Fruta prohibida, la uva en Puerto Rico

El autor es catedrático en el Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

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Por inverosímil que parezca, Puerto Rico es el único país de América que ha mantenido la política pública de la España colonial que relega el cultivo de uvas. El cambio de soberanía alteró la protección de los cultivos de la madre patria por la protección agroindustrial de la caña de azúcar, con un lapso agravante por la infame Prohibición federal.

La prohibición actual revalida la prioridad de los ingenios cañeros restablecidos desde la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

La reafirmación de la política vigente fue enunciada a principios de año por la secretaria del Departamento de Agricultura, Myrna Comas, al proponer la reposición de los desaparecidos cañaverales de la Isla, con la declaración exagerada de que la cosecha no sería con mano de obra esclava, sino por maquinistas en cabinas con aire acondicionado y al son de reggaetón.

Las tierras llanas mecanizables, gran parte en poder de la Autoridad de Tierras, son el recurso geográfico más crítico para el desarrollo agrícola del país. Pero el propósito oficial de la renovación cañera no es tan siquiera la producción de azúcar, sino de melaza, para apuntalar la menguante industria del ron y detener la sangría de los reembolsos de arbitrios federales sobre los rones exportados a Estados Unidos.

El proyecto conjunto del Departamento de Agricultura y la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO por sus siglas en inglés) propone la siembra de 20 mil cuerdas de caña para el 2016, a fin de extraer el 56% de la melaza que los productores locales de ron importan pagándolo “carísimo”, según Antonio Medina, director ejecutivo del PRIDCO[1].

Para procesar la caña, el Gobierno propone rehabilitar la antigua Central Coloso en Aguada, una reliquia que será modernizada por alguna empresa internacional con el peritaje y capital necesario, creando una bonanza estimada de 4 mil empleos directos e indirectos. En realidad, los beneficiarios principales del ingente proyecto no necesitan subsidio público.

La multinacional Destilería Bacardí, “la catedral del ron” tiene su sede en la Isla y sucursales en varios países de América, donde obtiene melaza a precios risibles. Su afiliado, la Destilería Serrallés, produce Ron Don “Qué” en Brasil, donde la “Q” del español figura “cu”; o sea, ‘culo’ en portugués.

Además, posee tres a cuatro mil cuerdas de cañaveral abandonado aledaños a su destilería ponceña. Su flamante vicepresidente, Roberto Serrallés, afirma que el 70% del costo de fabricar ron se va en la melaza y el 37% de esto es el costo del transporte desde los países productores[2].

El pánico por la fuga de otra multinacional del ron, Captain Morgan, en el 2011 a St. Croix, Islas Vírgenes, parece haber motivado el improvisado proyecto de melaza. Dicha empresa fue seducida por generosos incentivos fiscales con la condición de que estableciera un centro de atracción turística, el cual fue inaugurado en el 2012 con una inversión de $9 millones. Puerto Rico dejó de recibir $140 millones de arbitrios federales devueltos en el 2012 por la fuga de Morgan.

Vislumbrando la pérdida, el Gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley 178 de 2010, aumentando de 10% a 25% el rembolso a destilerías de la restitución a la Isla de los arbitrios federales cobrados a los rones importados al norte, calculado a base de $13.25 el galón. El incentivo será por veinte años.

Aprovechando la oportunidad, el conglomerado CC1, que reúne compañías de distribución de alimentos y bebidas en el continente y la Isla (incluyendo la Coca-Cola), fundó la tercera gran destilería del país, Club Caribe Distillers, LLC, en el 2011. A tal efecto, adquirió la difunta planta farmacéutica de Cidra, la Glaxo SmithKline, con 90 cuerdas de terreno y medio millón de pies cuadrados de instalaciones fabriles por una inversión de $10 millones en capital privado.

Por otro lado, la disponibilidad de melaza producida en Puerto Rico habrá de promover un insospechado retorno al pasado. En otros tiempos proliferaba la destilación artesanal clandestina que suplía ron “cañita” o “pitorro” y sus licores derivados, como los de quenepa y murta, a precios módicos por no pagar arbitrio.

