El Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) denunció hoy que el borrador elaborado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos es la implementación del Plan de Ajuste Fiscal desarrollado por el actual gobierno, a finales del pasado año.
“No queda duda que la aprobación de las ideas que se trabajan desde el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos establecerían un mecanismo unilateral y autoritario que laceraría a toda la sociedad puertorriqueña. Por esa razón, debemos oponernos tajantemente, y gestar el que todos los sectores de la sociedad civil se oponga a la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de las propuestas contenidas en esa legislación fueron propuestas por el gobierno actual con su Plan de Ajuste Fiscal y tendrán el efecto de lacerar los servicios que recibimos en el País”, dijo en un comunicado de prensa, Guillermo Guasp Pérez, presidente del CGE.
Según el parte de prensa del cuerpo estudiantil, el enfoque es pagar la deuda y cargar al resto del país por la pobre gestión gubernamental, que es una actitud irresponsable asumida por los partidos políticos del país. De igual forma, el grupo estudiantil criticó la poca acción por parte del gobierno actual para garantizar el buen uso de los recursos públicos.
“Quienes promueven la Junta de Control Fiscal y propusieron el Plan de Ajuste Fiscal prefieren responsabilizar a las personas menores de 25 años diciéndole que van a recibir un salario menor al mínimo federal, mientras quienes administran el país se niegan a hacer los cambios estructurales necesarios para hacer un buen uso de los fondos públicos. Ejemplo de esto son las propuestas de que la UPR sea quien brinde los servicios de tutorías del Departamento de Educación o el que se cumpla con la Ley de Municipios Autónomos y sea la UPR quien brinde los servicios de consultoría. ¿Por qué pasa esto? Porque sus objetivos no es gobernar bien para el país, sino favorecer a sus amistades con contratos millonarios y pagarle a los bonistas que financian sus campañas”, destacó por su parte Perla del Mar Rodríguez Fernández, secretaria de finanzas del CGE.
Por su parte, el representante estudiantil ante la Junta Universitaria por el Recinto de Río Piedras, Gilberto Domínguez Escalera, vinculó los efectos de la Junta de Control Fiscal sobre los servicios de la UPR.
“La Universidad, como dependencia pública, inevitablemente sería una de las principales afectadas de concretarse el esfuerzo de la mayoría en el Congreso debido a que la Junta tendría la última palabra en cuanto al presupuesto del País y cuanto dinero recibe la Universidad. Sin embargo, junto a la oposición de la Junta de Control Fiscal, debería verse por parte del actual gobierno unas medidas concretas para que se articule la salida del presidente de la Junta de Gobierno, doctor Jorge Sánchez, y el presidente de la UPR, doctor Uroyoán Walker Ramos, ante la sombra de favoritismo que se da en el manejo del presupuesto universitario. Sin esas acciones concretas, el discurso de oponerse a la Junta de Control Fiscal serían argumentos sin sustancia y sin compromisos reales de que se va a hacer buen uso de los fondos públicos”, puntualizó Domínguez Escalera.
El cuerpo estudiantil indicó que en los próximos días anunciarán la fecha de la segunda Asamblea General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, en la que se espera discutir las implicaciones de la Junta de Control Fiscal sobre la UPR.
