“Es inaceptable”, manifestó el licenciado Julio Fontanet al reprochar las actuaciones agresivas de la Policía de Puerto Rico contra la manifestación de estudiantes, profesores y otros ciudadanos en la tarde de este miércoles en el Capitolio de Puerto Rico.
Fontanet, especialista en Derecho Constitucional y ex presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico expresó que en ningún país democrático regido por el estado de derecho se puede agredir a unos manifestantes por el simple hecho de asistir al Parlamento o a la Legislatura.
Agregó que el asunto es más grave aún cuando a la actividad a los que los manifestantes pretendían asistir era a una sección pública de trabajo donde se discutía la aprobación de proyectos de ley muy importantes.
El letrado resaltó que lo que acciones como éstas denotan es un serio grado de intolerancia que a su vez es una clara manifestación de un gobierno fascista. Observó que en Puerto Rico existe una ley marcial de facto, por lo que aquel que valiéndose de sus derechos de libertad de expresión critique al gobierno va a ser perseguido, agredido y sancionado.
“Que la policía sepa que está cometiendo un delito”, indicó al comentar que los actos de violencia perpetrados por varios miembros de la Fuerza de Choque de la Policía de Puerto Rico en la tarde de ayer constituyen un delito de agresión pues no había ninguna justificación para golpear a las personas que fueron a manifestarse pacíficamente allí.
Fontanet comparó la respuesta policíaca a la protesta de ayer con la forma en la que las fuerzas de seguridad del Congreso de Estados Unidos manejaron una manifestación que realizó un grupo de puertorriqueños en ese lugar hace unos meses atrás. Recordó que contra ese grupo, que se manifestó para que se atendiese el problema del estatus de Puerto Rico, no hubo una sola agresión. Tampoco se les roció con ningún tipo de gas. “¿Por qué se tiene que obrar de manera distinta en Puerto Rico?”, cuestionó.
El abogado espera que el abuso de poder ejercido por la Policía en el Capitolio ayer no quede impune. Fontanet confía que se radiquen demandas civiles en contra de los agresores. “Esto no puede quedar impune”, subrayó. También instó a que se solicite una investigación ante la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Asimismo, se mostró confiado en que el pueblo reaccione a lo acontecido y continúe haciendo valer sus derechos
Imágenes muy duras
La licenciada Erica Fontánez, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que acudió junto a profesores y estudiantes a la plazoleta del Capitolio ayer, narró a Diálogo que ayer quedaron retratadas en su memoria imágenes muy duras.
Catalogó como de muy fuerte la imagen de la plazoleta del Capitolio tomada por la Policía. Explicó que las plazas son foros públicos y espacios por excelencia para demostrar la libertad de expresión, sin embargo, ayer ese lugar estuvo totalmente vedado.
La profesora que fue víctima de los gases lacrimógenos que arrojó la Policía contra los manifestantes así como de la persecución que emprendió la fuerza de choque contra los ciudadanos a lo largo de la avenida Ponce de León que bordea parte del Capitolio, denunció enérgicamente las acciones de Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía (Fuerza de Choque). “Fuimos apaleados violentamente”, sostuvo.
Fontánez calificó como muy terrible el hecho de que al país no se le haya permitido presenciar el último de sesión legislativa. “Es una muestra de totalitarismo”, aseguró. Criticó además que los ciudadanos no pudieran entrar a la casa que les pertenece.
Asimismo, denunció que luego de este incidente por dos ocasiones más a profesores y estudiantes de la Escuela de Derecho se les coartaron sus derechos de libre expresión y de asamblea ese mismo día. Con estas acciones, de acuerdo de ella, quedó demostrado que se disipó el estado de derecho completamente en abierta violación a lo establecido en los estados democráticos.
La profesora de la UPR expresó que ante situaciones como éstas la ciudadanía tiene dos opciones: organizarse mediante una coalición ciudadana amplia que defienda sus derechos fundamentales y que la judicatura se convierta en el garante de dichos derechos.
En cuanto a este último punto señaló que los jueces tienen que ser más sensibles a los reclamos de índole constitucional. Fontánez aludió a las demandas radicadas en los tribunales para hacer valer los derechos de las minorías y de libertad de prensa en la Legislatura.
Denuncia internacional
Por otro lado, Osvaldo Burgos, Presidente de Amnistía Internacional, sección de Puerto Rico, indicó que ese organismo se prepara para denunciar internacionalmente los actos de atropello policíaco perpetrados ayer en San Juan.
Burgos indicó que esa entidad está organizando un paquete de información con documentos y vídeos que recoge lo acaecido en el Palacio de la Leyes para hacerlos llegar a las oficinas centrales de Amnistía Internacional en Londres “para que el resto del mundo se exprese sobre lo que está pasando aquí”. Especificó que lo que está ocurriendo en Puerto Rico es un asunto de violación de derechos humanos.
Burgos declaró a Diálogo que la conducta desplegada por la Policía de Puerto Rico ayer es completamente reprochable y merece la indignación del pueblo.
Así como Fontanet, Burgos calificó el uso de la fuerza por parte de la Policía como un acto criminal, pues raya en la agresión física.
Expresó que al superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha asumir responsabilidad por la irresponsabilidad de la conducta de sus subalternos puso de manifiesto que desconoce la Ley Orgánica de la Policía de Puerto Rico que establece que su misión es proteger los derechos de la ciudadanía.
Agregó que el hecho de que Figueroa Sancha excusa la cuestionada actuación policíaca el mensaje que le trasmiten a las fuerzas de seguridad del estado es que tienen carta blanca parta abusar del pueblo.
“El Gobernador debería despedirlo fulminantemente”, sostuvo. Indicó que las actuaciones del Superintendente no han de tomar por sorpresa al país pues fue esta persona quien dirigió los operativos que culminaron con el asesinato del líder independentista Filiberto Ojeda Ríos. También Figueroa Sancha estuvo al frente del controversial operativo en el complejo de apartamentos De Diego 444.
Burgos comentó que además de la denuncia internacional que radicará Amnistía, espera que ocurran acciones civiles como demandas por daños y prejuicios que obliguen al estado a procesar criminalmente a los perpetradores de estos actos ilegales. Asimismo, concordó con Fontanet en que el pueblo tiene que levantarse y demostrar su indignación.
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