En Brasil, la abundancia histórica de melaza sustenta unos 40 mil alambiques artesanales que producen 400 millones de galones de cachaça (que sabe a pitorro) anualmente, esencia del trago nacional, la caipirinha. El consumo de ron ‘multinacional’ es apenas la quinta parte del de cachaça.

A fin de cuentas, promover la producción de melaza en Puerto Rico fomentará el renacimiento del ron cañita tradicional, socavando el mercado de los rones exportables que pagan arbitrios federales. Ya se vende un ron convencional denominado “Ron Cañita, Marca Alambique” que capitaliza la nostalgia con una receta de sabor similar a la cachaça.

¿Qué tiene que ver el desacierto de resucitar la siembra de cañaverales con las uvas?

El consumo de vinos en la Isla se ha disparado en años recientes, para asombro de los importadores. Según la población del país se ha tornado cosmopolita, el consumo de vinos ha aumentado de un litro por persona al año hace una generación a dos galones per cápita en el 2014[3]. El valor del vino en el mercado se estima en unos $61 millones, y el total de recaudos por arbitrios locales suman $15.8 millones. Los arbitrios federales solo aplican a la entrada de vinos extranjeros.

Además, hay una larga tradición de compañías que fabrican vinos sub-standard (coloquialmente, “vinos de cocinar”) no exportables al norte. A los más antiguos de pasas y otras frutas se unió en 1981 la avanzada de BEARCO (Bodegas Españolas Argentinas), un consorcio de la mega-vinícola argentina Peñaflor y la española Zumos de Navarra[4].

Utilizando tecnología concebida décadas antes en Japón, proponían reducir el costo de transporte deshidratando el mosto (fruta macerada), para luego hidratarlo con agua destilada y fermentarlo para producir vinos exportables a Estados Unidos. La bodega se estableció en Canóvanas, con incentivos condicionados a la eventual vinificación de uvas cultivadas en la Isla. Corriendo el tiempo los vaivenes de la realidad, darían al traste con las pretensiones de la empresa.

BEARCO no logró sobreponerse al proteccionismo estadounidense. Perduró en Puerto Rico insertándose en el lucrativo mercado de jugo de uvas dominado por la megacooperativa de productores Welch, que había seducido el paladar boricua con el sabor inimitable de la variedad de uva Concord.

La bodega de Canóvanas fracasó en popularizar el consumo isleño de vinos con su marca Castillo Real. Para el 1987, producía más jugo de uva que vino, quedando excluido de los beneficios otorgados por el gobierno a las empresas vinícolas.

BEARCO apenas logró penetrar el monopolio de Welch hasta un 10% del mercado de 5 millones de galones al año con su marca Richy, que competía en desventaja. Brasil suplía el abasto de jugo de la variedad Isabel, ‘prima’ de Concord afincada en el sur de Brasil, que se había granjeado el favor popular por su sabor distintivo, novedoso en Puerto Rico pero ajeno al de Concord. Intentos de cultivar la Concord en Brasil fracasaron por falta de adaptación, resultando improductivo y desvirtuado su sabor característico.

Vista de un viñedo en la región de Altagracia en Venezuela / Foto suministrada

A punto de quebrar, BEARCO fue comprada por el grupo inversionista local CCI por $5 millones a principios del 2012[5]. Los haberes adquiridos, según el parte de prensa, incluyen las marcas de vinos, la planta de Canóvanas y sus veinte empleados.

La operación se trasladó a Cidra, a una esquina de la anterior planta farmacéutica Glaxo. La nueva compañía pretende resucitar la moribunda estrategia de mercado de su precursora aprovechando el inusitado auge en el consumo puertorriqueño de vinos. Contrató al enólogo argentino Héctor Duguetti, “experto en bodegas artesanales”, para desarrollar la marca insignia “Puerta de Hierro”.

La idea es producir vinos comparables en calidad a los importados y llevando el rótulo de las mismas cepas clásicas, pero al precio proletario de $4.99 la botella, porque no pagará arbitrio de importación ni podrá exportarse al norte por calificarse sub-standard.

