Habrá que esperar hasta el próximo 11 de octubre para conocer el resultado de la investigación de las fiscales especiales independientes Iris Meléndez Vega y Zulma Fuster Troche sobre las irregularidades en el otorgamiento de las becas presidenciales por parte del expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Uroyoán Walker Ramos y el exrector del recinto riopedrense Carlos Severino Valdez.
La investigación obedece a un referido hecho al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) por el Departamento de Justicia el pasado 5 de abril de 2017 para iniciar una pesquisa contra ambos funcionarios ya que existía “causa suficiente para investigar” si en efecto estos incurrieron en conducta delictiva a la hora de otorgar las ayudas a económicas a Carlos Pagán Cuebas, Arturo Ríos Escribano y Mónica Sánchez Sepúlveda en el semestre académico 2015-2016.
El informe con el resultado de la investigación se suponía que se hubiese sometido el pasado martes 12 de septiembre. Sin embargo, el oficial de prensa del PFEI, Luis De la Cruz, informó a Diálogo que las fiscales solicitaron una segunda prórroga para someter el resultado de su pesquisa al panel.
Aunque las razones por las cuales requirieron una extensión forman parte de “un documento confidencial entre las fiscales y el panel”, De la Cruz aseguró que responde a situaciones comunes que inciden en una investigación criminal tales como la disponibilidad de testigos o solicitudes de documentos.
El referido de Justicia recomendó al PFEI investigar si Walker Ramos cometió el delito de malversación de fondos, de acuerdo con el artículo 264 del Código Penal de Puerto Rico.
Asimismo, que se investigara al expresidente para que se determine si este este violó el artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental del 2012. Este estatuto dispone que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.
Con relación a Severino Valdez, Justicia recomendó investigar si también violó el artículo 4.2(b) de la citada ley. La agencia, sin embargo, recomendó al PFEI referir al expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR Jorge Sánchez Colón a la Oficina de Ética Gubernamental para que esta determine si el exfuncionario violentó el artículo 4.2(s) de la Ley de Ética Gubernamental.
La pesquisa criminal inició el 26 de febrero de 2016, luego que el senador Ángel Martínez Santiago solicitara a Justicia que investigara el entramado relacionado al otorgamiento de las becas. De acuerdo con un parte de prensa del PFEI del pasado 20 de abril, la Junta de Gobierno de la UPR solicitó dos investigaciones externas. La primera fue ordenada el 9 de marzo de 2016 y la segunda el 29 de agosto del mismo año. El parte de prensa también indica que el 16 de noviembre de 2016 el exsecretario de Justicia César Miranda ordenó la paralización de la investigación. El 13 de febrero de 2017, el PFEI entonces retoma el proceso investigativo contra Walker Ramos y Severino Valdez.
Las irregularidades en torno al otorgamiento de las becas presidenciales se originaron con las recomendaciones a destiempo de dos candidatos y la concesión de dichas becas a áreas que no habían sido catalogadas como prioritarias para la institución. Asimismo, se señaló que las becas se dieron para cursar estudios en programas y universidades que se desconocía si cumplían con el requisito de “connotado prestigio” establecido en la Certificación 72 (2006-2007) de la Junta de Gobierno de la UPR.
Las recomendaciones de Pagán Cuebas y Ríos Escribano fueron recibidas antes del periodo requerido por el entonces presidente Walker Ramos. Estos fueron recomendados por el exrector Severino Valdez entre uno y dos meses previos al inicio de la convocatoria pautada del 3 al 15 de julio de 2015. Ambos recibieron becas para programas de estudio posgraduados en derecho, un área de estudio que no había sido identificada como prioritaria.
Mientras, el caso de Sánchez Sepúlveda es incluso más irregular. La arquitecta, quien no era docente de la UPR, fue recomendada por el entonces decano de la Escuela de Arquitectura Francisco Rodríguez. Sin embargo, la Certificación 72 establece que solo serán los rectores quienes podrán recomendar estudiantes. Sánchez Sepúlveda –quien es sobrina de Sánchez Colón– solicitó la beca para estudios posgraduados en urbanismo, otra área que no fue identificada como prioritaria.
