Lo que hay que cambiar es la criminalización. O al menos en eso parecieron coincidir dos de los ponentes en el foro Legalización de la Marihuana, que se llevó a cabo en el anfiteatro de la Escuela de Profesiones de la Salud en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. El evento sirvió para presentar distintas posturas en torno a un tema que, sin duda, invita a repensar las medidas de política pública que pueden crearse si se toma en cuenta que las medidas prohibicionistas han fracasado en el País.
El evento contó con la participación del senador Miguel Pereira, la doctora Carmen Albizu y el padre Carlos Pérez. Albizu tuvo a su cargo la primera ponencia. Y dejó claras desde el inicio sus intenciones, cuyo objetivo principal fue fomentar “una discusión reflexiva sobra la prohibición y sus consecuencias a la salud fiscal, social, física y mental de la comunidad puertorriqueña”. Asimismo, añadió esperanzada, su objetivo de “facilitar el desarrollo de un acercamiento sistemático para evaluar política pública y proveer datos constatables para desarrollar una postura crítica”.
La doctora –quien lleva más de veinte años investigando sobre agentes y narcóticos– hizo un recuento histórico, apoyada en cifras, estudios, y material académico, sobre la experiencia estadounidense en su afán prohibicionista y las consecuencias nefastas en el tejido social que ello ha provocado. Con un 5% de la población mundial, aseveró, el país norteamericano posee el 25% de la comunidad penal del globo. “La guerra contra las drogas en Estados Unidos ha sido étnico racial”, subrayó, al hacer referencia a la persecución de minorías negras y latinas. ¿Esto en qué deviene? “El país que más consume es el país que más prohibición ejerce’’. Con ello, sin embargo, Albizu allanó el terreno para defender su postura de regulación y prevención, como ha ocurrido, por ejemplo, con el consumo de tabaco tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico.
A tono con la doctora, intervino el senador Miguel Pereira, ex titular de Corrección y proponente del proyecto en el Senado 517, con el cual pretende actualizar la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico con el fin de enmendar las disposiciones en torno a la posesión de la marihuana. El proyecto, advirtió el senador, no legaliza. Sin embargo, modifica la posesión de entre 14 a 28 gramos (1/2 oz., aproximadamente) de marihuana como delito menos grave. La medida, de otro lado, refiere e ASSMCA a los menores de 18 años. Pereira continuó su alocución aduciendo que, “al prohibir, todas las esferas se ven afectadas’’. Más tarde reveló una tabla comparativa entre los componentes de la marihuana y un refresco de soda. Por su contenido, explicó, los refrescos debieran estar demonizados, no así la marihuana, lo que despertó risas entre los asistentes.
Pereira alertó sobre problemas ulteriores a los que se enfrenta una persona por ser hallada y procesada por posesión de marihuana. Y recordó el caso de Jeremy Ruiz. Advirtió que el joven ya no podrá recibir ayudas económicas para estudiar en la universidad. Por otro lado, habló de la incoherencia jurídica que establece el que, si Ruiz hubiese cometido un asesinato, y hubiese sido procesado, aún podría recibir ayudas económicas para realizar estudios universitarios. Ese desfase hay que corregirlo, sugirió.
En contraste a las posturas tanto de Albizu como de Pereira, habló el padre Carlos Pérez. El mismo se refirió a un escrito opositor al proyecto 517 del Senado de la pluma del ex presidente de la Academia de Psiquiatría de Puerto Rico, Carlos Augusto Cabán. En el informe, Cabán tachó de “devastadora” a la marihuana. Y de ello se hizo eco el padre Pérez. Además, arguyó, el proyecto 517 no distingue entre distribución y posesión, por lo cual, a su entender, debe ser revisado. Sobre todo, continuó, porque no contempla un proceso rehabilitador. Pérez, de otro lado, no fue claro en sus posturas al argüir que penalizar horada el tejido social y defender, al mismo tiempo, las multas y penas de cárcel por ser hallado en posesión de marihuana en más de una ocasión. A su vez, abogó por crear programas educativos que inviten a desdeñar el uso de la marihuana. El padre Pérez indicó que propone la despenalización “en el contexto del uso privado y que no tenga consecuencias de cárcel para el primer ofensor, que además las consecuencias sean de carácter administrativas”. Sin embargo, fue confuso en su postura sobre una persona que sea un ofensor reincidente.
Al finalizar las ponencias, el foro abrió el debate con el público y puso sobre el tapete la urgencia de atender el tema de forma urgente, responsable, ya que tanto el fisco como la sociedad puertorriqueña así lo necesitan.
