Tras una reunión esta tarde con el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, los presidentes de los consejos estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico (UPR) continúan preocupados ante el panorama al que se enfrenta la institución. Esto luego de que no recibieran por parte del funcionario información más detallada sobre el futuro de la institución educativa aparte de lo que ya se conoce –que al entender de los líderes universitarios– es poco.
“Entre lo que se estuvo discutiendo fueron preocupaciones del estudiantado respecto a las expresiones que se habían hecho sobre la universidad, la percepción que se tiene de la misma y del recorte que se tiene que imponer de $300 millones, que para nosotros no es viable y es algo que se ha dicho por diversos sectores, como profesores y la administración”, expresó la presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras, Wilmarí De Jesús.
De Jesús añadió que no llegaron a ningún acuerdo sobre las posiciones del gobierno al respecto, “fuera de que ellos respetan la autonomía de la UPR”.
Según la líder estudiantil, el grupo se presentó a la reunión con la expectativa de aclarar el panorama tétrico que se ha impuesto sobre la universidad del Estado. Sin embargo, salieron con las mismas preguntas con las que entraron.
“Yo creo que todavía al estudiantado nos falta mucha información que no se ha traído a la mesa, como recomendaciones hechas por el gobernador, la matrícula ajustada a los ingresos, recortes que se dan en la universidad, entre otras que son propuestas que se traen a los medios de comunicación y al país, pero que realmente no hay una propuesta concreta que se le pueda llevar al estudiantado y decidir si se está a favor o en contra”, continuó.
Con De Jesús coincidió la presidenta del CGE de la UPR en Humacao, Ileana Ayala Fontánez, quien manifestó su amplio descontento ante la falta de lazos comunicativos más eficientes entre el gobierno y la administración universitaria con los estudiantes.
“Todo está en tres puntos suspensivos prácticamente. No tenemos comunicación, no hemos recibido datos. La falta de información y la falta de comunicación lo que provoca es un caos. Creo que el gobierno y la administración de la UPR deben reforzar la comunicación con el estudiantado para evitar problemas futuros”, afirmó Ayala Fontánez, quien presidirá la asamblea de Humacao mañana miércoles, día en que Río Piedras también llevará a cabo su cónclave.
La reunión en La Fortaleza contó con la participación de los presidentes de los CGE de las 11 unidades de la UPR. También, se dieron cita los representantes estudiantiles ante la Junta de Gobierno, Pedro Rodríguez Mercado (subgraduado) y Gilberto Domínguez Escalera (graduado).
La reunión –que duró poco más de una hora– surgió luego de una de las semanas más caldeadas en la UPR en tiempos recientes.
En tan solo días, cinco rectores presentaron sus cartas de renuncia; la Junta de Gobierno de la institución seleccionó a la nueva presidenta interina, y los estudiantes, en sus respectivas asambleas, han aprobado paros para manifestarse en contra del recorte de $300 millones a la universidad del Estado, propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) y respaldado por el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares.
La matrícula ajustada a los Ingresos es una sugerencia
Según Ayala Fontánez y Rodríguez Mercado, ya la administración institucional preparó el borrador del plan fiscal que la UPR debe presentar al gobierno, y que debe incluir el recorte de $300 millones propuesto por la JCF, pero no lo han compartido con los estudiantes.
“Lo estamos pidiendo. Se supone que lo entreguen entre hoy y mañana pero no lo hemos recibido. Mientras nosotros no tengamos información, el estudiantado va a seguir desinformado y eso lo que va es a seguir causando la cadena que se está creando”, declaró Rodríguez Mercado.
Asimismo, el también estudiante del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) mencionó que el secretario de Asuntos Públicos les enfatizó que es a la UPR a quien le toca determinar si se implementa la matrícula ajustada a los ingresos.
“[Rosario Cortés] nos dejó saber que la implementación de una matrícula ajustada a los ingresos era decisión de la UPR. Era una ‘sugerencia’ de la JCF y el gobierno, pero es la UPR quien define si se va a hacer o no”, comentó Rodríguez Mercado. Esto, a su entender, se debe a que el gobierno “no quiere ser directamente partícipe de las decisiones que se tomen en cuanto al plan fiscal de la UPR”.
Ante esto, Ayala Fontánez insistió sobre la necesidad de una participación multisectorial a la hora de tomar las decisiones que afecten a la universidad. También señaló que, aunque el plan fiscal final de la universidad tiene fecha de entrega, los representantes estudiantiles desean estudiar la versión preliminar –una que alegan ya está en circulación– para elaborar sus propuestas.
“El llamado es simple, que nos den la información para nosotros poder trabajar con ella y movilizar al estudiantado y abrir el diálogo. […] Hemos tratado de darle respuestas completas al estudiantado pero han sido respuestas a medias y no es por culpa de los consejos de estudiantes”, acotó.