La bodeguita apuesta a una campaña de promoción agresiva y una distribución encomendada al sistema de la Coca-Cola para insertarse con éxito en el competido mercado de vinos baratos no exportables. Aparentemente, la alternativa del jugo de uvas quedó descartada al venderse la marca Richy a una empresa de Cayey, que envasa en botellones de polietileno jugos de diversas frutas además de uvas.

En Colombia, el concentrado de Isabel importado de Brasil se revende embotellado al consumidor, con instrucciones para diluirlo bajo la marca Frutiuva. Pero Brasil también produce un gran volumen de concentrado de la variedad blanca Niagara, cuyo sabor agradable se conoce en la Isla por las importaciones del norte.

Un amplio despliegue periodístico reciente celebra el auge exponencial del consumo de vinos en Puerto Rico[6]. Según José Juan Hernández, director de vinos de B. Fernández y Hnos, “el no tener viñedos nos da una ventaja sobre los países productores, porque no tenemos limitada la importación. A eso responde la variedad tan amplia que tenemos”.

En otras palabras, como no tenemos una vinicultura de gran envergadura como California y otros países, nos salvamos de leyes proteccionistas que limitarían la diversidad de la oferta.

Ciertamente, recaudos en arbitrios locales hacen atractiva la importación de vinos y mostos a la Isla. En el año 2013, se vendió al detal un volumen aproximado de 7.4 millones de litros por valor de $63.2 millones. El total de recaudos al erario fue de casi $21 millones, $5 millones más que la entrada por arbitrios sobre el ron.

Sin embargo, el espejismo proteccionista ciega al importador citado a la posibilidad de diversificar aún más su oferta con vinos de uvas cultivadas y procesadas aquí, con apoyo de incentivos similares a los de producción de melaza.

El cultivo de uvas para vino y fruta fresca está firmemente establecido en países vecinos de la cuenca caribeña. En Venezuela, Colombia, Cuba, y República Dominicana, hay institutos, viñedos y empresas vitivinícolas agroindustriales.

En Puerto Rico, por su parte, existen nacientes proyectos vitícolas artesanales que las autoridades no acaban de reconocer. Sin embargo, el auge en el consumo y producción de cervezas artesanales, cuya materia prima se importa, ha recibido un amplio respaldo gubernamental[7].

Tomando nota del crecimiento en Estados Unidos de la industria de cervezas artesanales en un 17% en el 2012, el Senado de Puerto Rico aprobó su Proyecto 776 para enmendar el Código de Rentas Internas, escalonando su estructura contributiva para incentivar la nueva industria.

En palabras del senador popular José Nadal Power, “estamos hablando de una industria que existe de manera incipiente en Puerto Rico, pero que tiene un potencial inmenso para crear empleo y para aumentar la producción y exportaciones desde Puerto Rico. Es una industria que añade valor y que puede proveerles a muchas personas jóvenes que están participando en esa tendencia de elaborar cervezas artesanales que encuentren un nicho de empleo y actividad empresarial”.

¿Por qué no darle el mismo reconocimiento y apoyo a los proyectos vitivinícolas artesanales que se están desarrollando desde Vieques hasta Aguada? Vinificarán uvas desarrolladas en Puerto Rico mediante el mestizaje de una especie endémica de vid silvestre y otras especies tropicales con variedades extranjeras de alta calidad. Las variedades más prometedoras de aquí son la Primavera y la Valplatinta, ambas desarrolladas por el autor[8].

La siembra de viñedos de uvas tropicales en Puerto Rico ofrece grandes ventajas económicas. Los vinos producidos pueden ser exportados a Estados Unidos sin pagar arbitrios. Por su resistencia a los hongos, se prestan para el cultivo orgánico sustentable con una demanda lucrativa en ascendencia internacionalmente. Las variedades para fruta fresca pueden manejarse para exportarlas en los meses cuando escasea la oferta de otros países.

Claro está, es necesario superar los atavismos que excluyen las uvas de las frutas tropicales, considerándolas propias de las potencias coloniales que las han administrado.

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