De acuerdo con la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Celeste Freytes, la UPR no puede dar paso a un ajuste fiscal sin antes identificar cuáles son sus fortalezas institucionales. Así lo dejó saber durante la primera reunión del 2017 de la Junta de Gobierno de la institución y en la que manifestó, además, que el compromiso de todos los componentes de la principal institución académico-superior de Borinquen debe estar centrado en el ejercicio de definir la excelencia institucional.
Según Freytes, de cara a los cambios que se avecinan para la UPR y en respuesta a un futuro, pero inminente, impacto financiero a la centenaria institución, será necesario pensar la universidad como un espacio distinto al resto de las agencias gubernamentales. Para la presidenta interina, la UPR “tiene que garantizar la participación de su comunidad universitaria”, pues [la universidad] “es un proyecto de vida muy diferente” a lo que es ir “y sentarse allí [en una vista de transición]”.
Sobre la propuesta de la Junta de Control Fiscal (JCF) de imponer un recorte presupuestario a la UPR de $300 millones, Freytes destacó que se ha preparado una introducción del panorama que se tiene en las 11 unidades que componen el sistema, “porque es importante que la JCF sepa que el corte o el ajuste [de $300 millones] no viene sobre la base de ‘la mucha grasa’, viene sobre la base de algo que está ya ajustado responsablemente”.
“Una de las cosas que es importante que se sepa es que la UPR ha sido muy responsable con el uso de su dinero […] En el año fiscal 2015-2016 nos hemos ahorrado $20 millones y en el 2016-2017, $20 millones […] En redistribución externa, en el 2014-2015 hemos ahorrado $23 millones; en el 2015-2016, $68 millones; y en el 2016-2017, $60 millones. También, ahorramos por lo que debemos hacer y no hacemos. O sea, por el aumento salarial a los profesores. Y ahí nos ahorramos, por los pasados tres años, $33 mil por año”, aseguró.
Del mismo modo, la presidenta interina indicó que tras el congelamiento del presupuesto, también hay unos $348 millones que, en los pasados años, la universidad no ha tocado. Igualmente, detalló que esa información es de vital importancia para obrar, tanto en el conocimiento de todo el gobierno, como también en el de la junta y toda la comunidad.
Por otro lado, para Freytes, la UPR tiene un problema mediático por resolver. Según la catedrática, las opiniones sobre la universidad del Estado han recaído en solo dos alternativas: el aumento en la matrícula y un posible recorte de recintos.
“A nosotros nos parece propio que le digan a la universidad ‘cómo ustedes proponen un ajuste’, ‘cómo ustedes ven la universidad desde el punto de vista de un ajuste presupuestario’ y no obligarnos a ver cuánto cuesta cerrar un recinto”, dijo.
“Es necesario traer el análisis sobre la matrícula [ajustada a los ingresos]. La matrícula es como un 6% a 8% del presupuesto. Si uno mira el perfil de los estudiantes, el 70% recibe Beca Pell, así que esos están fuera [del asunto de la matrícula ajustada]. El aumento en la matrícula por ajuste a los ingresos sería en ese 30% del estudiantado [que no recibe Beca Pell]. La pregunta es cuánto se debe aumentar [la matrícula] para que haya un impacto en el presupuesto. No se puede. Además, hay otras situaciones delicadas, como la de demostrar el ingreso de las personas”, añadió.
De igual forma, ante lo que catalogó como “la incertidumbre que se avecina”, Freytes aprovechó para ofrecer varias recomendaciones a la Junta de Gobierno. En cuanto a los informes financieros, destacó que es necesario que se tenga “cierto nivel de transparencia” y se cumpla con cualquier solicitud de información por parte de las entidades gubernamentales.
Además, pidió a la Junta de Gobierno que ordene a las unidades de la UPR entregar sus respectivos estados financieros a tiempo, para sumar seriedad a los procesos y poder cumplir de la manera que se debe. No obstante, dejó claro que su petición responde a un intento de continuar fortaleciendo el sistema y destacó que, más allá de pedir más eficiencia a los recintos, Administración Central está colaborando directamente con cada uno para seguir mejorando.
