De acuerdo con el informe, los conflictos que involucran el agua fueron los que más llamaron la atención entre todos los casos analizados, ya que aumentaron un 93,3% en relación con el año anterior. En 2010, los conflictos por el agua totalizaron 87 casos en Brasil, involucrando a 197.210 personas, con dos víctimas fatales.
José María Filho era el mayor dirigente social de la región de la Chapada do Apodi, en el interior de Ceará. Estaba presente en las manifestaciones sociales denunciando las violaciones de los derechos humanos y, principalmente, la contaminación del agua por el uso indiscriminado de agrotóxicos en la región. A causa de ello Zé María do Tomé, como era conocido, fue asesinado con 19 tiros en Limoeiro do Norte, cuando iba a su casa, en la Comunidad de Tomé, el 21 de abril de 2010.
Conflictos por el agua como éste y cientos de otros casos que involucran conflictos por la tierra y la minería, están registrados en el informe ‘Conflictos en el Campo Brasil 2010', difundido hoy (19) por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en Brasilia (DF). Hace años que la entidad realiza un amplio mapeo de los conflictos del campo en Brasil.
De acuerdo con el informe, los conflictos que involucran el agua fueron los que más llamaron la atención entre todos los casos analizados, ya que aumentaron un 93,3% en relación con el año anterior. En 2010, los conflictos por el agua totalizaron 87 casos en Brasil, involucrando a 197.210 personas, con dos víctimas fatales.
El mapeo de la CPT también revela que el número de asesinatos pasó de 26 en 2009 a 34 en 2010, registrando un aumento del 30%. El estudio también observó el ‘retorno', después de más de 30 años, del protagonismo de los propietarios o "dueños” en la lucha por la tierra. El número total de conflictos mapeados por la CPT en 2010 es de 1.186 casos que involucraron a más de 559 mil personas y dejaron un saldo de 34 muertos.
Sobre los conflictos laborales, la CPT destaca el índice de trabajo esclavo, que todavía persiste en un nivel de los 200 casos, a pesar de los esfuerzos de los equipos de fiscalización y de los grupos de rescate.
El informe muestra que los conflictos por la tierra casi se duplicaron el año pasado, en comparación con 2001, cuando se registraron 366 casos. En 2010, este número saltó a 638 casos. En este mismo período, el número de asesinatos se mantiene en una media de 32, con excepción del año 2003, cuando se registraron 71 asesinatos en conflictos por la tierra. Este año, más de 350 mil personas estuvieron involucradas en los conflictos de más de 13.312 hectáreas de tierra, según el estudio.
El análisis sobre la violencia contra la ocupación y la tenencia de la tierra, en el informe de la CPT se muestra que la región Norte del país continúa siendo la más violenta presentando 6.849 casos de delitos con armas de fuego, seguida por el Nordeste con 2.557 casos. El estado de Pará aún concentra la gran mayoría de los casos, con 5.526 casos.
Entre las comunidades más afectadas por los conflictos en 2010, están los quilombolas con 79 conflictos. De manera general, de acuerdo con el informe, 8.067 familias fueron desalojadas de sus tierras en 2010, mientras 1.216 fueron expulsadas de sus casas, durante los conflictos.
Sobre los conflictos que involucran la minería, el estudio destaca que actualmente existen cerca de 8 mil áreas de producción mineral en Brasil, y que este número va a aumentar con el nuevo marco legal de la minería. En Parauapebas, Pará, está el lugar de la más intensa explotación de mineral de hierro del mundo. En el entorno de la mina de Carajás (PA), muchas comunidades rurales están siendo expulsadas de sus casas debido a las obras de duplicación del sistema mina-ferrovía-puerto de la Vale S.A.
Según el estudio, las licencias ambientales se convirtieron en el cuello de botella en el proceso de construcción de grandes proyectos económicos. Belo Monte es el mayor símbolo en Brasil y en el mundo, de la disputa entre modelos de desarrollo y defensa de la vida de las comunidades locales.
Ante estas realidades, el Padre Dário Bossi, que escribe sobre minería en el informe, resaltó que poblados, asentamientos, comunidades y pueblos tradicionales son atropellados para garantizar los lucros de las empresas de minería, convirtiéndose así en "rehenes de la riqueza de su propia tierra”.
Guilherme Zagallo también comenta que "los impactos sociales y ambientales terminan siendo un mero detalle, un apéndice sin mucha importancia”, durante la disputa por las riquezas naturales. "El lucro es privado, pero los impactos son públicos”, se remarca en el texto.
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Vea el informe completo en http://www.cptnacional.org.br/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=23&view=finish&cid=192&catid=4
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