Para el director de finanzas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Norberto González, la institución ha hecho todo lo que está a su alcance por obtener un máximo nivel de eficiencia en sus operaciones. Es por ello que, a su juicio, el principal centro docente del país fue capaz de sobrevivir el pasado año fiscal, aun cuando por momentos el gobierno se encontraba más de $100 millones retrasado en los pagos programados por concepto de las remesas mensuales que envía a la UPR para cumplir con la famosa “fórmula”.
Al presente, el pago de esas remesas y otras fuentes de ingreso que dependen del gobierno central se encuentran al día. Sin embargo, eso no significa que el panorama financiero de la UPR, de cara al futuro, se haya aclarado. Por el contrario, la incertidumbre que provocan la entrada de un nuevo gobierno y la llegada de la Junta de Control Fiscal (JCF) al país han creado mayor preocupación entre amplios sectores de la llamada comunidad universitaria.
Como ya es harto conocido, la fórmula que en teoría le permite a la UPR manejar anualmente el 9.6% del promedio de recaudos del gobierno en los dos años previos fue congelada en 2014 bajo la Ley 66. Esto significó que por los tres años que estaría vigente la congelación, la universidad del Estado recibiría del Fondo General del país la cantidad con la que dispuso para el año fiscal 2013-14: unos $833.9 millones.
Aunque nos encontramos en el último año de vigencia de ese estatuto, lo cierto es que en su rechazado plan fiscal, el gobernador Alejandro García Padilla propuso a la JCF que se extendiera la congelación hasta al menos 2021, a pesar de que en los últimos años los ingresos del gobierno han venido en aumento ante los incrementos en contribuciones.
Por su parte, el gobernador entrante Ricardo Rosselló ha insistido públicamente que su administración centrará los esfuerzos en el recorte de gastos, y se desconoce hasta qué punto eso pudiera afectar a la universidad.
Y claro, aunque se sabe que la JCF viene con la misión de reordenar las finanzas del país y viabilizar el cumplimiento con el pago de la deuda pública, se desconoce igualmente cuáles son las alternativas específicas que impondrá, más allá de prometer inequívocamente significativos recortes al presupuesto de Puerto Rico.
Dentro de ese turbio panorama, González reconoce que, si bien la congelación de la fórmula no es conveniente bajo los parámetros actuales, en el contexto más amplio pudiera resultar ventajoso.
“Convendría en el sentido de que tendríamos una estabilidad en los ingresos, no tendríamos la incertidumbre. Tenemos que tener cierta seguridad de cuáles van a ser los ingresos principales para entonces poder hacer la planificación y al hablar de la universidad, tenemos [que aceptar] la realidad de que el ingreso más importante es lo que viene del gobierno”, señaló el director de finanzas, añadiendo que por más que la institución se esfuerce, es imposible reemplazar los fondos que se reciben a partir de la fórmula, asignaciones legislativas y otros ingresos como los que generan los juegos de azar, que suman en conjunto sobre $900 millones del presupuesto consolidado de $1,470 millones con el que cuenta la UPR este año fiscal.
A pesar de la “complejidad” que conlleva administrar una entidad que incluye once unidades académicas, múltiples centros de investigación y otras propiedades, González resalta los avances que la institución ha realizado en lo referente a la reducción de gastos.
En parte, esa disciplina ha permitido que la UPR haya creado este año un fondo de reserva de $50 millones, que en caso de no necesitarse antes del 30 de junio, pudiera utilizarse en próximos años fiscales para subsanar áreas afectadas por potenciales recortes.
Otro detalle financiero de la UPR que González destacó es el sistema de retiro de los empleados.
Las reducciones en gastos han permitido que la universidad establezca una reserva de $50 millones. (Glorimar Velázquez/Diálogo)
Aunque al presente existe un déficit actuarial significativo, puesto que el fondo de pensiones está financiado en alrededor de un 45%, González indicó que los cálculos prevén que esa brecha se estará cerrando en las próximas décadas hasta acercarse al 100%.
