Aunque lo catalogaron de “predecible”, la aprobación de un aumento de costo del crédito subgraduado en la Universidad de Puerto Rico (UPR) recibió ayer el rechazo de diversos representantes de la comunidad universitaria que acudieron al Paro Nacional con motivo del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras.
“Es sorprendente ver que ayer [el lunes] se aprueba el aumento en la matrícula y hoy [ayer] salimos a la calle. Estamos aquí presente y el estudiante se va a dejar sentir”, dijo a Diálogo el presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) de la UPR en Cayey, Héctor Barreto.
La expresiones de Barreto respondieron al aumento al costo del crédito subgraduado de $56 actuales a $115 para agosto de 2018 y que fuera aprobado el lunes por la Junta de Gobierno de la UPR.
Con él coincidió su homólogo de la UPR en Ponce, Juan De Jesús Oquendo, quien también manifestó su inconformidad con la decisión del ente rector de la institución. Reconoció, no obstante, que era de esperar el aumento ya que el alza se “planteaba en el plan fiscal aprobado por la Junta de Gobierno”.
El líder estudiantil mostró preocupación ante la incertidumbre de cómo se va a implementar el fondo de becas con el que la administración universitaria busca mitigar el impacto de los aumentos sobre los estudiantes con mayor necesidad económica.
“Es un poco alarmante no tener un fondo de becas. Ya los estudiantes se han expresado en contra del plan fiscal y todo lo que incluye. Por ende, es como una fuente de combustible para que los estudiantes se mantengan alarmados y esto es un ejemplo. Estamos aquí en el Día Internacional de los Trabajadores donde no solo están los estudiantes, sino todos los sectores universitarios y del país, que se están uniendo en una sola voz en contra de la JCF y el gobierno con todas las implementaciones y atropellos que históricamente nos han realizado a la UPR y al país entero”, puntualizó De Jesús Oquendo.
Al igual que los alumnos, el presidente saliente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), José Torres, criticó el incremento al crédito subgraduado al catalogarlo como “un ataque a los estudiantes, a la Universidad y al país”.
“Lo que [se] busca es destruir la UPR y la JCF conjuntamente ha dado esa orden a la Junta de Gobierno de la UPR. El señor Walter Alomar [presidente de la Junta de Gobierno] es responsable de esto, él se cree dueño de la universidad. Nosotros no reconocemos a Walter Alomar como dueño de la universidad”, sostuvo Torres.
Agregó que la Heend se unirá a la lucha de los estudiantes “en contra de ese abuso y esa política de la Junta de Gobierno”.
Al aprobar la medida el lunes, Alomar explicó que solo se tomó en consideración el aumento del crédito para agosto de 2018 debido a que esa fue una de las propuestas en convergencia con la JCF.
“Lo que se propone es un plan fiscal, esto no es una ley. Un plan fiscal, como hacen todas las entidades, es un mapa a seguir que puede ser cambiado. Hay unas cosas que van a funcionar y otras no. Es una ruta para tener una universidad sustentable”, expuso el presidente del ente rector durante la reunión ordinaria de la junta.
Por lo mismo, Torres no confía en que la Junta de Gobierno vaya a descartar otras exigencias de la JCF, como los recortes a las pensiones o la eliminación de plazas docentes y no docentes.
El empleado no docente mencionó que tanto la JCF, la Junta de Gobierno y el Gobierno de Puerto Rico han “manifestado su intención de eliminar nuestro sistema de retiro y los beneficios del plan médico de todos los trabajadores. De igual manera nos están eliminando las exenciones de matrícula a los estudiantes y los trabajadores”.
“No podemos permitir que [los recortes] continúen y yo creo que el pueblo aquí ha demostrado que estamos dispuestos a luchar por la universidad y lo vamos a hacer conjuntamente con los estudiantes y toda la comunidad universitaria”, acotó Torres, quien a diferencia del resto de los universitarios se unió a los manifestantes que acudieron al Capitolio.
En el caso del presidente interino de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Javier Córdova, quien también marchó desde el Recinto de Río Piedras hasta la Milla de Oro, coincidió al expresar que la determinación de la Junta de Gobierno está alineada a la visión del gobernador Ricardo Rosselló Nevares sobre los recortes a la UPR.
“Ese [aumento] es el primero de unos cuantos. Ese aumento de $57 a $115 está en ambos planes fiscales. Así que el presidente de la Junta de Gobierno está alineado con su gobernador, porque fue el que lo puso ahí. Puede estar hablando en contra del plan de la JCF y diciendo que no lo van a implementar, pero es que, aunque implemente el suyo, desmantela a la universidad”, indicó Córdova.
Al igual que el presidente de la Heend, Córdova indicó que la APPU también se unirá a la defensa de los estudiantes en contra de las medidas de austeridad.
“Ya estamos conformando actividades adicionales y les adelanto que vamos a tener una actividad contundente para defender la UPR. Tan pronto como [para] la semana que viene estamos ya planificando una próxima actividad. Así que estén pendientes los compañeros jubilados, los compañeros activos y ya no activos en la UPR. Pendientes porque vamos a estar dando luchas en defensa de nuestro sistema de retiro, que es uno de los beneficios fundamentales que tenemos los empleados y que nos lo quieren desmantelar, nos lo quieren destruir. Así que vamos a estar en la calle”, expresó el profesor.
El aumento se aprobó con seis votos a favor y tres en contra de la Junta de Gobierno. Los votos a favor fueron de los miembros nombrados por el gobernador Rosselló Nevares: Luis Berríos Amadeo; Antonio Monroig; el presidente del cuerpo, Walter Alomar; la vicepresidenta, Zoraida Buxó; el representante del Departamento de Educación, Eric Pérez Torres; y el representante de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Alejandro Camporreale.
En contra del aumento del costo de estudio votaron: Gilberto Domínguez, representante estudiantil graduado; Efraín Rodríguez, representante estudiantil subgraduado; y Mayra Olavarría, representante claustral. Mientras, Alan Rodríguez Pérez, representante claustral, se abstuvo.
La decisión se tomó sin considerar las exenciones de matrícula ni el fondo de becas para mitigar el impacto económico a los estudiantes y familiares. Tampoco se determinó cuál será el costo del crédito a nivel graduado.
El periodista Manuel Guillama colaboró en esta historia.