Un estudio científico avala denuncias recogidas por Diálogo que testimonian las vicisitudes por las que atraviesan personas de edad avanzada de diversas comunidades ante la amenaza de que se expropien sus propiedades por estar localizadas en la ruta propuesta para el gasoducto que se quiere construir desde Peñuelas hasta Cataño.
La investigación clínica realizada por la psicóloga Jackeline Rosado, a petición de la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, develó, según lee un comunicado, que el 63 por ciento de las personas de entre las edades de 60 a 86 años que viven en la zona por donde se prevé pase el gasoducto, presentan síntomas de depresión, ansiedad y otros trastornos mentales.
Diálogo reportó algunos testimonios de varios residentes de Adjuntas y Cataño en un reportaje especial el lunes, 6 de diciembre de 2010, en el cual varios residentes declararon sentir temor por las consecuencias que provocaría comenzar sus vidas desde cero en un nuevo espacio, en otros lares. Vea el reportaje.
Entre los testimonios que se rescataron en aquel entonces está el de una familia del barrio Portugués de Adjuntas, municipio en el que se estima que se afectarán unas 60 estructuras, según Julio Santiago, residente del sector. Igual suerte corren Luis González ,de 82 años, y Ernestina Hernández, de 86. A su hijo Edwin González Hernández le inquieta el impacto emocional de esta situación en ambos envejecientes. Ya va más de una década que doña Ernestina lleva postrada en cama por su padecimiento de Alzheimer.
El estudio de la Procuradora
El estudio de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada se llevó a cabo en el área de Adjuntas. Se analizaron los casos de poblaciones de sectores de Peñuelas, Utuado y el sector de Levittown en Toa Baja, durante el periodo de noviembre de 2010 a abril de 2011.
Según el estudio, el 63.1 por ciento de la población evaluada presentó señas de trastorno adaptativo mixto (depresión y ansiedad) menos de tres meses después del anuncio de la construcción del gasoducto. Mientras que el 10.5 por ciento fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático. Asimismo, un 10.5 por ciento adicional tiene trastorno de ansiedad generalizada y el 5 por ciento tiene esquizofrenia catatónica.
Aún más, algunas personas evaluadas para la investigación ya padecían condiciones severas de salud mental, por lo que la amenaza externa de la construcción del gasoducto los coloca en un riesgo mayor.
Por otra parte, según los resultados del estudio, algunos de los detonantes de estas preocupaciones entre los entrevistados se dan a raíz del constante hostigamiento que reciben en su hogares -mediante visitas y llamadas telefónicas-, así como la entrada sin autorización del personal de la compañía New Star Acquisition Corp., a sus predios privados.
A esto se suma el constante sobrevuelo de helicópteros, tanto de la Autoridad de Energía Eléctrica, como de compañías privadas contratadas, en los cuales su vuelo cerca al suelo es alarmante, a todas las horas del día y en una clara conducta de intimidación.
En torno a este particular, la procuradora Rossana López indicó que “es lamentable que [los proponentes de este proyecto] hayan tratado de amenazar, confundir y llevar a cabo una agenda de hostigamiento continuo a esta población”. Máxime cuando el estudio se llevó a cabo como respuesta a la oleada de peticiones para investigar las situaciones que estaban viviendo las personas de edad avanzada, por el proceso atropellado para el desarrollo del gasoducto o llamada “Vía Verde”, que constantemente llegaban a la oficina de la funcionaria gubernamental.
Por su parte, la psicóloga Rosado expresó a un medio local que los resultados son alarmantes y merecen que la Autoridad de Energía Eléctrica tome acción sobre la situación de forma inmediata.
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