“El análisis es constante pero creo que el sistema de retiro está mucho mejor que el del gobierno, y la tendencia es que seguirá mejorando”, debido a los ajustes que se han hecho periódicamente, dijo el graduado de contabilidad en la Facultad de Administración de Empresas de la UPR Recinto de Río Piedras, recordando que los planes del gobierno central apenas cuentan con fondos para cumplir con entre 3% a 5% de sus responsabilidades proyectadas.
‘Set-off’ con el BGF
Ante la virtual quiebra del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el gobernador García Padilla firmó en abril la Orden Ejecutiva (OE) número 10, que impuso trabas a las entidades gubernamentales que intentaran retirar fondos depositados en el banco.
Eso supuso un problema para la UPR, que tenía $91.5 millones depositados en el BGF. Sin embargo, González explicó que la universidad igualmente carga con una deuda de $76.4 millones con el banco, producto de un préstamo del que se deben cerca de $48 millones, y de una línea de crédito de $75 millones de la que se tomaron $28 millones, que venció el 31 de enero pasado.
Es decir, que al hacer ese ‘set-off’, el balance neto es de unos $15 millones que la UPR está en riesgo de perder.
“Obviamente, tenemos que continuar haciendo las gestiones [para recuperar ese dinero]. Ahora mismo no podemos contar con ese dinero porque no es parte de la liquidez. Si le pido el dinero ahora ellos dicen ‘tengo tanto problema de cash que no te lo puedo dar, es tuyo y sigue acumulando intereses, pero no te lo puedo dar’”, sostuvo González.
Otra orden ejecutiva que surgió a partir de la Ley de Moratoria, la OE-31, obligó a la universidad, al igual que a otras entidades del gobierno a suspender el pago de sus bonos.
Por lo tanto, la UPR, a pesar de que había separado $64 millones en su presupuesto para cumplir con estas obligaciones, se vio imposibilitada de emitir los pagos correspondientes.
Este año, la UPR estaba supuesta a hacer pagos de $4 millones mensuales a un fideicomiso manejado por el US Bank, que a su vez le remitía el dinero a los bonistas en pagos que vencían el pasado jueves, 1 diciembre y el 1 de junio del año entrante. Como a partir del 1 de julio la UPR comenzó a incumplir con los pagos, el US Bank llevó el caso a los tribunales, aunque por el momento se encuentra paralizado por el ‘stay’ que impuso la ley Promesa a las demandas por incumplimiento.
González explicó que tanto el fideicomiso de US Bank, como otro que maneja el Bank of New York Mellon –relacionado al proyecto de construcción de edificios de Plaza Universitaria, y que debería recibir $475,000 mensuales–, cuentan con un fondo de reserva que, al momento, es el que estas entidades estarían utilizando para pagarle a los bonistas en los plazos establecidos, como el del pasado jueves.
Mientras se agota el plazo establecido por la Ley de Moratoria –el 31 de enero próximo, aunque el gobernador tiene la potestad de extenderlo por dos meses adicionales– el dinero separado para la deuda no se tocará, dijo el director de finanzas, aclarando que no ha habido conversaciones entre la universidad y el gobierno entrante en torno a qué ocurrirá con dicha ley, en parte debido a que la UPR no participa del proceso de vistas de transición, como sí lo hacen decenas de agencias públicas.
Aún así, González no tiene dudas de que la universidad será uno de los enfoques de la próxima administración.
“Sea el partido que esté, sea la gente de la junta de supervisión fiscal, tienen que ver la importancia de una educación universitaria para Puerto Rico, que con sus virtudes y defectos es uno de los proyectos más exitosos, si no el más exitoso en la historia del país. Muchas de las personas que han estado en posiciones importantes en Puerto Rico han sido productos de la UPR. Todo el mundo está claro que la UPR, dentro de lo que sea posible, hay que protegerla”.
“Yo estoy seguro que la universidad va a seguir siendo algo bien importante para el gobierno que esté. Y en la mente de la junta de supervisión, pues tiene que seguir siéndolo”, reiteró el contable.