El gobernador no responde
“Estamos dando un número, pero van más de cinco peticiones de reunirnos lo más pronto posible con el gobernador, pero ‘lo más pronto posible’ se han hecho semanas y meses”, aseguró Juan José De Jesús Oquendo, presidente del CGE de la UPR en Ponce.
Sus compañeros se le sumaron a sus intentos de descifrar cuántas veces le han enviado cartas al gobernador solicitándole una reunión, tal como la que tuvieron con Rosario Cortés y como la llevada a cabo a finales de enero con el secretario de la gobernación, William Villafañe, y la secretaria auxiliar, Itza García.
“Yo estuve reunido con él [Rosselló Nevares] la semana pasada pero no llegamos a ningún consenso. Él simplemente me dio su opinión. Me dejó saber que el recorte va y la matrícula ajustada a los ingresos va, pero no tenía ningún plan ni nada concreto de por qué se debía implementar”, añadió De Jesús Oquendo.
“Nosotros lo que queremos es una reunión con el primer mandatario de esta isla. Los 11 recintos sentarnos con él cara a cara y ver qué es lo que va a pasar con la UPR”, declaró, por su parte, Ayala Fontánez.
Lo único que sí les ha contestado es que su administración va a “respetar la autonomía universitaria”. No obstante, en el caso de no cumplir con las exigencias fiscales, la UPR tendrá que lidiar con la JCF.
“Todo ciudadano tiene derecho a manifestarse”
Ante la manifestación estudiantil convocada para el jueves 23 de febrero en el Capitolio, el secretario de Asuntos Públicos le informó a los líderes universitarios que “todo ciudadano tiene derecho a manifestarse”.
“Se hizo la pregunta de cómo se estaría manejando la situación, tanto dentro de los recintos, como fuera de ellos, y se hizo alusión a la manifestación. [El secretario] mencionó que todo ciudadano tiene derecho a manifestarse y que se va a permitir esa manifestación, así que esperamos que esa palabra se cumpla”, relató Domínguez Escalera.
Los estudiantes informaron que la movilización se centrará en el Capitolio, y no en La Fortaleza ni en Administración Central de la UPR como se había presentado en la asamblea del RUM, donde se originó la convocatoria.
“El movimiento se va a encontrar en el Capitolio ya que el gobernador no se va a encontrar en el país. Queremos concentrar todo el movimiento posible para quedarnos en el Capitolio y que nuestra voz sea escuchada”, explicó Naysha Alcalá Loaiza, presidenta del CGE del RUM.
No obstante, no descartaron una manifestación futura frente a las oficinas administrativas de la UPR, localizadas en el Jardín Botánico. Igualmente, continúa sobre la mesa la posibilidad de realizar una asamblea a nivel sistémico luego de la finalización de las respectivas asambleas por unidades durante esta semana y principios de marzo.
Agradece disponibilidad para encarar la crisis en la UPR
Por su parte, Rosario Cortés agradeció al grupo de estudiantes por la disponibilidad para dialogar en aras de “buscar soluciones a la crisis fiscal de la universidad”.
“[Los estudiantes] vieron con buenos ojos la propuesta del gobernador Rosselló Nevares para allegarle fondos a la UPR provenientes de adiestramientos. Nos presentaron otros proyectos, como dar las tutorías en el Departamento de Educación, permitir que algunos servicios de ingeniería los dé la UPR en Mayagüez y permitir, dentro de lo que va a ser la nueva ley del cannabis medicinal, que se hagan laboratorios académicos de investigación en la universidad”, destacó Rosario Cortés por medio de un parte de prensa.
Según el funcionario, los estudiantes afirmaron que siempre han reprochado la inacción de la administración universitaria a la hora de implementar ahorros en las esferas administrativas para convertir a la UPR en una institución más eficiente. En ese sentido, el estudiantado destacó que la Certificación 74 de 2014 fue una propuesta de ellos para la reestructuración fiscal de la universidad.
De hecho, el secretario de Asuntos Públicos indicó que los estudiantes “coincidieron con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) en que los borradores que estaban compartiéndonos los administradores universitarios no estaban sustentados y faltaba información”.
“Nos informaron que serán exigentes con la transparencia en relación con la administración universitaria. De igual forma, nos mostraron preocupaciones con una de las propuestas del gobernador relacionada a la matrícula ajustada a los ingresos”, señaló.
Además de los estudiantes, Rosario Cortés también sostuvo una reunión con la nueva presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, quien aseguró que la administración universitaria tiene un esquema delineado para lograr eficiencias y ajustes fiscales y generar ingresos nuevos a la universidad, con el propósito de atender la realidad presupuestaria que enfrenta la institución.
“La presidenta interina nos ha informado que no se trata de recortes de $300 millones, sino una combinación de ingresos nuevos y eficiencias administrativas. En ese sentido, Fernández mostró su simpatía con medidas, como la Orden Ejecutiva 2017-021, que allegan más ingresos a la universidad mediante el ofrecimiento de adiestramiento a agencias del Gobierno”, señaló el funcionario.
