La organización Espacios Abiertos (EA) dio a conocer ayer una nueva página en su sitio web donde señalan los documentos que la recién nombrada junta de control fiscal (JCF) generará o requerirá a la luz de la ley PROMESA e indica si la ley requiere que estos sean públicos, confidenciales o si del texto de la ley no está claro cómo serán manejados. Dado el impacto que tendrá la JCF sobre la vida política, social, económica y jurídica del país es imprescindible que el pueblo tenga acceso a todo documento que genere, reciba y custodie la junta.
#OjoALaJunta es el primer paso de una iniciativa de información y participación ciudadana para que el público se informe, cuestione y se exprese sobre los trabajos de la JCF.
“En Puerto Rico estamos cansados de la corrupción, los malos manejos del patrimonio público y la falta de rendición de cuentas de los funcionarios electos y de carrera. Tal parece que un sector de la población espera que la junta de supervisión fiscal termine con todo esto, pero ese no es el rol de la junta. Con los poderes delegados a la junta en la ley PROMESA se pueden tomar decisiones trascendentales —que afectarán a Puerto Rico por generaciones— a oscuras y totalmente a las espaldas de Puerto Rico”, dijo Nuria Y. Ortiz Vargas, directora ejecutiva de EA, organización dedicada a fortalecer la capacidad de las personas, las organizaciones y las comunidades para actuar eficazmente en el marco político, social e institucional, desarrollando proyectos que promueven el acceso a la justicia, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.
“Aún no conocemos los reglamentos que adoptará la junta ni cómo conducirá sus trabajos. La información que la ley PROMESA requiere hacer pública es limitada. Hay mención de muchos documentos, informes e información que la junta generará, custodiará y recibirá pero la ley no especifica si los harán públicos o no. En EA nos hemos dado a la tarea de identificar las instancias en las que la ley especifica los tipos de documentos a recibir o generarse y los hemos categorizado en tres áreas: confidenciales, públicos y aquellos que no se sabe si van a ser públicos o cuando lo serán”, explicó por su parte la coordinadora de la Unidad de Rendición de Cuentas de EA, Natalia Ramírez Echevarría, en el comunicado de prensa.
“En Puerto Rico tenemos un derecho constitucional al acceso a la información, y la junta, como organismo adscrito al gobierno de Puerto Rico, debe hacer toda la información pública. EA quiere llamar la atención de la ciudadanía sobre este hecho y servir de plataforma para que la gente se informe y se exprese al respecto. El documento que hoy presentamos sirve como marco de referencia para estar alertas ante los trabajos y procesos que la ley indica que deberá hacer a la junta”, dijo Ortiz Vargas.
Por su parte, el profesor Efrén Rivera Ramos, consejero general de Espacios Abiertos indicó que “independientemente de la posición que se tenga sobre la junta de supervisión fiscal, es indispensable que la ciudadanía fiscalice activamente sus decisiones, pues pueden tener efectos tremendamente perjudiciales para el pueblo de Puerto Rico. Esa fiscalización solo puede realizarse eficazmente si exigimos que sus operaciones sean transparentes. Igualmente, se le debe exigir transparencia al gobierno de Puerto Rico en relación con su interacción con la junta. El acceso a la información sobre todo lo que ocurra con la junta de supervisión fiscal es de vital importancia para que los diversos sectores del país podamos actuar en defensa de nuestros derechos. La imposición de la junta por el Congreso fue un acto anti-democrático. No permitamos que conduzca también al establecimiento de un gobierno secreto”.
Entre los documentos que la ley PROMESA indica que serán públicos están:
- Los reglamentos internos que adopten los miembros de la junta;
- Los regalos, herencias o legados que reciba la junta;
- Los hallazgos de las investigaciones sobre las prácticas de divulgación y compraventa en relación a la compra de bonos (si deciden investigar); y
- Los informes de proyectos críticos junto con sus justificaciones.
Las dos cosas que menciona la ley que serán confidenciales son:
- Las sesiones ejecutivas, según los miembros de la junta estimen necesario.
- El informe que envíe el gobernador sobre los acuerdos contributivos que el gobierno de Puerto Rico ha otorgado.
Como ejemplo de los señalamientos sobre la información que no sabemos si se divulgará o cuando serán públicos, se encuentran:
- Los datos oficiales de las agencias públicas locales y federales que la junta solicite para ejercer sus funciones.
- Las recomendaciones que someta la junta al gobernador y a la legislatura de Puerto Rico sobre las acciones que deben tomarse para cumplir con el plan fiscal, promover el crecimiento económico, la responsabilidad administrativa y la eficiencia en la prestación de servicios del gobierno.
- La información sometida por cada auspiciador de proyecto crítico (agencia o ente privado) para evaluar cualquier proyecto existente, continuo o propuesto.
Sobre esta última disposición, Ramírez Echevarría expresó que el procedimiento expedito de evaluación de proyectos críticos de infraestructura, contemplado en el Título V de la ley PROMESA, “presenta un problema de acceso a la información pública, ya que al coordinador de revitalización no se le requiere divulgar la totalidad de la información, ni los documentos sometidos por una parte interesada que propone un proyecto crítico”. En ese sentido invitó a la ciudadanía a estar alerta a las actuaciones de la junta y a reclamarle transparencia y la divulgación proactiva de los documentos requeridos para proyectos críticos y en todas sus actuaciones.
Durante los próximos meses viviremos un periodo especial durante el cual vamos a conocer los espacios democráticos que podrían cerrarse o estar en peligro de limitarse a través de las declaraciones, las acciones o decisiones de los miembros de la junta. En esa transición, EA va a depositar en su plataforma digital el estado de situación de estos asuntos, complementándolo en sus redes sociales con peticiones específicas, al pueblo y las autoridades pertinentes.
Pueden encontrar esta y más información en la sección “Ojo a la Junta” en la página web de EA: www.espaciosabiertos.org/ojo-a-la-junta. El hashtag que se utilizará en la campaña de redes sociales es #OjoALaJunta.
