Aunque la Universidad de Puerto Rico (UPR) aún desconoce a cuánto ascienden las pérdidas ocasionadas por el huracán María en las once unidades de la institución, la administración universitaria estima que este impacto tendrá efectos “mínimos” sobre el presupuesto con el que actualmente se maneja el principal centro docente del país.
De acuerdo con el presidente interino de la institución, Darrel Hillman Barrera, la universidad tendrá algunos “gastos” en el proceso de rehabilitación, pero las pérdidas en infraestructura serán compensadas con los seguros correspondientes y, el resto, con ayudas que esperan obtener de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
“Ya los ajustadores de seguro visitaron la mayoría de los campus y están auditando las evaluaciones de las áreas en combinación con los reportes que se han ido llenando a FEMA. Ya hemos entrado los reportes preliminares, porque, hasta que no se energice no se puede estimar qué equipo eléctrico está dañado. Así que siempre va haber algo de pérdidas, pero creo que con las ayudas de los seguros y de FEMA debe ser mínimo”, previno el presidente interino.
Con él coincidió el director de finanzas de la UPR, Norberto González, quien dijo a Diálogo que, si bien se podría afectar la logística de distribución del presupuesto, confía en que no se lacerará la entrada de capital correspondiente para la UPR.
“Entiendo que las aportaciones del Gobierno central las seguiremos recibiendo. Lo que es la matrícula, pues ya habían empezado las clases y tenemos acceso a los fondos federales. Quizás el proceso de los otros ingresos cambiará un poco la logística, pero el impacto lo cubren los seguros y el dinero que el seguro no te cubre, lo compensa FEMA”, detalló González.
Con relación a las responsabilidades financieras de la institución, González informó que la UPR ha estado cumpliendo —en la medida de los posible— con el pagos a sus suplidores y con el calendario de nómina de empleados.
“Hasta el huracán estábamos básicamente al día en todo. Cada uno de los recintos hace sus pagos aparte. Nosotros hemos atendido algunos pagos prioritarios, pero también muchos de los suplidores están teniendo problema para operar y para recibir pagos. Ahora mismo también hemos empezado a trabajar con la nómina para el pago el día 13 de octubre”, indicó.
La Junta de Gobierno de la UPR, aprobó el pasado 26 de julio un presupuesto consolidado ascendente a $1,344,691,000. En el caso del presupuesto del fondo general, este se ubicó en los $880,729 millones tras cambios en el manejo de las reservas utilizadas para cuadrar el presupuesto y que ascendía a los $50 millones. Para este año fiscal, la UPR observó un recorte de $163 millones de la partida que recibe del Gobierno central.
Sin embargo, para el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar Jiménez, será necesario esperar por las acciones que tomará el Gobierno de Puerto Rico con sus finanzas toda vez que el país se enfrenta ahora a una nueva realidad socioeconómica tras el embate del huracán María.
“Tenemos que esperar a ver cómo el Gobierno manejará la situación. Ya la Junta de Control Fiscal dijo que hay mil millones de dólares que no se van a tener que recortar para darle más espacio [al Gobierno]. Así que tenemos que darle más espacio para ver cómo la Universidad cae en este nuevo panorama y articular una política que sea cónsona con los daños que hemos tenido”, sostuvo el letrado.
Cierre por María no trastocaría tramites con la MSCHE
Los daños ocasionados por el huracán María han provocado que las once unidades de la UPR hayan detenido sus operaciones desde hace 16 días. Empero, Alomar Jiménez no cree que esta nueva paralización de las actividades docentes y administrativas vaya a trastocar el proceso de salida de la moratoria en la que se encuentran ocho de las unidades de la institución ante la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE).
El pasado 14 de septiembre, el Comité Evaluador de la MSCHE visitó el Recinto de Río Piedras y las unidades de Arecibo, Utuado, Bayamón, Humacao, Ponce, Carolina y Cayey y entendió que estas instituciones ya se encontraban en cumplimiento con los requisitos de afiliación 3 y 8, y el estándar 3 que exige esta comisión para levantar el estado de probatoria.
La afiliación 3 se refiere a que la institución esté operacional, con estudiantes cursando estudios conducentes a grados académicos, y la afiliación 8 evalúa que las universidades cuenten con recursos financieros documentados, una base de financiamiento y planes de desarrollo financiero adecuados para sostener sus fines y programas académicos y asegurar su estabilidad financiera.
“Entiendo que como la MSCHE ya había hecho los señalamientos de probatoria, y vinieron, analizaron, vieron las finanzas y que estábamos en pie… Entiendo que por la razón que nos estaban poniendo en probatoria, al ellos certificar que cumplimos con los requisitos, eso no debe detener que la comisión adopte esa recomendación y levante la probatoria”, adujo Alomar Jiménez.
No obstante, el también profesor de Derecho precisó que la administración universitaria ha estado notificando al Departamento de Educación Federal que las clases se han detenido “por las circunstancias de esta catástrofe”.
Las ocho unidades de la UPR entraron en probatoria en mayo luego de que estudiantes aprobaran diversos votos de huelga y paralizaciones docentes y administrativas el pasado semestre.
Hasta nuevo aviso selección de presidencia en propiedad
Otro de los trámites en el tintero en la UPR es la selección de una presidencia en propiedad. No obstante, a juicio del presidente de la Junta de Gobierno, esta gestión quedará pospuesta hasta nuevo aviso.
“Lamentablemente se extiende el proceso de selección de un presidente o presidenta en propiedad. Nosotros íbamos a empezar la búsqueda el 1 de septiembre al abrir la convocatoria y eso lamentablemente se detuvo”, comentó.
El pasado 21 de agosto la Junta de Gobierno avaló abrir nuevamente la búsqueda de un presidente en propiedad para que otros profesionales presentaran sus candidaturas.
En ese momento, el Comité de Búsqueda y Consulta de la Junta de Gobierno trazó un calendario de trabajo que daba la oportunidad de finalizar la selección en diciembre de este año.