La doctora en educación especial aprovechó la reunión para presentar una certificación cuyo objetivo pretende que se autorice al presidente(a) de la Junta de Gobierno —con el apoyo del director de finanzas— a establecer los métodos, los reglamentos, así como los sistemas necesarios para que los informes financieros de los 11 recintos se comiencen a presentar en el mencionado cuerpo a partir del año fiscal 2017-2018.
Sin embargo, se destacó en la reunión que ante la situación que atraviesa el Sistema UPR lo más conveniente es que a junio 30 de este año dichos informes comiencen a circular, de manera que se pueda proyectar una imagen clara y específica de los procesos a seguir de cara al futuro.
Nuevo presidente, dudas con “la comunidad universitaria”
Si algo quedó claro en la reunión de ayer es el hecho de que a estas alturas del juego no es fácil entender o definir cuál será el papel que jugará la comunidad universitaria en los procesos de selección del nuevo presidente(a) de la UPR. Es decir, se desconoce si todavía eso que llaman “autonomía universitaria” será tomado en consideración por la Junta de Gobierno.
En esa línea, el representante claustral José Martínez Cruzado puntualizó que, a pesar de que se ha dicho que el próximo presidente tiene que contar con “apoyo de la comunidad universitaria”, no queda claro el significado de esa noción de comunidad.
“¿Qué significa contar con el apoyo de la comunidad universitaria?¿Contar con el apoyo de uno, dos o tres recintos?¿Contar con el apoyo de cinco o contar con el apoyo de los 11? Sin una definición, se hace cualquier cosa”, comentó el profesor.
En respuesta a ese particular, el vicepresidente de la junta, Juan Acosta Reboyras, señaló que “todo se llevará a cabo como un proceso de consulta y la junta es la que dice […] pero si nos traen siete locos, nosotros como junta no vamos a aprobarlos”, comentó el licenciado.
Otra renuncia en la Junta de Gobierno
Durante la reunión de ayer también se dio a conocer que el licenciado Acosta Reboyras presentó su renuncia al cuerpo y que la misma será efectiva a partir del 15 de febrero.
Con la salida del licenciado son cinco las vacantes en la Junta de Gobierno, por lo que se espera que próximamente comiencen a sonar posibles candidatos para ocupar los cargos. Los futuros miembros serán nombrados por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
El presidente interino de la Junta de Gobierno, Carlos Pérez Díaz, reconoció la gestión de Acosta Reboyras afirmando que su servicio fue de particular importancia en el área financiera, así como en los procesos de auditoría.
Secretaria de educación, a buscar nuevo presidente
Según el doctor Pérez Díaz, a la hora de buscar un nuevo presidente(a) de la UPR, se suele organizar un “comité especial de consultas”. De acuerdo con el presidente interino de la Junta de Gobierno, la dirección de dicho comité solía recaer en los hombros del exsecretario de educación, Rafael Román. Por tanto, ahora le toca a la nueva secretaria, Julia Keleher.
“No sé si estará disponible para que lleve el comité. [Pero] le estamos tirando esa. Lo piensa y nos deja saber, secretaria”, le comentó Pérez Díaz a Keleher, quien participó de la reunión vía telefónica.
“No tengo trasfondo con la ‘Iupi’, pero yo con mucho gusto acepto todo en lo que yo puedo aportar. Yo lo recibo”, respondió la secretaria.
Finalmente, la doctora Freytes sentenció que ha sostenido varias reuniones para discutir la situación de la UPR y destacó que, contrario a lo dicho recientemente por el secretario de la gobernación, William Villafañe, Administración Central ha ofrecido información de la institución desde el 9 de enero. Incluso, a los representantes de la JCF, McKinsey & Company.
