Gobierno insiste en su insolvencia, pero eso despreocupa a la JCF

El representante del gobernador ante la JCF, Christian Sobrino, y el presidente del ente, José Carrión III. (Andrés Santana / Diálogo)

19 de enero de 2018 Por Emmanuel Estrada López Puerto Rico

Ante los ojos del gobierno federal y de la Junta de Control Fiscal (JCF), la crisis de liquidez que según la administración Rosselló enfrentan la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no es cierta, pues de otra manera, no se explicaría por qué el gobierno tiene casi $6,800 millones dispersos en sobre 800 cuentas, incluyendo $1,700 millones en la cuenta principal del Departamento de Hacienda.

Hoy, precisamente, la JCF determinó realizar un análisis forense de esos $6,800 millones inventariados por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) para ver cuánto de esa cantidad podría usarse para dárselos a la AEE y la AAA.

La decisión del ente federal se da a diez días de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) y el Departamento del Tesoro federal rechazaran desembolsar al gobierno parte del préstamo de $4,900 millones que aprobó el Congreso en octubre, y que este utilizaría para darle dinero a las dos corporaciones públicas. Pero en lo que la JCF y la Aafaf realizan el análisis, el problema de insolvencia permanece, toda vez que sería el gobierno central –a través del Fondo General– el que tenga que inyectarle liquidez a la AEE y la AAA.

El análisis, además, tomaría tiempo, el mismo que el gobierno no tiene.

“Estamos entre la espada y la pared. Si no se recibe dinero [del Tesoro federal], el gobierno central de alguna manera va a tener que cubrir la necesidad de efectivo en la AEE, porque en Puerto Rico tiene que haber electricidad. Eso es una necesidad. Eso entonces requerirá que el Fondo General reciba una inyección de capital para poder continuar operaciones a un nivel aceptable. O tenemos el Tesoro [federal] que nos va a brindar ese apoyo, o entonces vamos a tener que buscar alguna otra medida”, resumió Christian Sobrino, representante del gobernador ante la JCF.

Para que se tenga una idea, al 30 de noviembre del 2017 la AEE tenía un balance de $598 millones. Al 31 de diciembre del mismo año, el balance era de $245 millones. La diferencia de $353 millones respondió a los gastos de restauración del sistema eléctrico, explicó Sobrino. Si la cifra de gastos se mantiene similar durante este mes, la corporación pública quedaría insolvente de facto.

En su misiva del 9 de enero, FEMA planteó la necesidad de establecer un cash balance policy –que será determinado por la agencia federal en consulta con la JCF y el gobierno local– para desembolsar el préstamo “cuando el balance del Fondo General del gobierno baje a cierto nivel” que torne insolvente la operación gubernamental.

Todavía la JCF y FEMA no han decidido sobre dicha política para el desembolso, sostuvo la directora ejecutiva de la JCF Natalie Jaresko en la conferencia de prensa posterior a la vista pública.

Para el miembro de la JCF José Ramón González, los requerimientos del Tesoro federal para “que se establezca clara y contundentemente la necesidad inmediata de liquidez es una meta que todos compartimos”.

A juicio de González, el problema con los $6,800 millones es que hay fondos dentro de esa cantidad que están comprometidos “por una razón u otra. La naturaleza de esos compromisos o restricciones es lo que tiene que ser aclarado [por la Aafaf y la JCF], porque en la medida en que las restricciones sean autoimpuestas [es decir, fondos restringidos por una ley local que puede derogarse] y no externas [fondos restringidos, como por ejemplo, de origen federal], se le va a requerir al país que realmente apriete un poco más la utilización de los recursos antes de poder proseguir al préstamo” del Tesoro federal.

Dicho de otro modo, resumió, el Tesoro federal quiere garantías de que “realmente hace falta el dinero”.

Aun ante el cuadro de insolvencia que se avecina, la prioridad en estos momentos para la JCF es la transparencia, dijo José Carrión III, presidente del ente federal. “No es recuperar la liquidez como tal. Queremos promulgar el buen gobierno y la transparencia. Estamos buscando que esto no sea una ciencia oculta para nuestro pueblo, que la gente sepa ‘mira, aquí hay tanto, el gobierno administra tanto, estos son los resultados’, porque es nuestro dinero. Ese es nuestro norte”, sumó.

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