y minoritarios como la mujer latina, la mujer negra o la mujer trans.
En el contexto trans local, aunque estos acercamientos pudieran ser válidos para algunos, los mismos se alejan de una realidad más cruel, donde la búsqueda de dignidad del sujeto trans, mujer u hombre, recae en el reconocimiento de derechos humanos básicos como el acceso a la educación y servicios de salud, o el simple reconocimiento de sus identidades.
En la mayoría de los casos la mujer trans que sale a la calle lo hace porque la sociedad no le ha dado otro espacio. Paradójicamente, la sociedad las empuja a esa realidad y luego criminaliza esos espacios y actos a los que las lleva.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch, American Civil Liberties Union, el ONUSIDA y la Organización Mundial para Salud han favorecido, recientemente, la descriminalización del trabajo sexual luego de intensos debates cuyos argumentos a favor apelan principalmente al control de la epidemia del VIH, del tráfico sexual y de la prostitución infantil, entre otros.
Liza Gallardo, directora ejecutiva del capítulo local de Amnistía Internacional (AIPR) reconoce que en Puerto Rico debe existir voluntad política para traer al debate el tema de legalizar o regular el trabajo sexual.
Sin embargo, a pesar de la política internacional de AI en favor del trabajo sexual, la situación varía dependiendo del país. Por esta razón, Gallardo entiende que se debe comenzar un análisis serio sobre el tema en Puerto Rico.
Según comunicó Gallardo a Diálogo, los planes para impulsar el debate sobre la legalización a nivel local están en agenda para el próximo año. No obstante, resaltó que la falta de conocimiento general sobre el tema y la ausencia de datos y estadísticas a nivel local impiden un debate responsable al respecto.
“Como la política es tan reciente, aún estamos empezando a planificar cómo podemos aterrizar las medidas que [AI] sugiere a los gobiernos en un contexto local. Eso por supuesto, conlleva análisis y estudio en conjunto con otros sectores y organizaciones que aporten a la discusión y nos ayuden a desarrollar una postura localmente”, indicó la directora de AIPR.
Sin estadísticas para justificar atención dirigida a la comunidad trans
De igual manera, Carlos Rodríguez-Díaz, presidente de la Junta de Directores de Coaí, Inc., organización sin fines de lucro que provee servicios de prevención de VIH/SIDA a la comunidad LGBTT y favorece la despenalización del trabajo sexual, reconoce que una de las principales limitaciones de las organizaciones que atienden estas comunidades desde la salud pública es la ausencia de un perfil claro de la población trans y la población trans que ejerce trabajo sexual.
“En todo estudio, en toda actividad que se haga para contar y conocer las características de las poblaciones en este país tenemos que empezar a preguntar quién se identifica como transgénero y transexual porque ciertamente para la toma de decisiones se utilizan números que lo justifiquen. Si nosotros no preguntamos nunca vamos a tener el número que apoye la asignación de fondos para unas poblaciones que no las conocemos porque no la hemos explorado”, explicó Rodríguez-Díaz, quien además es profesor asociado de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
Tanamá fue uno de los pocos programas de prevención de VIH/SIDA dirigidos exclusivamente a la población transgénero y transexual en la isla. El programa, adscrito a Coaí Incorporado, estuvo activo por cinco años hasta que se desarticuló en el 2011 luego que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no aprobaran nuevos fondos para su continuación.
“Coaí sí aspiró a continuar esos servicios y sometió una propuesta al CDC que no fue financiada. Por la crisis económica estas poblaciones [LGBTT] entran en la competencia sobre cuál es prioritaria. Si no están documentados quiénes son, dónde están y cómo podemos proveer servicio es difícil justificar prestaciones monetarias para financiar estos programas”, aseguró el profesor de Ciencias Médicas.
Por otro lado, una de la principales limitaciones a la hora de trabajar con la comunidad trans está relacionada al enfoque específico que se le da a la salud pública. Los recursos para el financiamiento de propuestas enfocadas en salud están orientados principalmente a la prevención y tratamiento del VIH/SIDA desatendiendo otras necesidades que pueden ser más apremiantes para las trans como tratamientos hormonales, acceso a la educación y trabajo. Rodríguez-Díaz destacó que estos aspectos son tan pertinentes para la salud como lo es la prevención del VIH.
En cuanto al cuestionamiento de cuán efectivo sería en términos de salud pública la despenalización del trabajo sexual, César Concepción, quien lidera uno de los programas de prevención dentro de Coaí y organiza grupos de asesoría comunitaria en el campo, comentó que aunque indudablemente sería beneficioso para la comunidad, cuando se analiza la atmósfera política y social del país, el cabildeo por la legalización no llegará a mucho si no viene acompañado de reformas sociales.
“Hay que darles herramientas a las chicas para que puedan defenderse en la calle, acceder a mejores condiciones de vida, y hay que trabajar con el estigma social”, añadió Concepción.
El ámbito legal de la prostitución
La prostitución, ¿se debe legalizar, descriminalizar o despenalizar?
Ever Padilla, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, comentó que antes de considerar cualquier modelo o término legal hay que hacer un estudio de contexto local para así poder construir definiciones apropiadas.
“Hay que conocer los perfiles de las personas que están en la calle, que no los conocemos, y las razones por la cuales están en la calle”, mencionó a la vez que resaltó la importancia de analizar qué tipo de conductas realmente se están criminalizando por la ley y estigmatizando por la sociedad.
