Las negociaciones que persiguen finalizar la huelga que llevan a cabo varias unidades de la Universidad de Puerto Rico (UPR) logró unos acuerdos preliminares en la noche de ayer, cuando el Comité de Diálogo Institucional (CDI) se reunió para continuar con el convenio que comenzó la semana pasada.
Aunque estos acuerdos deben ser discutidos por los estudiantes antes de ser aprobados, para el rector de la UPR en Humacao, José Encarnación, “se adelantó mucho”.
“Durante el día de hoy, presumo, habrá expresiones sobre cuál es la posición estudiantil en torno a cómo queda la propuesta”, precisó.
Además, el rector de la institución humacaeña indicó sentirse esperanzado y agregó que está convencido que en los próximos días “podamos llegar a la meta final”.
El primer punto de los acuerdos alcanzados es que la Junta de Gobierno o la administración universitaria se comprometa a no implementar un aumento en el costo de los créditos ni impondrán o aumentarán cuota alguna, adicional al ajuste escalonado ya vigente.
El porciento de ajuste escalonado se mantendrá conforme a la recomendación del CAFI 2 y la oferta de las exenciones vigentes debe mantenerse según estipulado por el Reglamento. Además, establecerán que los recursos fiscales necesarios para hacer posible estas disposiciones se logren mediante medidas de eficiencias administrativas y la implantación de iniciativas de otros ingresos.
Este acuerdo se implantará por el periodo 2017-2018. Cualquier decisión sobre posibles aumentos al costo de matrícula en años posteriores deberá ser el producto de un proceso de evaluación de la realidad en la que se encuentra la UPR, su situación presupuestaria y del impacto de dicha decisión en la viabilidad del proyecto de la educación pública en Puerto Rico; esto sujeto al cumplimiento de todos los acuerdos aquí estipulados.
El segundo acuerdo consiste en que la administración universitaria se compromete a apoyar los esfuerzos y las labores de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público.
El tercer punto es establecer que la administración universitaria y la Junta de Gobierno “reiterarán las expresiones y esfuerzos en rechazo a los recortes al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, por entender que representan una amenaza a la calidad y la excelencia de la educación superior pública, y reduce la posibilidad de una Universidad accesible e inclusiva”.
Asimismo, el documento puntualiza que la Junta de Gobierno apoyará cualquier legislación “que considere razonable para allegar más fondos a la Universidad de Puerto Rico”.
El cuarto punto, solicita a la Junta de Gobierno y a la administración universitaria a que se exprese “en contra de la eliminación o la privatización de recintos de la Universidad”. A su vez, insta a los órganos administrativos universitarios a promover la creación y permanencia de programas académicos.
Los puntos subsiguientes en los preacuerdos establecen que se le solicitará a la Asamblea Legislativa a que las propuestas de reforma universitaria originen desde la comunidad universitaria; solicitar a los órganos pertinentes, mediante actividades de cabildeo por parte de la comunidad universitaria y la Junta de Gobierno, para que reconozcan a la “educación superior pública como un ‘servicio esencial'”.
También se acordó que no se promoverán acciones administrativas contra estudiantes, docentes y no docentes que hayan participado en la huelga, salvo las personas que hayan sido convictas de delito; y mantener una mesa de diálogo entre estudiantes, docentes y no docentes “que esté activa para viabilizar discusiones y legitimar dinámicas de participación democrática en la toma de decisiones”.
El último punto de los acuerdos también señala que “se continuará la discusión y los esfuerzos encaminados para: sostener reuniones con el gobernador, la Junta de Control Fiscal y la Comisión del Senado de Puerto Rico sobre reforma universitaria; y continuar la discusión de medidas de eficiencias administrativas, asuntos presupuestarios y otros ingresos que puedan sostener el cumplimiento de la misión de la Universidad”.
Estos preliminares reflejan diferencias mínimas con los preacuerdos rechazados por los plenos estudiantiles el pasado, 20 de mayo. Uno de los aspectos sobresalientes de los preacuerdos de ayer consiste en el cabildeo hacia las ramas ejecutivas, legislativas y la Junta de Control Fiscal para que se reconozca a la educación superior pública del país como un “servicio esencial”.
Según la nueva lista de preacuerdos, la Junta de Gobierno formará parte de dicho esfuerzo de cabildeo en aras de lograr el mencionado reconocimiento.
El CDI está integrado por profesores de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), miembros del movimiento estudiantil, el profesor de la UPR en Cayey, Waldo Torres y el rector de la UPR en Humacao, José Encarnación. El exvicepresidente de la JG, Carlos del Río también participó de la reunión multisectorial. Aunque el pasado martes, 23 de mayo, del Río hizo pública su renuncia a la Junta de Gobierno.
Por su parte, el pasado lunes, 22 de mayo, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) se retiró del comité.