Para Padilla, esto no es un problema exclusivo de la mujer trans que ejerce trabajo sexual, de hecho, a veces no tiene nada que ver con el trabajo sexual. “La raíz del problema viene de cómo se criminalizan ciertas conductas sexuales dentro de una sociedad heteronormativa”, recalcó.
En el hombre gay, por ejemplo, es común el sexo anónimo, el cruising que se da en espacios públicos en altas horas de la noche. Según Padilla, este es el único espacio que tienen para atender la necesidad biológica de buscar otro hombre. “Aquí no hay intercambio monetario, pero el estado lo criminaliza y margina simplemente porque son dos hombres. De hecho, son muchos los casos documentados por la comisión donde la policía los detiene bajo alegación de prostitución cuando no existen los elementos”, explicó.
En el caso específico de las comunidades trans el estigma es mayor. En muchas mujeres trans se da una hiperexpresión identitaria en la que acentúan las características físicas del sexo femenino como parte de la validación de su identidad. “Entonces, vamos a ver a las chicas con trajes escotados, tacones altos, piernas expuestas, y simplemente por esa expresión la policía las detiene asumiendo que son trabajadoras sexuales”, añadió Padilla.
Para Padilla, hay que mirar la criminalización sexual desde muchos ángulos, mirando la autonomía de la voluntad de la persona como el eje central, como persona sujeta de derecho y en ese ejercicio de la autonomía ver cómo se atiende.
En cuanto a las intervenciones policiacas hacia la comunidad trans en las calles, la activista trans Ivana Fred, dice que todo va a depender de la división a la que pertenezca el oficial. “En general, la policía no interviene con esta población. Al contrario, por lo menos en el área de Santurce, la Policía vela por la seguridad de las chicas”, expresó.
Fred explicó que las intervenciones policiacas han mejorado con la orden administrativa 624, Interacción con Personas Transgénero y Transexual, firmada por el superintendente de la Policía de Puerto Rico, José Caldero López, en el 2015. La orden administrativa se creó con el propósito de establecer los procedimientos internos para los empleados de la agencia al momento de intervenir con personas transgénero y transexuales garantizando los derechos civiles y humanos.
Pero Padilla sostuvo que no necesariamente las cosas han mejorado con dicha orden y que la comisión ha documentado que aunque los oficiales han sido adiestrados sobre el tema, todavía está presente el ánimo de violación que en muchas instancias resulta en agresiones dramáticas.
Varios miembros y activistas de la comunidad LGBTT, incluyendo a Fred, señalaron al Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales de la Policía de Puerto Rico, y a su director, teniente coronel José Juan García López, como la principal fuente de violaciones sistemáticas a la comunidad trans.
“Ellos son los que constantemente hacen redadas, le hacen entrampamientos a esta comunidad y las arrestan por el delito de prostitución”, sostuvo Fred.
De hecho, el coronel Arnaldo Claudio, asesor de cumplimiento técnico (TCA) de la Reforma de la Policía, recomendó al superintendente en un informe de progreso reconsiderar un ascenso hecho a García López.
Según el informe, Claudio urge la reconsideración de lo que sería el tercer ascenso de García en menos de dos años, al momento de encontrarse al mando de un “grupo en un ambiente plagado con el arresto de muchos de sus oficiales, personal acusado de serias violaciones a derechos civiles y humanos, mala conducta generalizada y represalias”.
Tanto la comisión como Claudio han pedido la reestructuración del negociado, sin embargo, el superintendente Caldero López insiste en no acoger las recomendaciones señalando que García “es uno de nuestros mejores y más capacitados oficiales”.
“La experiencia que tenemos documentada es que hay una violación sistemática, no se reconocen las identidades, no las llamas por los nombres que ellas asumen, las agreden verbalmente; ‘Pato con tetas, muévete’, las ponen en situaciones de vulnerabilidad. Hemos tenido casos documentados de policías que van a la barra e identifican a las chicas, le hacen acercamientos y las entrampan, luego cuando salen las arrestan”, mencionó Padilla.
Las estadísticas de la policía tampoco son claras. Según la comisión, una vez radicados los casos se transigen por delitos menores y pocas veces se procesan como prostitución porque no existen los elementos.
“También hay que observar que la criminalización recae sobre las trabajadoras sexuales. Esa carga no la tienen los clientes. Ahí vemos el reflejo de una sociedad que tiene un doble discurso, una sociedad que es machista y que plantea unas diferencias de poder entre el hombre y la mujer”, concluyó Padilla.
Mujeres Putanescas Puerto Rico, Inc., es la única organización (de la que Diálogo tuviera conocimiento), creada con el propósito de impulsar políticas progresistas en el tema de la prostitución en la isla. Sin embargo, Lisa Marie Rodríguez, mujer transexual y fundadora de esa entidad, señaló que al momento “solo dirigían sus esfuerzos a mujeres biológicas”.
Aún falta en Puerto Rico un movimiento con mayor fuerza a favor de la descriminalización del trabajo sexual. En Colombia, al igual que en México existe un sindicato de trabajadoras sexuales. En el caso de Colombia, ese organismo cuenta con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de ese país.
Como demuestran las entrevistas, falta mucho por hacer. Son muchos los datos que se deben recopilar para poder ayudar a esta población. Mientras, la machina continúa dando vueltas.
